Las 3 jornadas de movilizaciones y protestas contra la media sanción que obtuvo la Ley Ómnibus han terminado con una represión desproporcionada e ilegal dirigida por Patricia Bullrich y buscada por el gobierno de Javier Milei. Las decenas de detenciones, especialmente las realizadas al finalizar la votación en general, no fueron producto de las acciones de quienes nos manifestábamos, sino de una doble intención política por parte del gobierno nacional y el acompañamiento del de la CABA. Por un lado, pretenden disuadir cualquier intento de resistencia organizada y pública al mayor intento de reforma regresiva del capitalismo argentino desde el retorno de la democracia en 1983. En segundo lugar, apuestan a profundizar el enfrentamiento entre la propia clase trabajadora, transformando las distintas opciones de votos existentes dentro de la misma en odio al igual que está en una situación algo peor o algo mejor.
Consideramos el operativo desproporcionado, ya que en numerosas ocasiones el número de miembros de las fuerzas represivas superaba la cantidad de manifestantes a los cuales golpeaban salvajemente, así como sobrepasaba los límites del “protocolo” que la misma ministra Bullrich dictó, como se pudo observar en varias ocasiones cuando se reprimía duramente a quienes estaban dentro de una plaza o en la vereda. El deseo del gobierno de violencia y sumisión del movimiento popular supera los propios límites que dice imponerse.
A estas preocupaciones sumamos un creciente nivel de xenofobia y discriminación, donde se señala la nacionalidad de quienes fueron detenidxs como agravante. No sólo esto es retrógrado sino anticonstitucional. En el preámbulo de nuestra Constitución se dice buscar “todos los beneficios de la libertad (…) a todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino”. Defendemos de manera categórica el derecho que nos da libertad frente a toda opresión: el de la protesta. Es el derecho que crea nuevos derechos. Y la nacionalidad de quien lo ejerce no es ni agravante ni aliciente. Asimismo, vemos un especial ensañamiento con trabajadorxs de prensa, lo cual viola especialmente el derecho a la información, así como la posibilidad de trabajar libremente y en un ambiente seguro.
Por último, no podemos dejar de señalar la continua deshumanización de quienes militamos, especialmente a quienes nos reconocemos como parte de las izquierdas. A la violencia física de las fuerzas represivas, se debe sumar el continuo insulto desde las bancas de diputadxs, así como desde las redes sociales del presidente y de lxs funcionarixs más altos del gobierno.
Este cuadro de situación de violencia ejercida desde los mas altos cargos del Estado no nos sorprende: un presidente conocido por sus arrebatos de violencia, una vicepresidenta defensora de genocidas y un procurador de conocida y documentada militancia nazi, hacen de esto algo esperable. Pero no lo vamos a naturalizar ni vamos a retroceder. No nos rendiremos en la batalla por la conciencia de la sociedad argentina y, por ello, exigimos la libertad de quienes se encuentran detenidxs y llamamos a fortalecer las movilizaciones que seguirán en estos meses.
¡No a la Ley Ómnibus! ¡No al DNU!
¡Seamos miles en las calles!