El jueves 27 de abril el Juez Federal de Rawson Gustavo Lleral, en una acción jurídica que es en efecto una caza de brujas, procesó a 16 vecinxs de Rawson, Trelew y Puerto Madryn. La decisión política y judicial de realizar estos procesamientos profundiza la criminalización de la protesta social en la provincia, tal como sucede en diferentes puntos del país y que atraviesa a diversos sectores y causas. Puntualmente en este caso, compañerxs activistas en defensa del agua hoy están siendo perseguidxs por haber participado en acciones de lucha realizadas a mediados de 2021, luego de que la Legislatura provincial rechazara dar tratamiento al 2do Proyecto de Ley por Iniciativa Popular (IP), organizado y presentado con más de 30.000 firmas por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH), para prohibir en todas sus etapas, la actividad minera metalífera a gran escala.

El proyecto, presentado en dos ocasiones con una amplia adhesión del pueblo chubutense, fue flagrantemente desoído y ninguneado por este gobierno y los diputados, quienes buscan proteger los intereses de las grandes empresas y llenar sus propios bolsillos a costa del saqueo de los bienes comunes: recordemos que la primera IP que había sido presentada en mayo de 2014, en una sesión de legislatura de noviembre de ese año fue modificada a la medida de las mineras y convertida en una ley que por la presión social tuvieron que derogar en 2016. Pero la avanzada extractivista continuó, y no cesa en la actualidad, los hechos del año 2021 hablan por sí solos: la Legislatura rechazó la 2da IP, fueron reprimidos los cortes de ruta impulsados en su defensa (en los que registraron los datos de compañerxs que hoy están procesadxs) y meses después aprobaron una Ley de zonificación para habilitar la megaminería, que debieron derogar luego de que el pueblo saliera masivamente a las calles en su rechazo, pese a la feroz represión desatada por el gobierno y sus fuerzas policiales. Entre lxs procesadxs se encuentra Andrea Leonett, compañera de Poder Popular y activa militante de la causa ecosocialista en defensa del ambiente.

El pueblo de Chubut, ya en 2003, se opuso masivamente en un plebiscito a un proyecto similar. En aquella oportunidad ganó por un 81% el “No a la mina”. Desde 2020 el Gobernador Arcioni, en total connivencia con el Gobierno Nacional, la oposición de Juntos por el Cambio y las multinacionales mineras, viene intentando imponer la megaminería como proyecto de “desarrollo”, que es importante señalar, constituye una de las formas de explotación más devastadoras y agresivas para el ambiente y que implica grandes impactos sociales y culturales, como así también un uso indiscriminado del agua en un territorio en el que escasea cada vez más -como en el resto del planeta-. Esto es a lo que como pueblo nos venimos oponiendo hace años mediante la movilización callejera y a partir del impulso y apoyo masivo a las IP antes mencionadas.

El procesamiento de lxs compañerxs no es un hecho aislado, menos teniendo en cuenta que recientemente ingresó a la legislatura, impulsado por el gobernador un nuevo proyecto de “Soberanía energética”, mucho peor que la zonificación anteriormente presentada, y que bajo esa denominación pretende enmascarar un nuevo intento de reimponer el ya rechazado proyecto extractivista que defiende los intereses del lobby multinacional minero. Se excusa en la difícil situación económica de la provincia, que viene afrontando un ajuste desatado por el mismo Arcioni y una particular crisis en el sector estatal que implicó, entre otras medidas, el retraso en el pago de sueldos por varios meses y pagos escalonados durante los últimos años. La reciente condena de la docente Estela Juarez se da en este contexto, iniciado con las movilizaciones en 2019 y que hoy se traduce en el encarcelamiento de una docente por luchar contra el ajuste.

En ese marco, la provincia se vio envuelta en un largo ciclo de luchas. Tanto socioambientales como sindicales que han tendido fuertes lazos entre si. Lxs estatales han apoyado a las asambleas de vecinxs y, a la inversa, las asambleas y trabajadorxs de otros sectores acompañan la lucha de estatales y docentes, desbordando en múltiples ocasiones las burocracias sindicales cómplices del gobierno provincial y las patronales.

No es de extrañar entonces que, en el marco de un país con cada vez más conflictividad social fruto del ajuste impuesto por el FMI y aceptado por el peronismo y la derecha, a lo que se suma la presión de los empresarios locales e internacionales por una devaluación, comiencen a ensayarse modelos represivos/judiciales de miras a preparar el terreno.

En ese sentido Chubut representa, por su alta conflictividad actual y por contener una de las luchas socioambientales más grandes del país, el escenario perfecto para dichos experimentos represivos. Entendemos que el despliegue represivo y judicial busca cumplir 3 objetivos.
1- Ser ejemplo aleccionador para escarmentar a activistas en luchas futuras.
2- Medir la posible respuesta popular a la criminalización de la lucha.
3- Criminalizar la lucha actual en la provincia para imponer los intereses mineros.

Resulta muy coherente que el encargado de llevar a delante este ataque judicial a la lucha popular sea Gustavo Lleral. Este Juez que estuvo a cargo de la causa por desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Recusado y protestado largamente por la familia Maldonado, por haber entorpecido la investigación y encubierto a lxs gendarmes involucrados.

Vale decir que el clima represivo general ha aumentado en los últimos tiempos. El caso docente es destacado, con varias causas iniciadas por reclamos salariales. Especialmente preocupante es la condena a la profesora Estela Juárez a tres meses de prisión en suspenso por haber sido parte de las protestas de estatales en 2019.

El próximo martes 13 de junio a las 11hs se va a realizar una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para tratar los recursos de apelación presentados contra los procesamientos. Aunque en ella solo fue citada la representación legal de lxs vecinxs, varixs vecinxs criminalizados van a ir a presenciar la audiencia y realizar una conferencia de prensa.


¡No más presxs por luchar!
¡Chubut ya decidió, NO es NO! ¡No pasarán!

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