La ofensiva neoliberal contra el pueblo trabajador
Por Mario Bortolotto, miembro de la Comisión Directiva de COAD-UNR
Seis meses de penuria que ¿No encuentra límite?
Los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei han confirmado los temores que muchos anticipamos y otros vislumbraron con su triunfo: una agenda ultraderechista que no solo recorta derechos y servicios esenciales, sino que también atenta contra una sociedad democrática mínima. Con el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el FMI y sectores del radicalismo y peronismo, Milei ha desplegado una serie de medidas que configuran un panorama sombrío para nuestro pueblo trabajador en Argentina.
En el comienzo del gobierno de Milei, en lugar de dialogar con el Congreso, optó por imponer su programa económico y social mediante un mega decreto. La primera etapa se caracteriza por una brutal “terapia de choque” (como les gusta definirla a los economistas neoliberales) que consistió en la devaluación del 118% de la moneda, el recorte total de la obra pública, el congelamiento de programas sociales, la no recomposición de salarios y jubilaciones, y la eliminación de subsidios a servicios esenciales, el desfinanciamiento público y la desregulación de precios de bienes y servicios. Esto permitió una fenomenal transferencia de riqueza de los sectores asalariados y medios hacia un sector minoritario y privilegiado de empresas monopólicas, a través de una suba de precios sin comparación con lo que venía sucediendo en los últimos 20 años, registrando la inflación más alta del mundo durante tres meses consecutivos. A pesar de presentarse como un gran logro la desaceleración inflacionaria, los precios siguen aumentando por encima de los techos inflacionarios de los gobiernos anteriores, mientras que la actividad económica productiva se desploma a niveles incluso peores que los registrados durante la pandemia de COVID-19. El principal y evidente resultado es la mayor sumisión de millones de argentinas y argentinos a la pobreza.
Ante el previsible descontento social por esta primera etapa de medidas, Milei y Bullrich diseñaron el propagandizado “protocolo antipiquetes”, cuyo único objetivo es sofocar cualquier forma de protesta social. Esta medida represiva, liderada por Bullrich, se inscribe en una lógica de represión que viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
El inhumano ajuste es el complemento y justificación del polémico mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023), que abarca 366 artículos y modifica más de 300 leyes. Este decreto es un claro avasallamiento al poder legislativo y un ataque directo a los derechos fundamentales de millones de argentinxs. Al igual que durante la última dictadura, se están realizando por decreto centenas de leyes. Muchas de aquellas reformas perpetradas durante el régimen de facto, 156 leyes y los 261 tratados y acuerdos sancionados, permanecen vigentes. Demostrando el alcance a largo plazo que pueden tener esos decretos.
En este caso, uno de los componentes más alarmantes del DNU vigente es que busca concentrar el la suma del poder público en el Ejecutivo bajo la excusa de una emergencia múltiple, otorgando a Milei y Villarroel un poder sin precedentes. Entre sus propuestas más controvertidas se encuentra la posibilidad de transformar las sociedades o empresas con participación del Estado en sociedades anónimas, lo que constituye el paso previo a la privatización de empresas públicas estratégicas, un auténtico saqueo del patrimonio nacional. Empresas rentables y fundamentales, codiciadas por fondos de inversión privados como Blackrock, la más grande del mundo. Aunque el mega DNU fue rechazado en el Senado de la Nación, su tratamiento quedó totalmente frenado en la Cámara de Diputados.
Además, está la nueva versión de la “Ley Tanqueta“: Ley “Bases” y otra que incluye reformas fiscales. Estos proyectos de ley, que ya tuvieron la aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación, proponen un régimen especial de “incentivo a grandes inversiones” (El RIGI) con escandalosos beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios e impositivos, con una vigencia leonina de 30 años, para grandes empresarios y evasores (con capacidad de capitales mayores de 200 millones de dólares), evidenciando a quién realmente sirve este gobierno. Por otro lado, modifica toda una gama de leyes con derechos de última generación, como la Ley Micaela. En este caso, se pretende limitar su alcance eliminando el concepto de “género”, lo cual representa un retroceso significativo en la lucha contra la violencia de género, que el amplio movimiento transfeminista logró incluir en las legislaciones para prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia machista y patriarcal.
La arremetida de Milei contra la cultura también es preocupante. Con el mega DNU ya empezó a desmantelar instituciones culturales clave como el INCAA, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. Esta ofensiva no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, sino que también busca homogeneizar la oferta cultural, favoreciendo a las grandes corporaciones en detrimento de las expresiones culturales independientes.
Un clima de incertidumbre insoportable.
Las consecuencias del cuadro presentado anteriormente parecían imposibles o pertenecientes al sueño húmedo de una exigua minoría de magnates y del fascismo autóctono marginal. La gravedad de la crisis irresuelta de una economía dependiente y distorsionada, por la acción de los intereses del Gran Capital transnacionalizado en Argentina, llevó a la sociedad a un camino contradictorio y complejo. El descontento social encontró una salida disruptiva que, en vez de atender los flagelos de la crisis, optó por un programa político y una figura dispuesta a hacer las peores cosas para salvar la crisis, pero en favor de aquellos representados en los grupos económicos dirigidos por los multimillonarios más poderosos de Argentina, quienes jamás dejaron de ganar durante décadas. Grupo Techint (Paolo Rocca), América (Eurnekian), Socma (Macri), Bridas (Bulgheroni), Aluar (Madanes Quintanilla), etc., son solo un ejemplo del selecto “círculo rojo” que siempre rodea los gobiernos y se han enriquecido siempre, incluso en las peores penurias de nuestro pueblo. Ahora integran alegremente, con sus funcionarios, el gobierno que representa el sueño “revolucionario” de los multimillonarios de atacar todos los derechos y principios democráticos que tanto les molestan.
En contraposición, desde el amplio y heterogéneo campo social que integra al conjunto del pueblo trabajador, existen luchas y resistencias en diferentes frentes que sufren la agresión de la política oficial. Como lxs trabajadorxs estatales, organizaciones sociales y comunitarias, feminismos, jubilados, y trabajadores que sufren suspensiones y despidos. Destacan las manifestaciones de Acindar en Villa Constitución por la estanflación que ha hecho caer estrepitosamente las ventas de la transnacional en Argentina, así como las luchas docentes del magisterio en las provincias, con planes de lucha que desafían amenazas de descuentos salariales por las huelgas, como en la provincia de Santa Fe con el gobierno del radical Pullaro, aliado al PRO y el PS. También están las huelgas de trabajadorxs de la industria aceitera contra la reforma laboral y el regreso del impuesto al salario de la cuarta categoría. La manifestación que más se destacó fue la gran movilización en defensa de la universidad pública del 23 de abril, que superó el millón de personas movilizadas.
Esta fue probablemente una de las mayores demostraciones populares en defensa de lo común, como es el derecho a la educación pública de nivel superior. Ese día convergieron las luchas en defensa de la investigación científica, de los servicios sociales que brindan, y de las posibilidades de desarrollo humano y social que representan. Lamentablemente, el gobierno, a pesar de haber sentido el golpe de esta última demostración popular de lucha, mantiene su postura de firmeza con la excusa de la “motosierra” y “licuadora” que destroza presupuestos e ingresos. Peor aún, intenta sacar provecho del mismo, cerrando un acuerdo con la gestión de la UBA por recomposición del presupuesto, discriminando al resto del sistema universitario nacional, a cambio del apoyo de los senadores radicales, que están vinculados a la gestión de la UBA, por la aprobación de los proyectos de ley oficialistas. El paro del 23 de Mayo es una expresión de un conflicto que está abierto aún y que hasta ahora ha encontrado un importantísimo apoyo popular.
A pesar de estas luchas, existen dificultades que es necesario superar. La discusión que está en curso sobre los proyectos de ley de contra reformas integrales en curso (Ley Bases y de Pacto fiscal), al igual que el frustrado intento anterior, dificulta lograr un movimiento de masas que enfrente el paquetazo de cambios que se pretende. Todos los días estamos discutiendo uno u otro de los temas que incluye. Lo que hace muy difícil enfocar las consignas, problematizar las consecuencias que conllevarían su aprobación y por lo tanto, impide crear articulaciones claras y contundentes para expresar socialmente la oposición a las mismas. Es necesario identificar ejes que sean la intersección de luchas y permitan aglutinar un poderoso movimiento social y político para enfrentar las ofensiva.
Pero otro aspecto que se expresa entre las contradicciones del momento social y político es una confusa sensación general de incertidumbre, en la que los sentimientos sociales oscilan entre el dramático hartazgo, con cierta sensación de inexorable derrota, y el sentimiento de entusiasmo frente al surgimiento de luchas que surgen cotidianamente en cada frente al calor de los ataques gubernamentales. Para quienes tenemos espacios de participación más permanente, donde pasamos gran parte del tiempo evaluando el estado subjetivo general, intentando promover iniciativas de coordinación y/o movilización y recreando continuamente espacios de organización de la clase trabajadora, resulta difícil y tedioso conjugar un optimismo de la voluntad con esa profunda sensación de escepticismo e incertidumbre. En ese sentido, hasta hace dos meses, existía una tesis difusa de que el gobierno “no pasaba el mes abril” con esa política antipopular. Ahora, fracasada esa tesitura, se augura que la situación no puede aguantar sin explotar a mitad de año, cuando se manifiesten definitivamente los aumentos de los servicios. Habrá que ver si hay algún tipo de respuesta por abajo a las medidas de reciente aplicación como la subida del precio del subte en CABA, que pasa de $125 a $575, o las nuevas tarifas eléctricas que, en los próximos meses, según la segmentación tarifaria triplicarán o quintuplicarán las últimas facturas en los diferentes hogares. En última instancia, hay que graduar las expectativas sin perder la fé en la lucha, porque es muy pronto para sacar conclusiones definitivas sobre cómo se desarrollará la situación social y política.
El otro frente del ataque gubernamental: la “batalla cultural”.
En el marco del panorama descrito, además, está la faceta cultural que se intenta instalar, acompañando la “revolución liberal”, tal como la denominó recientemente el presidente, en la que se distinguen aspectos como: bastardean cualquier tipo de derecho, al cuál creen es una “aberrante” imposición marxista(¿?) al capitalismo que distorsiona la sociedad mercantil que tanto adoran. Cambian nombres de instalaciones estatales que refieran a una pasado cargado de simbolismo opuesto al ideario libertariano (CCNK). Expresan descripciones absurdas, como considerar “héroes” a los empresarios que evaden al fisco. Desprestigian la educación e investigación de las instituciones públicas. Corroen la legitimidad del poder legislativo llamando a lxs diputadxs “ratas”. Despliegan verdaderas cátedras abiertas de acoso o “bullying” con el presidente a la cabeza, quien se burla de las opiniones de economistas, periodistas y representantes públicos por tener opiniones contrarias a las propias. Y por si faltaba poco, en nombre de “esa batalla cultural” se publicita a un mercenario del odio, formado por el Opus Dei y una universidad de la FFAA de EEUU, que destila homofobia al afirmar que “la homosexualidad es una enfermedad”.
Por este clima cultural reaccionario, machista, fascistoide, persecutorio y represivo (muy contrario a la “libertad” que pregonan) empiezan a reflejarse por abajo en la sociedad acciones concretas que se correlacionan con esa propaganda desde arriba. Como el aberrante ataque a cuatro mujeres, que resultó en tres muertes, perpetradas por un lesbocida con el antecedente de haber manifestado reiteradamente su odio hacia la elección sexual de esas mujeres.
También aparecieron las amenazas en la Universidad Nacional de Rosario a estudiantes que participan en las acciones en defensa de la educación, con cartas que prometen “cárcel o bala” y la consigna de “VLLC” (Viva La Libertad Carajo). Son las mismas arengas que un diputado fascista de la Libertad Avanza propaga sin que nadie en el Congreso lo sancione, alentando así la imposición de un régimen más represivo hacia las ideas opuestas a sus dogmas.
En la misma línea, también están todas las exageradas e impostadas manifestaciones del gobierno en lo internacional. Las fotos de Milei con Trump, Elon Musk, Netanyahu, David Cameron, Santiago Abascal, Zelenski y otros personajes de una ultraderecha empresarial y política global, además de salir muy cara a las finanzas públicas, son el reflejo de esa “batalla” que dicen proponer porque consideran que Occidente “hace rato sufre las consecuencias de ideas socialistas” que habían penetrado incluso el ideario empresario. Es una conclusión paradójica desde lo conceptual y material. Solo las teorías conspirativas asociadas a la irrupción de estas ultraderechas a nivel global pueden explicar semejantes afirmaciones. Estas teorías niegan una crisis multidimensional, principalmente climática, generada por el capitalismo en su fase imperialista, que no solo impide el progreso prometido para los 3000 millones de pobres del mundo, sino que también engorda las cuentas de cada vez menos multimillonarios que acaparan fortunas inimaginables. Encontrar influencia de ideas socialistas en ese mundo injusto y desigual sólo se puede explicar sobre una subjetividad distorsionada y perversa como la que manifiesta nuestro actual presidente.
Lo único que representan esas ideas culturales ultraderechistas es la justificación moral para una renovada competencia mundial que busca atender con urgencia las consecuencias de proseguir en un consumo ilimitado con recursos cada vez más limitados. En particular, es una carrera por la hegemonía mundial de los mercados energéticos que impulsa una vorágine extractivista, en la que nuestros países “subdesarrollados”, son el objetivo primordial para acaparar los mal llamados recursos naturales (en realidad bienes comunes). Estamos en el centro de una política agresiva de los capitales transnacionales, y los Estados que los representan, para garantizar las líneas de provisión y atender las necesidades de la crisis climática que apremia al norte global, que requiere fuentes de energía con menor emisión de gases y desechos contaminantes. En vez de replantearse su modelo y niveles de consumo infrenable, quieren explotar los pueblos y continentes del sur global para salvarse a sí mismos. La ultraderecha es la fuerza de choque política más decidida para satisfacer esos intereses.
El rumbo del gobierno de Milei se adentra en un camino sinuoso y peligroso.
Frente a este panorama, la movilización social y la resistencia democrática se presentan como las únicas vías para frenar esta ofensiva y defender los derechos conquistados con tanto esfuerzo y nuestra soberanía, bienes comunes y patrimonio público.
Las movilizaciones de los últimos meses son una ventana que muestra un camino posible para condicionar al gobierno, pero que aún está lejos de frenar la ofensiva reaccionaria y conservadora del proyecto político encarnado en un presidente que se muestra agresivo, misógino, autoritario, fantasioso e insensible. Las recientes campañas de ataque a los movimientos sociales, acompañadas de los operativos de allanamientos violentos a referentes de los mismos, son una advertencia y muestra de que aún se mantienen la ofensiva e intentan responder con mayor represión a los embates recibidos por esas movilizaciones.
La alternativa política capaz de aglutinar una oposición que supere el imaginario de un pasado más justo que el presente aún no ha nacido. Quienes luchamos contra la injusticia, la desigualdad y la opresión estamos intentando forjar esa alternativa, pero no vemos en el corto plazo superar los desafíos y debates necesarios. Por lo tanto, en el corto plazo es primordial que la acción esté guiada por la idea del frente único o unido, para resistir, condicionar, retrotraer y/o debilitar la ofensiva encarnada en este proyecto representado por el actual gobierno. Qué expresa, no solo el ascenso de un personaje de características detestables e insensibles, la alineación de poderosos factores de poder económico local e internacional que hoy siguen guerreando y desplegando matanzas en otras partes del mundo, como el imperialismo norteamericano, sus aliados de la OTAN y el Estado de Israel con su régimen de apartheid/genocidio sobre el pueblo palestino.
Mientras desplegamos esa política de unidad para luchar y resistir, iremos dando debates, coordinaciones, articulaciones y alianzas, y se irá separando la paja del trigo. Las políticas autorreferenciales y sectarias no sirven para estas épocas. Sin perder identidad e independencia política, es fundamental polemizar con esas posturas y buscar acuerdos para avanzar. Pero tampoco podemos quedar bloqueados por esas posiciones y perder el sentido del momento histórico. Porque si perdemos tiempo, tal vez en pocos meses no tengamos mucho por defender y tendremos que partir desde posiciones mucho más atrás de lo que pensamos. Y el momento actual es peligroso si prospera en demasía la actual ofensiva. En ese punto, a mi humilde entender, es donde nos encontramos.