Después de cerca de una semana de asambleas, tomas de colegios o “pernoctes” de estudiantes de nivel secundario para denunciar las prácticas educativas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este jueves se llevó adelante una movilización masiva de la comunidad educativa, de la que además de estudiantes participaron gremios docentes y organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Desde Poder Popular dialogamos con algunas estudiantes que fueron protagonistas de la crucial lucha estudiantil contra un ajuste educativo que no es exclusividad del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta o su ministra de Educación Soledad Acuña, sino que también tiene sus manifestaciones a nivel nacional, sobre los reclamos que dieron origen a la protesta, las cuestionables respuestas oficiales y las perspectivas del conflicto.
Renata, alumna del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, nos cuenta que algunos de los reclamos principales fueron la exigencia de “mejores condiciones de los edificios en los que tenemos que estudiar, mejores y más viandas y mesas de diálogo para ver cómo están yendo las ACAP, las pasantías laborales”. En el mismo sentido, Amelie (también del Lengüitas), añade: “Los reclamos que más pesan son las viandas, que llegan en malas condiciones y menos de las necesarias, habiendo alumnes que no las reciben; la mala infraestructura del establecimiento, que literalmente se cae a pedazos, y la plaga de ratas que hay en el colegio. A nivel más general, es decir, en todos los colegios de la Ciudad, lo que más pesa es el tema de las viandas, las ACAP y la falta de comunicación”.
Estas Actividades de Aproximación (ACAP) “al mundo del trabajo, de los estudios superiores y la formación de ciudadanía” no son más que pasantías laborales obligatorias, no pagas, que le restan horas a materias centrales del programa educativo y que en la mayoría de los casos no tienen ninguna relación con la orientación educativa de cada colegio. De fondo, el proyecto larretista parece apuntar sólo a garantizar mano de obra gratuita para cientos de empresas que se inscriben para recibir pasantes, que además obtienen “beneficios en procesos de licitaciones de bienes y servicios dentro de la Ciudad”, según detalló un informe del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP), incluyendo a muchas de la tercerizadas que preveen los alimentos en mal estado, en una insólita duplicación de beneficios.
En las últimas semanas circularon decenas de denuncias de familiares en redes sociales sobre estudiantes que fueron enviados a cumplir estas horas limpiando el llamado Ecoparque, como “ama de llaves” en hoteles, haciendo sándwiches o mil tareas más sin supervisión docente o profesional (existen denuncias de acoso en algunas de estas pasantías), en zonas de la ciudad alejadas de sus recorridos habituales y sin relevancia educativa alguna.
Las definiciones sobre las medidas de lucha se dieron en un ejercicio plenamente democrático. Amelie cuenta que “primero se habló en la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) y después de eso se llevó la propuesta de toma o pernocte y cada colegio votó, de manera secreta, si estaban a favor o en contra de esas medidas”. Renata también destaca la constante realización de asambleas para debatir el avance de lucha estudiantil y las propuestas del Gobierno.
Este fue otro tema central de la protesta, ya que lxs estudiantes exigían que las autoridades abrieran algún tipo de espacio de debate y negociación en el que plantear sus demandas, cosa que el Gobierno porteño, pese a su permanente insistencia en el valor del “diálogo” jamás garantizó. La ministra Acuña dedicó más tiempo a pasear por los medios atacando la lucha estudiantil que a hablar con alumnxs y escuchar sus planteos. Renata añade que también se pedían “mesas de diálogo con representantes de las distintas orientaciones de los secundarios, sean artísticas, técnicas, y también las normales”, para analizar en conjunto las problemáticas comunes. Además, ambas destacan que otro de los temas planteados tenía que ver con el presupuesto educativo para 2023 y años posteriores, un tema que un Gobierno que aplicó un recorte educativo de 14% en términos reales entre 2011 y 2020 lógicamente prefiere evitar.
“En ese sentido, la respuesta del Gobierno fue negociar solamente con las escuelas que no se encontraban ni en toma ni en pernocte. Para aquellos colegios con protestas activas, la respuesta fue lisa y llanamente militarizar la situación, llevando policías (muchas veces sin identificación) y amedrentar a les alumnes filmándolos, con cortes de luz y amenazas”, cuenta Amelie. Estas “amenazas” y “estrategias de criminalización” de la administración porteña fueron denunciadas en conferencia de prensa por organizaciones de DDHH como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Uno de los puntos más extremos del amedrentamiento fue el envío de cientos de cartas documentos a padres y madres de estudiantes, amenazándolos con juicios por daños y perjuicios, con costos de decenas de miles de pesos. Frente a esto, Amelie consideró que optar por la amenaza penal en vez de crear “un espacio para hablar las cosas” no sólo “están muy mal” sino que “no tiene ningún sentido y no suma absolutamente nada”. Renata consideró que es “algo que no está bien” porque muchos familiares “están yendo a las tomas para poder ver que sus hijxs estén segures en su lucha para mejorar el lugar al que van todos los días a estudiar” y anticipó que la estrategia de intimidación “no va a cambiar las cosas y no es lo que necesitamos ni es lo que debería estar pasando”.
Después de más de una semana de protestas, varios colegios levantaron las tomas, pero esto no significa que la importantísima lucha secundaria esté clausurada o haya sido derrotada por la violencia oficial. En este sentido concluimos rescatando los planteos de Juli, quien este jueves en una reunión de la Comunidad Educativa en la Legislatura porteña planteó que en algunas escuelas se levantaban las tomas “no porque estemos cansados, no porque haya terminado” sino porque “bien cargadas de esta lucha nos vamos todas las pibas al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en San Luis a seguir discutiendo cómo nos vamos a seguir organizando”. La vocera del colegio Rodolfo Walsh concluyó: “Hay que llevar la lucha y nuestros reclamos a San Luis porque para ajustar la educación no hay grieta, porque el ajuste que vivimos en la Ciudad se está viviendo en todo el país. Hace unos años se votaron en el Consejo Federal de Educación estas prácticas laborales que hoy en día estamos denunciando, por lo que la Ciudad de Buenos Aires está funcionando como una prueba piloto de lo que se quiere llevar a cabo en todas las provincias. Así que los secundarios de CABA pueden ser el ejemplo a seguir de una lucha que se tiene que desarrollar a lo largo de todo el país para seguir defendiendo nuestra educación”.