El 22 de noviembre de 1902, en una sesión extraordinaria y en tiempo récord el parlamento argentino aprobó la ley 4.144 o «Ley de Residencia». En menos de 50 años, la burguesía argentina pasó de un espíritu cosmopolita, que fomentaba la inmigración y redactaba una constitución con derechos «para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino», a la sanción de un esperpento jurídico, inconstitucional, que le otorgaba funciones judiciales al poder ejecutivo, con facultades para expulsar a «todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público».
¿Cuál era el contexto de la sanción de esta ley? En 1902 se vivía un momento de aguda conflictividad social. La Argentina, que se había insertado «exitosamente» al mundo como proveedor de bienes agropecuarios, lo había hecho en base a una aguda desigualdad social y una brutal explotación de la clase trabajadora, dentro de la cual, sobre todo en los grandes centros urbanos, una porción importante eran inmigrantes de países europeos.
En 1901 cerca del 25% de los asalariados se encontraban sin trabajo y el salario real había caído en un 30 o 40%. La gran mayoría de la clase trabajadora vivía hacinada en pensiones. En Buenos Aires, por ejemplo, vivían 140.000 inquilinos en unas 35.000 piezas. Unos años después, en 1907, se produciría una famosa huelga de inquilinxs.
Ahora bien, en 1902 se vivía un contexto con importantes huelgas en diferentes partes del país. Alrededor de organizaciones socialistas y sobre todo anarquistas se venía organizando un combativo movimiento obrero. En 1901, la unidad de ambas corrientes había logrado construir la primera federación obrera de la historia argentina, la Federación Obrera Argentina FOA, la primera de América Latina.
En noviembre estalló la huelga portuaria. La principal demanda era que se redujera el peso de las bolsas que se estibaban de 100 a 75 kilos. Las patronales se negaron y se inició un conflicto que rápidamente se convirtió en huelga general por solidaridad.
La clase dominante, atemorizada, respondió con dureza. El 22 se reunió de emergencia el parlamento y trató un proyecto de Miguel Cané que databa de 1899. A las 18hs entró al Senado, se debatió dos horas y salió aprobada: 12 a favor 2 en contra. A las 21:30 hs. entra a cámara de diputados, se debatió otras dos horas y salió aprobada con 50 votos a favor y 13 en contra.
El senador por Jujuy sostenía que la ley era «para salvar la tranquilidad social, comprometida por movimientos esencialmente subversivos», para «salvar a la sociedad de estos estampidos anárquicos que comprometen tan graves intereses».
No obstante, la huelga se agravó y el día 24 se dictó el Estado de Sitio, que estuvo vigente hasta enero de 1903. Las fuerzas represivas arremetieron contra sindicatos y partidos de trabajadores. Hubo al menor 70 deportadxs, algunxs con sus familias y unos 500 arrestos.
La ley estuvo vigente hasta 1958. No obstante, la idea de que quienes luchan por la justicia y la igualdad son subversivxs, que comprometen la «tranquilidad social» sigue teniendo vigencia aun hoy.
Nuestro único camino es seguir luchando, como enseña la historia de la clase trabajadora. Nunca la clase dominante otorgó graciosamente nada. No hay ningún derecho que no hayamos conquistado con la lucha. Como nuestros camaradas, anarquistas y socialistas, a seguir peleando por una patria sin fronteras.