Andrés Carminati
(Historiador, Docente de la U.N.Rosario)
El 27 de abril de 1979 se produjo el primer paro nacional durante la última dictadura militar. Después tres largos años, un sector del sindicalismo, que asumía posiciones de mayor confrontación, convocó a una «Jornada de Protesta» a nivel nacional. La medida tuvo un acatamiento parcial, pero su realización, con fuerte incidencia en el sector industrial, significó un hito en la consolidación del proceso de recuperación de las organizaciones sindicales y de las libertades democráticas.
El golpe de estado de 1976 significó una feroz ofensiva contra la clase trabajadora. El terrorismo de estado golpeó con saña a delegadxs y activistas. Miles de desaparecidxs, detenidxs y represaliadxs engrosan las filas obreras. La dictadura suspendió el derecho a huelga, intervino las principales organizaciones sindicales y embistió contra la legislación laboral. Como resultado, se profundizó la redistribución regresiva de la riqueza, empeoraron las condiciones de trabajo y se multiplicó el cuentapropismo y la tercerización.
Para 1979 ya se empezaban a hacer palpables los efectos del programa de Martínez de Hoz, con quiebras, cierres de establecimientos, despidos y suspensiones, que se irían agravando en los años siguientes. Mientras que el retraso salarial fue parte de la agenda durante todo el período, con niveles de inflación de tres dígitos durante la mayor parte del período. Además, en febrero de ese año, la dictadura anunció que el proyecto para una nueva Ley de Asociaciones Profesionales (22.105) se encontraba en etapa «predefinitiva». La ley se proponía prohibir la existencia de organizaciones de tercer grado (como la CGT), afectaba las obras sociales y diferentes aspectos de la estructura económica y política de las organizaciones gremiales.
La medida se enmarcaba en un movimiento obrero que intentaba reorganizarse, pero que estaba dividido entre un sector «dialoguista», denominado CNT y uno más «confrontacionista»: «Los 25», que luego fundarían la CGT Brasil, bajo la conducción de Saul Ubaldini. En la convocatoria a la «Jornada de Protesta», «los 25» decían:
«…Sentimos sobre nosotros la mirada inquietante de los trabajadores que podrían sentirse abandonados a su suerte, lo que determina nuestra decisión de colocarnos a la cabeza de la protesta que se generaliza para unificarla con la decisión de una propuesta nacional…».
Con esta declaración se hacían eco de las preocupaciones de las bases obreras, y dirimían parcialmente el debate sobre las estrategias a seguir dentro del movimiento obrero: diálogo o confrontación. Por otro lado, con esta acción, los dirigentes gremiales se proponían recuperar la legitimidad de los sindicatos como motores y conductores del conflicto.
El régimen respondió con dureza. La noche del 23, al finalizar una reunión con el ministro de Trabajo, fueron detenidos las primeras y segundas líneas de dirigentes sindicales que auspiciaban la convocatoria, y -según se podía leer en los principales periódicos- conducidos en «automóviles sin identificación policial y acompañados por personas de civil». El gobierno declaró ilegal el paro y sostuvo que garantizaría «con todos sus medios, y con la fuerza que surge de la razón y de la ley, la libertad de trabajo y el orden público». Mientras, desde la dialoguista CNT, emitieron una declaración donde planteaban que se trataba de una medida tomada «en forma unilateral y apresurada».
Con todo, la huelga se llevó a cabo. Sus resultados fueron dispares. Pero, aunque el régimen y la prensa quisieron minimizar su alcance, tuvo una importante repercusión. Concretamente, durante la Jornada se paralizó uno de los sectores más dinámicos de la estructura industrial argentina, como es el sector automotriz. También hubo una alta adhesión por parte de los ferroviarios. Además, el acatamiento fue alto en los principales cordones industriales del país. En cambio, no se plegaron a la medida textiles, la carne, astilleros, el comercio y el transporte de pasajeros. La actividad de estos últimos hizo que en los centros comerciales la medida fuese menos visible.
Sin dudas la medida no paralizó por completo el país, como otras medidas de huelga general que ha conocido la tradición obrera en Argentina. Pero sí, en el contexto de la dictadura, y convocada por sólo una parte del debilitado movimiento sindical, tuvo impacto político de corto y mediano plazo. Hacia fines de ese año, se produjo un reguero de conflictos, con epicentro en la rama metalúrgica, que daba cuenta del acertado diagnóstico de los convocantes la medida.
La «Jornada de Protesta» se convierte entonces en un hito central de la resistencia obrera a la dictadura. La primera de carácter más institucionalizado. Durante todo el ‘76 y ‘77 hubo cientos de conflictos de carácter semi inorgánico. Como fueron las huelgas automotrices a fines del ‘76 o las de Luz y Fuerza (76 y 77). O el caso del estallido huelguístico de finales de 1977, que algunos historiadores han caracterizado como la primera «huelga general no declarada».
A partir de la huelga del 27 de abril, las protestas serían cada vez más abiertas y la reorganización sindical se aceleraría. Todavía quedaban varios años de dictadura. La confrontación abría el camino de la recuperación de los derechos democráticos y laborales. Los eternos dialoguistas, mientras tanto, no convocarían ninguna medida hasta después de la derrota de Malvinas.
En estos tiempos de ofensiva brutal contra nuestras conquistas y derechos, cuando por primera vez desde la recuperación de la democracia hay un gobierno que reivindica abiertamente a la dictadura y sus métodos, resulta cada vez más central reivindicar las luchas obreras contra el régimen. Que enseñan, una vez más, que los derechos sociales y políticos no son obra de la casualidad, ni de ningún dirigente magnánimo, sino fruto de las luchas sacrificadas de nuestro pueblo, que hizo frente también de manera colectiva, a la dictadura más sangrienta que haya asolado nuestras tierras.