Porque a veces pasa que por estar así caemos en pensar que la gente paisana que está acopiando, laburando sus campos y destinando su poca plata a subsistir en la poca tierra que les quieren quitar (…) no están luchando. (…)
O que quien está sanando o andando cada día cuando nos pesan tanto los bolsillos de malas nuevas no está luchando. Y estamos luchando como podemos y desde donde nos da el cuerpo y la energía.
(Fragmento de “Ilkülen, es cuando uno” de Maria Lew @maria_ladrag)
Al momento de elaborar esta nota, nos daba vueltas en la cabeza la pregunta por las implicancias de los extractivismos en la vida cotidiana ¿Qué aspectos de la vida se ven afectados concretamente? ¿Cómo se experimentan o perciben individual y colectivamente los efectos? Con esos interrogantes es que venimos pensando de manera situada la realidad. Y es que estamos en Chubut, una provincia patagónica que forma parte de aquello que en otras latitudes más cercanas al paralelo del Ecuador, definen como “el sur”.
La cuestión es que en esa definición de sur se pierden varias cosas, se pierden historias, temporalidades e incluso territorialidades divergentes. Para decirlo más claro: quienes habitamos estos territorios muchas veces no estamos pensando lo mismo a la hora de definirlos. Para algunxs, el territorio es un espacio del cual obtener los famosos “recursos naturales”. Otrxs en cambio, lo ven como un conjunto de lugares exóticos y hermosos a resguardar, para que el turismo siga funcionando o directamente despegue. Y para otro sector de la sociedad que se encolumna tras las cosmogonías originarias, se trata de que el territorio es parte nuestra y que al mismo tiempo nosotrxs somos parte del territorio. He aquí las divergencias en las formas de visualizar, aquello que en las últimas décadas es bandera de lucha en nuestra provincia: la defensa del territorio. Entonces quizá sea conveniente hablar de “sures”, recuperando lo que propone la feminista y zapatista Delmy Cruz Hernández, para no perder de vista las particularidades y divergencias que conforman los territorios; pero a la vez teniendo presente que los mismos poseen aspectos en común, tales como la denuncia y lucha contra los extractivismos, los cuerpos como lugares de insurgencia o las memorias como espacios de cobijo y resistencia. Chubut constituye uno de esos tantos sures, marcado al igual que el resto de Nuestra América por el despojo material, simbólico y espiritual que como ya sabemos, dio lugar al capitalismo con sus imposiciones coloniales y cisheteropatriarcales.
Hace por lo menos una década que la provincia atraviesa un proceso de neoliberalización y precarización permanente de la vida. Al constante acecho extractivista acompañado por la creciente y cada vez más agresiva criminalización de la protesta social, se suma el desfinanciamiento – hoy más agudizado a raíz del contexto nacional- de áreas fundamentales como la salud y la educación. Es la continuidad de eso que Marx definió como acumulación originaria, es decir, el proceso permanente de despojo de la naturaleza, las personas y sus diversas formas de vida. A diferencia de lo que hoy sucede, entre los años 2018 y 2021 la conflictividad social en la provincia, llegó a niveles sumamente altos y comparables a los procesos de lucha desarrollados en la década de los años noventa (el famoso “Chubutazo”). Una vez más lxs trabajadorxs estatales fueron punta de lanza, pero esta vez la novedad fue la lucha anti megaminera y su masividad. Tal es así que en 2021 tuvimos el mejor fin de año que podíamos desear: el “Chubutaguazo”, un verdadero levantamiento popular que no sólo “se paró de manos” frente a la megaminería de plata y oro, sino que también sirvió de escuela en términos de lucha y confrontación callejera para generaciones jóvenes.
Si el panorama de esos años era complejo para Chubut en lo que a extractivismo respecta, en 2025 podemos decir que se potenció. A la minería de oro y plata se suma la minería de uranio, fuertemente impulsada por el gobierno de Ignacio Torres. Y es que según datos de la secretaría de Minería de la Nación, el país cuenta con 17 proyectos uraníferos. 14 de ellos en la Patagonia, de los cuales 8 están en Chubut. Más aún, los recursos identificados en Argentina ascienden a 31.685 toneladas de uranio (tU),21.245 tU se encuentran en nuestra provincia. Y si hilamos más fino, es necesario aclarar que prácticamente todos los proyectos mineros se encuentran en una región específica del territorio chubutense: la zona de la meseta central, lugar que contiene inmensos acuíferos subterráneos y por dónde pasa el único río que abastece al 50% de la población.
Con el argumento de la baja densidad poblacional de la meseta, siempre se la ha pensado como zona de “sacrificio”; poniendo en marcha una lógica tan colonial como racista sostienen desde el poder que allí no hay nadie, o casi nadie reeditando la vieja idea de “desierto”. Sin dudas, las posibilidades de contaminación del principal río y demás fuentes de agua, son realmente altas. Esto pone en peligro a la mayoría de las localidades y por ende a la poblaciones humanas pero también a todas las demás especies que habitan estas tierras.
En tiempos de políticas cínicas contra el cambio climático, la excusa para la explotación uranífera es contar con “metales críticos” necesarios para la transición energética. Argentina es un botín clave en la geopolítica internacional de la energía, ya que posee enormes reservas de tres minerales críticos: litio, cobre y uranio. Pero la energía nuclear, lejos de ser un reemplazo de los combustibles fósiles, es en realidad una forma barata de paliar la crisis energética que tiende a acrecentarse, sobre todo en tiempos de avidez de electricidad para la Inteligencia Artificial.
Otro de los proyectos para la transición energética que sacude a la provincia es el hidrógeno verde, que en concreto implica un proceso mediante el cual se separa el agua en dos componentes (el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro). Los impactos ya se palpan: acaparamiento de grandes extensiones de tierra, en las que poco a poco se reemplaza a las ovejas por enormes molinos eólicos, pasando así del latifundio ovino al latifundio energético. Y es que la separación del hidrógeno y el oxígeno se produce por un método denominado electrólisis, que necesita grandes cantidades de energía, la cual debe provenir de las renovables (en este caso eólica) para que pueda denominarse “verde”. Aún no hay proyectos en funcionamiento, ya que los grandes capitales, principalmente la australiana Fortescue, aún deben atar varios cabos. Por ejemplo, de dónde extraer las enormes cantidades de agua para realizar la electrólisis, y asegurarse la Ley que de forma al Plan Nacional de Hidrógeno. Por lo pronto, la región le asegura dos “insumos” clave: viento y amplias extensiones de tierra para los parques eólicos. Se estima que en Río Negro y Chubut, Fortescue ya cuenta con más de 625.000 hectáreas, una superficie equivalente a 31 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A pesar del “interés” del gobierno provincial en la transición energética, y “como quién no quiere la cosa”, se anunció con bombos y platillos el descubrimiento de gas no convencional, similar al de Vaca Muerta en Cerro Dragón, lugar ubicado en la histórica cuenca petrolera del Golfo San Jorge. El anuncio fue realizado por el gobernador Ignacio Torres, quien autorizó, por primera vez, la explotación no convencional tras el hallazgo (fracking). Contradicciones que en el fondo dan cuenta de la voracidad capitalista para convertir todo en mercancía sin medir las consecuencias.
Toda esa heterogeneidad de formas extractivistas tiene un gran impacto en nuestros cuerpos; haciendo de la corporalidad un elemento a tener en cuenta cuando se analizan las luchas socio ambientales de los últimos años. Mucho se ha dicho de la relación que hay entre la violencia hacia la naturaleza y los cuerpos de mujeres y otras identidades feminizadas, no pretendemos ahondar en ello. Sí queremos remarcar que una de las tantas consecuencias de las actividades extractivas, es la agudización de la violencia patriarcal y machista. A su vez, esta situación tiene implicancias en las subjetividades de quienes habitamos en Chubut y nos planteamos resistir a los permanentes intentos de despojo y precarización de la vida.
Las marcas del agotamiento y los riesgos para la propia salud, son la contracara –muchas veces desatendida- del compromiso y convicción de quienes asumen la defensa de los bienes comunes sociales y naturales. Enfrentar procesos de judicialización que derivan en condenas tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana de lxs luchadorxs populares criminalizadxs, ya que corren el riesgo no sólo de ir a la cárcel, sino también de perder sus trabajos, vínculos afectivos y en el peor de los casos la vida (la muerte de Lautaro Martinez no se explica únicamente por la criminalización, pero sí forma parte de todo el entramado de violencia y precariedad que se agudiza). Pese a estas prácticas represivas que buscan individualizar la criminalización y al mismo tiempo aleccionar a la sociedad, las formas y mecanismos de resistencia se reinventan.
Así lo demuestran lxs habitantes de las localidades de la meseta y los campos, quienes cotidianamente luchan para defender los territorios. Su resistencia es inmensa pero también menos visible, así como también lo son sus problemáticas. Hace muchos años los distintos gobiernos (por acción o inacción) vienen impulsando un despoblamiento de los mismos, la presencia de pequeños productores criadores de ganado ovino es cada vez más escasa, ya que las condiciones de vida en los lugares se vuelven cada vez más hostiles y la actividad lanera no genera los ingresos necesarios para la manutención de las familias que, en muchos casos, tienen una larga historia de habitar la meseta profunda, siendo incluso descendientes de lxs sobrevivientes del genocidio perpetrado por el Estado argentino a finales del siglo XIX. Según datos del Censo de Población, prácticamente 1 de cada 3 personas se autoreconocen como originarias en la meseta central, la región con porcentajes más altos en Chubut. Dato no menor para una provincia que, después de Jujuy y Salta, ocupa el tercer lugar nacional en relación a cantidad de población originaria.
Pese a la baja densidad poblacional de la meseta, aún queda un importante grupo de pobladores que resisten y se niegan a abandonar sus tierras. Pobladores que de manera comunitaria intentan resolver todos y cada uno de los problemas que atraviesan, porque la ausencia del estado es total y porque cuando se hace presente, lo hace trayendo consigo formas de “producción y desarrollo” que nada tienen que ver en realidad con esto, sino más bien con seguir legitimando e instalando a empresas que solo buscan empobrecer a las comunidades, ofreciendo espejitos de colores, prometiendo trabajo y bienestar, mientras desembarcan con sus gigantescas máquinas para destruir todo lo que a su paso se interponga. Esta resistencia de tantas personas que de manera silenciosa no se resigna y pelea, es porque se niegan a perder antiguas formas de vida que siempre han sido alternativas y en varias formas contrarias a las lógicas del capital. Hay una definición de parte de estas poblaciones que consiste en no ceder frente a las iniciativas gubernamentales, que buscan su desplazamiento hacia los pueblos o ciudades circundantes para así “vaciar” de gente la meseta. Otra vez la idea de desierto puesta sobre la mesa. Y esto sucede al mismo tiempo que se hacen cada vez más frecuentes las ventas y alquileres de campos a empresas y empresarios, en un claro proceso de extranjerización, que derivan en proyectos vinculados al hidrógeno verde o la minería.
Podemos decir que no es casualidad que justamente las localidades y campos donde hoy están aprobados, por ejemplo, los permisos de exploración y cateo de uranio, son lugares en donde ya no habita gente o la que todavía resiste es poca y está cansada de aguantar sin muchas expectativas de que la situación mejore. Entonces, el despojo de las comunidades, de familias enteras que se tienen que ir de sus lugares, es un plan digitado desde arriba que no tiene otra finalidad más que la de entregar este territorio al poder de las multinacionales para su completo saqueo y que, sobre este plan de los poderosos, nos hacen creer que es la única alternativa, que no hay otra forma de vivir y habitar este lugar, que no hay otro presente ni otro futuro posible para nosotrxs.
La resistencia en Chubut está en las calles de las ciudades y localidades de mayor demografía pero también está en los pequeños pueblos y campos de la meseta. Muchas veces esa militancia y resistencia pasa desapercibida, no sale en la foto de la lucha socio ambiental o en el mejor de los casos, sale poco. Hay muchas familias y comunidades que hoy resisten, que no sólo se enfrentan con el Estado y las multinacionales, sino que también batallan contra la desidia y el abandono por parte de los organismos que deberían ocuparse de mejorar las condiciones de vida de esas personas. Con inviernos crudos que alcanzan los 20 grados bajo cero, muchas de las escuelas de pequeñas localidades como Yala Laubat no cuentan con gas para la calefacción, tampoco se les provee otra alternativa, con problemas de agua, porque solo la etapa de exploración por parte de las mineras ha dejado sin agua pozos de los cuales comunidades se abastecían.
Resistir en el territorio, no es sólo no querer abandonar los campos, es defender un modo de vida, unas costumbres y una identidad. Dar importancia y empuje a las prácticas comunitarias, es un punto clave en la lucha contra los extractivismos y por la defensa de los territorios. En los ámbitos urbanos hay mucho que aprender de las comunidades originarias y de los pequeños pueblos “mesetenses”, por eso la organización, el debate e intercambio siguen siendo tareas necesarias.