Poder Popular
La reciente noticia sobre la denominada “Operación Shitcoin” (Ver artículo del periodista Diego Genoud) ha puesto en el centro del debate no sólo la falta de escrúpulos con la que se manejan ciertos sectores ligados a las criptomonedas, sino también la relación directa del presidente Javier Milei con una estafa financiera que afectó a miles de personas. Ya antes de llegar a la presidencia, Milei había promovido abiertamente una criptomoneda fraudulenta, respaldando a empresarios que hoy están bajo investigación por estafa.
El nombre “Operación Shitcoin” es una definición exacta de lo que representaba el engaño promovido por Milei: una moneda de mierda.
El hecho de que Milei haya prestado su imagen y reputación como economista y ahora jefe de Estado para avalar un esquema engañoso es un escándalo de magnitud monumental. Su participación activa en la difusión de esta criptomoneda deja en evidencia un uso irresponsable de sus redes sociales y plantea preguntas sobre su idoneidad y credibilidad. Pero, más allá de las cuestiones éticas, se abren interrogantes legales y políticos que podrían configurar el principio de un proceso de juicio político.
¿Es posible un juicio político a Milei?
La Constitución Nacional establece que el presidente puede ser sometido a juicio político por “mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes” (art. 53 y 59). En este caso, su falta de explicaciones, el posible encubrimiento y la gravedad del hecho podrían ser elementos que justifiquen una investigación parlamentaria.
Lo burdo de la operación deja en evidencia a quiénes quiere representar el jefe de Estado. En este sentido, la impunidad con la que se mueven los poderosos y su relación con fraudes financieros no es una anomalía sino un rasgo estructural del capitalismo. La burguesía se protege a sí misma, y el uso del aparato del Estado para garantizar impunidad no es nuevo. La clave de la superación de este estado de cosas está en que el pueblo no se quede al margen y sea capaz de romper cualquier cerco de protección que seguramente instalarán los sectores del poder económico, mediático y político que lo sostiene.
Además, en un contexto de creciente descontento social y político con su gestión, la revelación de este escándalo podría ser una chispa que avive el debate sobre su continuidad en el cargo. Si bien la oposición aún no ha avanzado en un pedido formal, la suma de escándalos y el impacto de sus políticas podrían acelerar una discusión institucional de mayor envergadura. De hecho, ya hay sectores como las dos CTAs que levantan la idea de juicio político, con investigación parlamentaria, al margen del carril del poder judicial, nacional e internacional. Pero todo eso no es suficiente sin un respaldo social más amplio.
Aristas políticas del juicio político
Para que un proceso de juicio político prospere, se necesita una mayoría simple en la Cámara de Diputados para la acusación y una mayoría de dos tercios en el Senado para la destitución. Hoy el oficialismo cuenta con respaldo suficiente para bloquear cualquier intento de avanzar en este sentido, como lo ha demostrado con la aprobación de la Ley Bases y el aval al veto de la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, si la opinión pública y el clima político se inclinan en su contra, algunos sectores podrían reconsiderar su apoyo.
También cabe analizar el rol de los medios de comunicación y del poder judicial en este proceso. Si la investigación avanza y se confirman irregularidades legales, la presión sobre los legisladores podría incrementarse. La crisis económica, la falta de resultados concretos, más allá del amesetamiento inflacionario y la acumulación de conflictos con diversos sectores de la sociedad también podrían ser factores determinantes en la consolidación de un proceso de juicio político.
Un escenario abierto
A día de hoy, un juicio político contra Milei parece un escenario aún lejano pero no imposible. Lo que sí es claro es que el escándalo de la “Operación Shitcoin” expone cómo el presidente ha estado involucrado en maniobras fraudulentas que afectan su imagen y la confianza de la ciudadanía.
Como señaló Marx, “la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases”. Si el pueblo trabajador no toma en sus manos la tarea de enfrentar el poder y exigir justicia, las instituciones burguesas por sí solas no harán más que perpetuar la corrupción y el saqueo.
En un país donde la impunidad de los poderosos ha sido la norma, cualquier intento de avanzar en un proceso de juicio político dependerá de la organización social, la presión política y el compromiso de quienes defienden la democracia y la transparencia. Lo que ocurra en los próximos meses será clave para definir si este episodio se convierte en un punto de inflexión en la vida política del país.