M.B., militante de Poder Popular
Rosario ha ganado relevancia en los últimos diez años debido a la proliferación exponencial del narcomenudeo y el récord de homicidios, que en 2014 casi duplicó la tasa media nacional per cápita. Rosario y alrededores tienen como factor común el acceso al puerto, un importante punto de tránsito de tráfico ilegal hacia Europa.
Las 287 muertes violentas en 2022 (cuatro veces la media nacional), sumadas a otras 57 en lo que va de éste año, son una clara evidencia de la repetición de ese escenario de años previos. Recientemente, un tiroteo en un supermercado propiedad de los suegros de Lionel Messi, que incluyó un mensaje amenazante dirigido al futbolista y al intendente rosariono Pablo Javkin, ha generado una gran repercusión a nivel nacional e internacional.
Los grandes medios de comunicación locales y nacionales han llenado horas y páginas con afirmaciones sensacionalistas del tipo “Ganaron los narcos” o “Terrorismo narco” y con algunas coberturas que bordearon lo bizarro. Con todos los ojos puestos sobre la ciudad, mientras escribíamos ésta nota de opinión un ataque con armas de fuego en el barrio Los pumitas dejaba como resultado a un niño de 11 años fallecido y otros dos internados en estado crítico. También este lunes por la tarde fue ejecutado con un tiro en la cabeza un hombre de un taller mecánico del extremo norte de la ciudad. Pero en Los Pumitas hubo una reacción popular ante la impunidad de los grupos narco-policiales, que concluyó con un ataque a las casas identificadas como refugio de los culpables del aberrante crimen. Todo fue registrado por las cámaras, quedando en evidencia la complicidad-negligencia del Estado y el gobernador Perotti, que sólo supo reprimir la bronca popular. El intendente Javkin, como dijeron desde la organización La Garganta Poderosa, hace rato sabía que el barrio estaba siendo tomado por los grupos narco policiales, en una dinámica que obligó al cierre de espacios de aquella organización social.
Gráfica: Homicidios en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. Tasa cada 100 mil habitantes. 2001 - 2018, demuestra la crisis de homicidios violentos en la provincia y con epicentro en el gran Rosario.
Los partidos tradicionales, a través de sus vocerías y grupos empresariales mediáticos, buscan simplificar alevosamente estos temas, lo que dificulta la comprensión real del problema y reduce los debates a la cantidad de efectivos federales que es necesario enviar enviar a las zonas más calientes.
En general, la violencia narco-lumpen-policial es un fenómeno complejo que se basa en una serie de factores interrelacionados de corto y largo plazo. Un abordaje eficaz requiere de un enfoque integral, que aborde tanto las causas subyacentes como las políticas públicas pertinentes. Frente a un clima de desesperación de familiares de las víctimas y de barriadas que buscan sobrevivir a una aguda crisis socio-económica a la que ahora se suma esta escalada de otras violencias, se hace urgente comprender lo que ocurre desde nuevas perspectivas, antes de comprar soluciones tan “novedosas” como falsas.
Un enfoque desde la mirada popular: la intersección de violencias y derechos vulnerados
Uno de los grandes desafíos de estos tiempos pasa por abordar el problema desde una mirada popular, que logre separar la paja del trigo, de lo que son las verdaderas causas en contraposición a las representaciones que construyen los grandes medios de comunicación. Estos medios, compuestos y sostenidos por sectores económicos privilegiados, están muy lejos de las realidades y territorios afectados. Parten de la estigmatización, el racismo y el negacionismo de las vidas miserables que produce este sistema. Por otro lado, las representaciones políticas institucionales se rigen por objetivos que están muy lejos de buscar soluciones para los problemas de fondo. El ejemplo más reciente de los miserables intentos de capitalización política de la crisis fue la aparición en Rosario de lxs diputadxs nacionales Amalia Granata, disfrazada con un chaleco antibalas, y de Diego Santilli, con un periodista de América TV reconocido por su perfil sensacionalista, que terminaron siendo repudiados por vecinxs que se acercaron a la “nota”.
En contraste con esas miradas desde arriba, con un equipo de educadores recientemente participamos de encuentros de formación de un movimiento social de la ciudad que agrupa a trabajadores informales que no pueden cubrir sus necesidades básicas y acceden a un subsidio de protección social del Estado denominado “Potenciar Trabajo”. El colectivo de compañerxs que participó, proviene de diferentes barrios populares. Durante el primer y segundo encuentro, repasamos sus realidades y pudimos dimensionar sus preocupaciones. En sus propios relatos se destacan de inmediato las diversas maneras en que sufren la violencia vinculada al narcomenudeo. Sin embargo, pudimos identificar que esta “violencia narco” es precedida por otro conjunto de violencias sobre las que se instala y reproduce, lo que nos permitió reflexionar sobre el contexto de variadas violencias que atraviesa desde siempre su vida en los barrios (que incluye violencia económica, de género, racista, socio ambiental e institucional).
Sin duda hablamos de una población con derechos vulnerados, en la que una de las violencias que más han sufrido durante generaciones es la violencia económica del capitalismo dependiente y las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales. Actualmente casi la mitad de la población sólo accede a trabajos precarios, sin derechos ni garantías laborales. La violencia radica en que no se cumplen sus derechos humanos esenciales y básicos. Todos los días, millones de familias padecen las consecuencias del incumplimiento de derechos consagrados en la Constitución Nacional, como el artículo 14 y 14 bis, que obligan al Estado Nacional a garantizar el derecho al trabajo digno y la protección social, individual y colectiva, gozando de todas las garantías y beneficios. Solo un trabajo debidamente registrado (en “blanco”) y con un salario mínimo vital y móvil que supere los niveles de pobreza puede garantizar la atención de todas las necesidades indispensables para una vida y vivienda digna.
Partiendo de ese contexto, podemos reflexionar sobre la forma en que los hechos de violencia que toman relevancia en los grandes medios (amenazas y homicidios con el uso de violencia extrema) se montan sobre las condiciones de vida miserable del pueblo y las responsabilidades de las clases dominantes y de quienes detentan el poder con sus partidos políticos que anteceden a la actual crisis de “seguridad pública”.
Además, sin lugar a dudas, hay un correlato de esta escalada de violencia y la crisis económica argentina, signada por un brutal ajuste para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. ¿Alguién se imagina que, si la situación fuera mejor, éstas “mafias” podrían prosperar como lo hacen ahora?
El ascenso de violencia narco policial como corolario de la crisis social-económica e institucional
Mientras tanto, los partidos que defienden este sistema capitalista injusto no tienen ningún interés en el pueblo que vive en las barriadas populares. Ahora que los índices de violencia no se pueden ocultar, no les queda otra que dar explicaciones difusas (como hace el gobernador Perotti), actuar como si no tuvieran nada que ver (cómo el Intende Javkin) o simular iniciativa (al estilo del ministro de Seguridad Anibal Fernandez)
Pero la violencia que despliegan grupos narco-lumpen-policiales no surge de la noche a la mañana. El proceso de acumulación de armas, municiones, logística y capacidad operativa no es un fenómeno ajeno al Estado y sus dependencias de inteligencia y control. Menos aún frente al circuito del dinero ilegal y los sectores de negocios beneficiados por la alta rentabilidad propia del mercado ilegal que regentean.
Ante una economía formal en crisis, endeudada y con ajuste, se observa cómo prospera una economía paralela ilegal con códigos propios y fronteras difusas entre sociedad civil y Estado. Y llama la atención que nadie se sorprenda por la multiplicación de negocios, comercios e inversiones en el contexto actual de crisis. Por todo esto, nadie pone en duda que estos negocios siempre cuentan con complicidades y/o participaciones del Estado y de sus tres Poderes, que por supuesto actúan en conjunto con empresarios les brindan oportunidades para lavar todo el dinero ilegal proveniente del tráfico.
Para entender mejor la situación, es importante examinar los poderes estatales que a menudo pasan desapercibidos en los medios y la opinión pública. En el caso del Poder Legislativo, todavía defiende los postulados de la “guerra contra las drogas” y el “narcoterrorismo” que hace años exportaron las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Las leyes de prohibicionismo, establecidas en los años setenta y ochenta, que hicieron que las drogas ilegales se convirtieran en un bien escaso y valorado, lo que garantiza una alta rentabilidad en su comercio y las convierte en una fuerza económica única en el mercado capitalista. En tiempos de crisis económica, la depresión, el aumento de las adicciones y la desesperación fomentan también un ambiente perfecto para el florecimiento de estas economías ilegales “prósperas”, que no se limitan al narcomenudeo sino que también se han diversificado en el contrabando de petróleo, medicamentos, armas y trata de personas.
Cuando los responsables del Poder Ejecutivo no abordan los problemas sociales de la población, dejan a millones de jóvenes en riesgo de ser reclutados como mano de obra de éste mercado ilegal, lo que los convierte en partícipes del crecimiento del fenómeno. Si las fuerzas policiales del Estado, dirigidas por ese Ejecutivo, colaboran, organizan o comparten las ganancias de estos negocios, también son parte del problema. Además, si existe un circuito de exportación, lavado de dinero y negocios legales (que incluyen a la construcción, la gastronomía y otros rubros), los empresarios también son parte. Por lo tanto, debemos dejar de referirnos a estas organizaciones delictivas como simples “bandas” para reconocer que el mismo régimen capitalista es el principal responsable de esta violencia que sufrimos.
El Poder Judicial federal y provincial también es responsable y no se encuentra ajeno a la situación. En los casos de mayor repercusión, cuando prosperan los juzgamientos contra grupos delictivos relacionados con el narcotráfico, se los acusa solo por los homicidios pero no se amplían las investigaciones sobre las rutas del dinero ilegal, obviando las motivaciones de dichos crímenes y garantizando la impunidad de la red que los contiene y explica. Si se investigaran estas redes económico-financieras y se transparentaran sus negocios, se descubrirían las cloacas del poder económico actual. En contraposición, como muestra del rol del Poder Judicial en el sistema, se crean causas falsas contra activistas de movimientos sociales, sindicales y políticos que luchan en defensa de los derechos sociales populares. Así, la Justicia cumple un rol esencial en la reproducción de estas violencias, garantizando impunidad a unos y control a quienes desafían ese orden injusto.
Por ello decimos que la crisis actual también es institucional, ya que todos los organismos del Estado están sirviendo a los intereses de un para-Estado. Para los sectores sociales medios y altos, solo se trata de corrupción estatal, mientras que en los sectores populares este Estado que apenas atiende lo mínimo indispensable para evitar el estallido social opera como dispositivo de control, ejerciendo terror garantizando la subordinación a la miseria y el sufrimiento. Pero ese control se ha desmadrado y nadie quiere cargar las responsabilidades y costos políticos.
¿Qué podemos hacer desde la militancia popular?
Desde las representaciones políticas legislativas hay pocas voces que denuncien ese entramado de responsabilidades. En Santa Fe, el diputado provincial Carlos del Frade es quién ha venido presentando en la Legislatura provincial una perspectiva crítica a las hegemónicas, poniendo el eje en las acciones político-empresariales y las falsas soluciones que vende el marketing político-mediático.
La victoria de Gustavo Petro y su coalición progresista en Colombia, con una postura crítica al fallido modelo estadounidense de “guerra contra las drogas” es un acontecimiento importante para América Latina y puede ser un signo de cambio en la región. Es importante tener en cuenta que la estrategia aplicada por décadas por organismos como la DEA y los gobiernos de derecha han fracasado en America latina en cuanto a la reducción del narcotráfico y la violencia relacionada con las drogas. En lugar de eso, se impuso una mayor militarización y una creciente dinámica de violación de los derechos humanos en la región.
La posición de Petro es importante ya que Colombia es uno de los mayores exportadores de cocaína del mundo, epicentro de la “guerra contra las drogas” de EEUU. La postura del nuevo gobierno plantea la necesidad de un enfoque más integral, que incluya medidas para reducir la demanda de drogas mientras se abordan las causas subyacentes del narcotráfico, como la pobreza y la exclusión social. Además, plantea la necesidad de explorar nuevas alternativas al prohibicionismo y la militarización.
Es importante destacar que la lucha contra el narcotráfico y la violencia relacionada con las drogas no es un problema exclusivo de Colombia, sino que afecta a toda Nuestra América. En este sentido, la postura de Petro y su coalición pueden inspirar a otros países a buscar soluciones más efectivas y humanas a este problema y a cuestionar el papel de la DEA y los gobiernos de derecha en cuanto a la perpetuación de la violencia.
Quienes militamos desde hace muchos años, observamos que el crecimiento de este mercado ilegal, junto a todo su entramado, está en línea con la descomposición social y económica en general, con la concentración del capital y la destrucción de sectores de la actividad económica (como el entramado fabril del cordón industrial de las riberas del Paraná). Aunque la población sigue creciendo, las oportunidades de empleo se vienen reduciendo cada vez más desde la última dictadura militar, como resultado de la ofensiva neoliberal que implicó el terrorismo de Estado y el genocidio.
Todos los partidos que defienden el capitalismo han contribuido a reproducir una economía altamente transnacionalizada y concentrada. Bajo las falsas promesas de la teoría del “derrame”, sólo hemos visto crecer las fortunas de sectores privilegiados (industria automotriz, empresas exportadoras, inmobiliarias, financieras y bancarias), mientras que las condiciones de vida de la mayoría se han deteriorado. Actualmente, el país enfrenta niveles de pobreza cercanos al 40% y de indigencia superior al 8%. Si hacemos un recorrido histórico de las últimas décadas, ¿podíamos esperar resultados diferentes a los actuales?
Las propuestas que sugieren militarizar las barriadas populares ignoran que las condiciones desiguales e injustas persistirán. En todo caso, tarde o temprano, los negocios pasarán a manos de otros hasta que surja una nueva crisis. Un ejemplo reciente es la militarización que se llevó a cabo en 2013-2014, cuando se enviaron fuerzas federales a las zonas más afectadas por la violencia en Rosario. Aunque se logró reducir los índices de homicidios, no hubo soluciones de fondo y hoy en día enfrentamos una situación igual o peor. El problema, como mencionamos al principio, es que a quienes ostentan el poder económico y político, beneficiarios durante décadas de ese estado de cosas, no les interesa resolver la crisis actual sino mantener el control. Mantienen el orden a pesar de las condiciones precarias de vida, lo que les garantiza dinero fresco, explotación y permanencia en el poder económico y político. Por lo tanto, es esencial que las militancias populares asuman tareas concretas para abordar la crisis actual.
Desde diferentes campos políticos, desde el progresismo hasta la izquierda, se han planteado líneas de acción para abordar el problema de la violencia narco-policial, incluyendo la atención a la desigualdad, la estatización de los puertos, el combate al lavado de dinero, los gobiernos de coalición y la recuperación democrática del control político de los barrios. Sin embargo, independientemente de las propuestas de políticas públicas de intervención, es crucial impulsar la movilización y la organización popular. Estas propuestas deben incluir las reivindicaciones sociales de los trabajadores, tanto formales como informales, agrupados en sindicatos y/o movimientos sociales, que han estado denunciando sus condiciones de vida y las causas y la complicidad narco-policial-estatal en la violencia que se despliega. Este es un camino necesario para empoderar al movimiento popular y democrático y disputar el poder político a quienes sostienen y garantizan una sociedad injusta, violenta y con impunidad.
Al mismo tiempo, es fundamental desenmascarar a los oportunistas de siempre, remarcando que todas las recetas que ofrecen la derecha y el progresismo diluido con soja han fracasado una y otra vez. Nuestro deber es aportar todos los días, paso a paso, a una organización popular activa y protagónica que enfrente estos problemas, sin esperar que aparezcan “salvadores” que resuelvan mágicamente esta nueva crisis.