Por Johnatan Fuentes
Militante de Corriente Amaru/MUP

Ha trascurrido un año desde el golpe parlamentario del 7 de diciembre del 2022 contra el presidente Pedro Castillo y la instauración de un régimen autoritario con Dina Boluarte a la cabeza, quién desplegó una represión brutal contra el pueblo movilizado.  Masacres perpetradas por el estado peruano en las regiones del sur andino desde diciembre del 2022 a febrero del 2023; regiones que son el epicentro de la rebelión popular contra el golpe parlamentario y el régimen de Boluarte.

Crónica breve de la rebelión popular

El desborde que expresó la rebelión popular del 7 de diciembre del 2022 gatillado por el golpe parlamentario de la oligarquía tiene como sujeto central a los pueblos aymaras y quechuas, que durante la primera y segunda toma de Lima la persecución estatal hacia los dirigentes no ha cesado. Lima, centro del poder oligárquico, se vio rebasada por las clases populares del interior de país, pero con el déficit de no poder convocar a mayores franjas de los sectores más empobrecidos de Lima más allá de los núcleos activistas. Por otro lado, el desfase movilizador de la costa norte y el oriente peruano con el sur andino fue notorio conforme trascurrieron más meses.

Recién en febrero del 2023 se conforma una coordinadora, CONULP, que apunta a centralizar y articular a las organizaciones populares que protagonizan el proceso de lucha. La CONULP integró a las emergentes representaciones de las regiones del sur andino y en menor medida la macro oriente, la macro norte y Lima. Como suele pasar, el fenómeno de los autoconvocados impregnó estas jornadas de lucha en la capital ante la debilidad y vacilación de las organizaciones sociales tradicionales y las centrales sindicales.

A partir de marzo del 2023 las delegaciones retornaron a sus regiones dándose inicio el reflujo del proceso de lucha mientras en Puno las movilizaciones pudieron continuar con tenacidad hasta abril.  Por otro lado, la economía familiar de los sectores sociales movilizados se vio afectado por el uso de los recursos para poder sostener la lucha en Lima y las regiones por lo cual hacia inviable prolongar aún más las movilizaciones en Lima cuando el peso organizativo recaía en las delegaciones regionales.

A nivel organizativo la CONULP sufrió una escisión entre los sectores que plantean la unidad con las organizaciones sociales tradicionales y las centrales sindicales, y los sectores que creen suficiente la composición fundacional de la CONULP. Este primer sector ha impulsado la CNUL por acuerdo del encuentro nacional del 1 y 2 de julio del 2023, integrando a las direcciones sindicales y organizaciones sociales tradicionales, pero bajo el liderazgo del vocero regional, Lucio Ccallo, de Puno entre otros voceros de las regiones. El segundo sector ha quedado bajo el liderazgo del vocero alterno de la región Apurímac, espacio que ha priorizado las críticas a las centrales sindicales y la izquierda reformista limeña.

El proceso de politización alcanzado por las clases populares del Perú es un activo fundamental de la rebelión popular que ha logrado reflejar en las encuestas de opinión pública la opción de una nueva constitución mediante una asamblea nacional constituyente. El retorno a la movilización de la joven clase obrera del sector Barrio Chino de la ciudad costeña de Ica, da cuenta que el proceso de lucha a pesar del reflujo y la represión estatal, no se ha agotado.

La nueva articulación lograda a través de la CNUL no está exenta de tensiones, hegemonismos y vacilaciones, pero podría ser el mejor canal para presionar a las centrales sindicales a volcarse a la lucha en vez de alejar a las mayorías populares de los sectores combativos de la lucha contra Boluarte.

Fisuras en la coalición golpista

La coalición golpista que sostuvo el golpe parlamentario contra el presidente Pedro Castillo está conformada por los grandes medios de comunicación, grupos empresariales, las fuerzas armadas, la fiscalía del Perú, la derecha y la ultraderecha parlamentaria. En las últimas semanas al interior de la fiscalía del Perú han surgido cuestionamientos serios a la Fiscal de la Nación que derivó en su suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia.

Estas pugnas entre los organismos del estado peruano reflejan el endeble entendimiento político de la coalición golpista en el marco de una disputa interburguesa por la hegemonía que consolide su posicionamiento político en las elecciones presidenciales del 2026. Es por esto que los ataques de la ultraderecha parlamentaria a la Junta Nacional de Justicia no han cesado y que recién en los últimos meses la derecha liberal comiencen a movilizarse contra el régimen de Boluarte.

La liberación del dictador Alberto Fujimori mediante un indulto ilegal que habilitó el Tribunal Constitucional, copado por la ultraderecha, da cuenta de la actual correlación de fuerzas y del peligro que un liderazgo ultraderechista acaudille la situación política peruana marcada por una crisis permanente de más de ocho años y una fragmentación extrema de la representación política.

El debate central en el movimiento popular y la izquierda peruana

Es evidente que las bases sociales de Castillo son un componente fundamental de las movilizaciones, aunque no necesariamente mayoritario reflejándose este dato en las actas de las asambleas macrorregionales donde la consigna de Restitución de Castillo no es consenso hasta el momento. Al margen de las afiliaciones identitarias de nuestro pueblo movilizado es central determinar el alcance táctico de las consignas que se levantan considerando la correlación de fuerzas. El único gobierno progresista que pudo reponer a su presidente tras un golpe oligárquico triunfante fue el gobierno bolivariano de Chávez en Venezuela contando con apoyo de sectores de las fuerzas armadas y las organizaciones populares que promovió donde el tejido social históricamente era débil.

Castillo no se propuso fortalecer las organizaciones populares ni tampoco pudo ganar algún sector de las fuerzas armadas hacia un proyecto de cambios. Resulta improbable plantear como consigna central la restitución cuando incluso el derrocamiento de Boluarte se ha tornado más complicado de los previsto. Por otro lado, los sectores de izquierda que priorizan el adelanto de elecciones como consigna no toman cautela ante el riesgo de un pacto por arriba en un contexto de reflujo de la movilización popular con una concesión institucional.

Un sector de la izquierda ha optado por adaptarse al liderazgo de Castillo asumiendo la consigna de Restitución sin prever la actual correlación de fuerzas, el carácter errático del proyecto político de Castillo y la necesaria tarea de acumulación de fuerzas para ganar a otras fracciones de las clases populares.  Por supuesto que es justo y sumamente legítimo la consigna de restitución, pero no siempre las consignas a priorizar son las más justas, ya que no se puede librar varias luchas al mismo tiempo y hay que determinar el principal enemigo a derrotar que es el gobierno asesino y usurpador de Dina Boluarte.

La izquierda reformista limeña ha optado por desplazar a Castillo del proceso de lucha incluso negándose a la consigna de su liberación. Este oportunismo se da por su subordinación a la derecha liberal y su priorización por llegar a implantarse en las clases medias de valores progresistas. Todo ello los lleva a desconocer que la última mediación política de las clases populares del Perú más allá de sus limitaciones es el liderazgo de Castillo, sindicalista magisterial de origen campesino.

La consigna de Libertad para Castillo esta más al alcance de la actual correlación y además permitirá dialogar con sus bases populares desde una posición de independencia política frente a la experiencia gubernamental de Castillo. Es fundamental defender que la asamblea popular constituyente sea la consigna central ya que en el peor de los escenarios por lo menos se podrá ganar algo autoorganización popular que retome la lucha en un periodo político siguiente.  Las nuevas elecciones o adelanto de elecciones no resolverán el problema y solo será positiva si es fruto de una poderosa movilización popular que derribe a Boluarte y quiera ir más allá, pero sobre todo si logra traducirse políticamente en un proyecto transformador más sólido que el populismo de baja intensidad y la izquierda reformista limeña.

Se lo debemos a los mejores hijos de nuestro pueblo que dieron su vida en esta heroica rebelión popular contra el golpe oligárquico. Es hora de que la izquierda peruana este a la altura de los acontecimientos.

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