por Rafael Salgado Olivera, Militante de Corriente Amaru, Perú

El pasado 6 de diciembre el hoy ex presidente del Perú Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso, convocar a nuevas elecciones parlamentarias y llamar a una Asamblea Constituyente. Fue un último intento desesperado por hacer frente a un Congreso de la República que desde el día cero de su mandato no solo le impidió gobernar, sino que intentó destituirlo. Pero fue un acto fallido que no consiguió nada de lo que propuso, demostrando que, a nivel del poder constituido, del Congreso e incluso del Poder Ejecutivo, Castillo estaba solo. Todo su gabinete ministerial le dio la espalda, no tuvo un partido político que lo respalde, ni una bancada fiel en el Congreso, una situación insostenible sin el apoyo de las Fuerzas Armadas y con los grupos de poder económico, político y mediático en su contra.

Estos grupos de poder nunca aceptaron que alguien que no formara parte de su clase, o que no estuviera dominado por ellos, llegara a ser Presidente. Castillo -rondero, cajamarquino y dirigente sindical de los maestros de base- fue elegido contra viento y marea en las presidenciales de julio de 2021 y por primera vez llegó a la Presidencia alguien que representaba a ese Perú tantas veces ninguneado: el de los y las campesinas pobres, de las y los obreros, de los pueblos indígenas, de todas las capas más oprimidas de la sociedad que anhelaban cambios verdaderos.

Este racismo y clasismo fue el telón de fondo de toda la guerra mediática y judicial que, en primer lugar, buscó impedir que Castillo llegara a la Presidencia para luego bloquear cualquier cambio que quisiera promover. Finalmente buscaron destituirlo de su cargo, hasta que lo lograron. Frente a toda esta situación, la reacción de Castillo y de gran parte de los grupos de izquierda, no fue la de una lucha conjunta en defensa de la Presidencia y por la implementación de cambios a favor de las mayorías. Hay mucho que debemos analizar y (auto)criticarnos, pues no se supo estar a la altura de la oportunidad que abría este gobierno.

Si bien es claro que en este año y medio de mandato Castillo tuvo que hacer frente a constantes ataques desde el Congreso y del Poder Judicial, en su lucha por mantener la Presidencia fue cediendo a las presiones de la derecha. Así, poco a poco, asistimos a una distancia creciente entre la izquierda y Castillo, al mismo tiempo que su gobierno y sus asesores aceptaban los condicionamientos de las derechas, eliminando a los ministros que no eran del agrado de las mineras, al canciller contra el que protestaban las Fuerzas Armadas, a los que la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) no quería. Esto fue un error, ya que se debió buscar la movilización popular para presionar y generar los cambios necesarios.

Pero, aún así, lo que está pasando luego de la destitución de Castillo muestra que si bien estuvo solo en el poder constituido (a nivel Ejecutivo y Congreso), no fue lo mismo en cuanto al poder constituyente, es decir, en lo que hace a ese pueblo que se vienen movilizando en muchas regiones, principalmente en ese sur peruano, lugar desde donde se mantiene viva la rebeldía y dignidad, exigiendo la libertad de su Presidente, aunque los medios de (des)información lo nieguen e invisibilicen. Pero no es solo eso, sino que también desconocen a la ex vicepresidenta y actual titular del Ejecutivo Dina Boluarte como su presidenta, exigen el cierre de este Congreso y, cada vez más, reclaman una Asamblea Constituyente. El pueblo está cada vez más consciente de que con esta “legalidad democrática” nunca podremos realizar los cambios que tanto necesitamos. 

Estas movilizaciones demuestran -si queremos hacer un análisis más allá de la “legalidad democrática constitucional” que, no olvidemos, se impuso en dictadura- que las medidas propuestas por Castillo antes de ser destituido podían no ser legales pero eran legitimas. Así, el fondo de lo sucedido es que la CONFIEP (poder económico), las Fuerzas Armadas, los partidos de derecha y los medios de comunicación burgueses han destituido, a través de sus agentes en el Congreso, al Presidente Castillo del cargo para el que fue elegido democráticamente.

Necesitamos tener claridad sobre lo que está pasando, ya que no podemos perder la pelea de los sentidos, no podemos aceptar que los autores habituales del golpe, los que siguen en el Congreso y que hoy festejan, logren presentarse como defensores de la democracia. No podemos permitir que se compare la última acción del gobierno de Castillo, el intento de golpe de Estado, con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Es muy peligroso equiparar a Castillo con Fujimori y así contribuir a la impunidad de todos los crímenes de lesa humanidad de Fujimori, minimizando las persecuciones, asesinatos, desapariciones y esterilizaciones. No podemos tampoco permitir que las legítimas movilizaciones, protestas y luchas de los pueblos peruanos se tilden de terrorismo, más aún cuando la represión del actual e ilegítimo gobierno ya ha cobrado la vida de cinco personas y ha dejado heridas de gravedad a otras tantas. Muertes que, como tantas, seguramente quedarán impunes.

Luego de la destitución de Castillo asume como presidenta Dina Boluarte, a pesar de que ella misma había afirmado poco antes que si se iba el presidente ella lo haría también. Desde el inicio se ha mostrado como alguien que no buscará implementar los cambios exigidos por las mayorías. Su convocatoria a un gobierno de diálogo y de concertación nos indica que gobernará con esos mismos que dieron el golpe de Estado y que, por ende, aplicará con sus nuevos aliados una política de continuidad, favoreciendo los intereses de los grupos de poder económico que siempre se han beneficiado de la pobreza y la exclusión de millones de compatriotas. Ya lo estamos viendo, pues los actuales congresistas siguen legislando para su beneficio, incluso en horas de la madrugada, para modificar todas las leyes necesarias e incluso la Constitución, de modo tal que les permita garantizar la vigencia del status quo.

Estamos en una situación muy difícil, con una crisis que es global y no sólo institucional. Y es en este sentido que la lucha por una nueva Constitución se vuelve fundamental. Hay que cambiar las reglas de un juego que hasta ahora solo han servido para darle al Congreso cada vez más poder, con lo que termina siendo de facto el poder del Estado que puede legislar, juzgar y hoy también ejecutar el Presupuesto. Es decir que el Congreso peruano es hoy de hecho un poder dictatorial.

Las movilizaciones ya han dado sus frutos, pues la Presidenta ya pasó de afirmar que se quedaría hasta 2026 a asegurar que convocará a elecciones en el 2024. Necesitamos seguir por ese camino, para cerrar el Congreso lo más pronto posible e impedir que realicen cambios legislativos a su antojo. Necesitamos nuevas elecciones y prepararnos para lograr que no lleguen los mismos y hagan lo mismo de siempre. Pero, sobre todo, debemos seguir luchando para que más temprano que tarde logremos implementar una Asamblea Constituyente y finalmente elaborar una nueva Constitución, una realmente democrática, que nos represente y nos permita construir el país que queremos.

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