Por Johnatan Fuentes Militante de Corriente Amaru/MUP (Perú)
Han transcurrido más de 6 meses desde el golpe contra el presidente Pedro Castillo y la instauración de un régimen ilegítimo y autoritario, encabezado por Dina Boluarte, que ha desplegado una represión brutal contra el pueblo en pie de lucha. El estado peruano ha perpetrado masacres en Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho, epicentro de la rebelión popular contra el golpe parlamentario y el régimen de Boluarte, desde diciembre de 2022 hasta la actualidad.
Crónica breve de la rebelión popular
En los primeros días de febrero de 2023 se conformó una coordinadora con el objetivo de centralizar y articular a las organizaciones populares que protagonizan el proceso de lucha. El Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP) integró a las representaciones de las regiones del sur andino y, en menor medida, al macro oriente, macro norte y Lima. Como suele pasar, el fenómeno espontaneísta de los autoconvocados, con sus ventajas y debilidades, impregnó estas jornadas de lucha en la capital, ante la debilidad y vacilación de las organizaciones sociales tradicionales y las centrales sindicales.
La “Toma de Lima” es la denominación acuñada a las jornadas de lucha de las delegaciones regionales, que llegaron a la ciudad capital a mediados de enero, para hacer sentir la impugnación hacia el régimen de Boluarte. Estas grandes movilizaciones se realizaban dos o tres veces al día y partían de las zonas periféricas de Lima hacia el centro, donde se encuentran las principales instituciones del estado peruano.
El desborde de la rebelión popular tiene como sujeto central a los pueblos aymaras y quechuas, quienes durante la primera y segunda “Toma de Lima” sufrieron más descarnadamente el peso de la persecución estatal. Lima, centro del poder oligárquico, fue rebasada por las clases populares del interior del país, que no han logrado convocar a más franjas de los sectores empobrecidos de Lima, salvo los núcleos de activistas.
A partir de marzo, las delegaciones retornaron a sus regiones, evidenciándose un reflujo del proceso de lucha. Mientras, en Puno, las movilizaciones continuaron con bastante persistencia y tenacidad, incluso hasta abril. Por otro lado, la economía familiar se vio afectada por el uso de los recursos para poder sostener la lucha en Lima y las regiones, lo cual hacía inviable mantener las movilizaciones en Lima muchos meses más, sobre todo cuando el peso organizativo recaía en las delegaciones regionales.
La tercera toma recién empieza
Entre los meses de mayo y junio se realizaron encuentros interregionales para sacar balances y lecciones de la rebelión popular y generar las condiciones para continuar la lucha a partir del mes de julio, o lo que ahora han denominado la Tercera Toma de Lima, en reivindicación de las heroicas jornadas de lucha de diciembre a febrero.
A nivel organizativo, la CONULP sufrió una escisión entre los sectores que plantean la unidad con las organizaciones sociales tradicionales y las centrales sindicales, y los sectores que creen suficiente la composición fundacional de la coordinadora. Este primer sector ha impulsado el Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) por acuerdo del encuentro nacional del 1 y 2 de julio, integrando a las direcciones sindicales y organizaciones sociales tradicionales, bajo el liderazgo del vocero regional de Puno, Lucio Callo, entre otros voceros de las regiones. El segundo sector ha quedado bajo el liderazgo del vocero alterno de Apurímac, espacio que ha priorizado las críticas a las centrales sindicales y la izquierda reformista.
El trasfondo de la escisión tiene que ver con el debate sobre las consignas a levantar para la salida política de la crisis peruana. Aunque ninguno de los dos sectores ha aprobado formalmente la consigna de restitución del presidente Castillo y tampoco la consigna de adelanto de elecciones, la CONULP aprobó la consigna de Liberación de Castillo y varios de sus voceros están a favor de la restitución de Castillo, mientras la CNUL plantea la libertad de los presos políticos y tiene voceros abiertamente a favor del adelanto de elecciones como prioridad en la plataforma de lucha.
Las movilizaciones de la Tercera Toma de Lima se convocaron para el 19, 27 y 28 de julio. La jornada de lucha del 19 de julio fue masiva y plural, ya que se movilizaron clases medias, líderes de opinión pública y partidos liberales burgueses, además de las clases populares que provienen principalmente de las regiones. Mientras que el 27 y 28 de julio se movilizó principalmente el núcleo duro de la rebelión popular, que se ha politizado y levanta la consigna de la asamblea popular constituyente. En las tres fechas hubo varios detenidos de forma arbitraria y una represión policial acorde a la magnitud del pueblo movilizado. Se ha programado para octubre las próximas jornadas de lucha, entendiendo el desgaste del pueblo en lucha y la necesaria tarea de recuperar fuerzas para volver al combate popular.
El proceso de politización de las clases populares del Perú es un salto de calidad, consecuencia de la propia rebelión popular que ha logrado reflejar en las encuestas la opción de una nueva constitución mediante una asamblea nacional constituyente. La articulación lograda a través de la CNUL no está exenta de tensiones, pero logra ser el mejor canal para presionar a las centrales sindicales y la izquierda reformista a volcarse a la lucha, en vez de alejar a las mayorías populares de los sectores combativos de la lucha contra Boluarte.
El debate central en el movimiento popular
En los últimos meses, el debate sobre las consignas a levantar se ha profundizado con mayor fuerza ante el retorno a las movilizaciones. Es evidente que las bases sociales de Castillo fueron y son un componente importante de las movilizaciones, aunque no necesariamente mayoritarios. Esto se reflejó en en las actas de las asambleas macrorregionales, dónde la consigna de Restitución de Castillo no alcanzó consenso.
Al margen de las afiliaciones identitarias de nuestro pueblo movilizado, es central determinar el alcance táctico de las consignas que se levantan, considerando la correlación de fuerzas. El único gobierno progresista que pudo reponer a su presidente tras un golpe oligárquico fue el de Chávez en Venezuela, que contaba con el apoyo de sectores de las fuerzas armadas y las organizaciones populares que promovió, donde el tejido social era históricamente débil.
Diferenciándose incluso del ejemplo de Bolivia, donde, si bien la movilización popular logró derrumbar el gobierno ilegítimo golpista, no logró reponer en el cargo al presidente constitucional Evo Morales. Sin embargo, sí pudo arrancar unas elecciones a la dictadura de Jeanine Añez, lo que reavivó los conflictos internos dentro del propio MAS y su gobierno progresista, signando un curso de gobierno más moderado, debilitado y económicamente liberalizado.
Castillo no se propuso fortalecer las organizaciones populares ni tampoco pudo ganar algún sector de las fuerzas armadas hacia un proyecto de cambios. Es ilusorio plantear como consigna central la restitución de Castillo, cuando incluso el derrocamiento de Boluarte se ha tornado más complicado de lo previsto. Desde el otro lado, los sectores de izquierda que priorizan el adelanto de elecciones como consigna, no toman cautela ante el riesgo de un pacto por arriba que frene la movilización popular con una concesión institucional.
Es fundamental defender que la Asamblea Popular Constituyente sea la consigna central. En el peor de los escenarios se podrá ganar autoorganización popular que retome la lucha en un período político siguiente. La restitución de Castillo o adelanto de elecciones no resolverán el problema y solo sería positiva si fuera fruto de una poderosa movilización popular que derribe a Boluarte y quiera ir más allá. Pero sobre todo, si lograra traducirse políticamente en un proyecto transformador más sólido que el populismo de baja intensidad y la izquierda reformista.