Cristian Sedó / Viviana Ríos
El gobierno aplica la doctrina del shock y, ahora también, del electro-shock
Mientras que el gobierno de Milei destruye el lazo social sumiendo al pueblo en la pobreza y la indigencia, dejando a miles de familias sin el salario complementario que aporta el programa “Volver al trabajo”, reprime a los movimientos sociales, desabastece los comedores y produce un industricidio, genera las condiciones ideales para que, desarmada la organización comunitaria, crezca la soledad relacional como mal que aqueja a todos los grupos etarios de nuestro pueblo, la violencia y el narcotráfico en los barrios.
En este contexto, el ataque a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 cumple un rol estratégico: además de enriquecerse por medio del financiamiento del narco —como quedó a la vista de todxs con el caso Espert— a costas de la emergencia social que genera este plan de miseria planificada, busca criminalizar a las personas que padecen y encerrarlas en manicomios como hace más de 200 años.
Uno de sus principales objetivos es desentenderse de la responsabilidad de las condiciones que generan estos padecimientos. La Ley 26.657 “reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. En este sentido, intentar cambiar la denominación de “padecimiento mental” —como dejaron trascender sus voceros— no implica sólo una cuestión semántica, sino que busca individualizar y estigmatizar a la persona que padece, quitándole peso a los atravesamientos sociales, económicos y culturales, y excusando al Estado de tener que brindar garantías y derechos en su intervención.
Sobre las internaciones
A su vez, la posibilidad de “internar preventivamente” según historial de salud —como circula hoy en los medios— no sólo etiqueta y discrimina a la persona, sino que reduce sus procesos de salud a un diagnóstico. La internación por “antecedentes” actualmente se encuentra prohibida por la Ley de Salud Mental, buscando que el equipo de salud evalúe la singularidad del sujeto y no construya etiquetas en función de sus padecimientos.
Uno de los puntos que generó mayor debate desde la promulgación en 2010 de la actual ley, tuvo que ver con las internaciones involuntarias. La Ley 26.657 establece que sólo deben llevarse a cabo en caso de presentar “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, jerarquizando el lugar de las internaciones voluntarias en Hospitales generales y promoviendo el cierre de los manicomios. Pero el gobierno y sectores afines tomaron una demanda existente en la sociedad —producto de los obstáculos que la política económica ha presentado en su real implementación— y difundieron la idea de que la internación involuntaria no es contemplada por la ley. Tomando este punto como ariete de la discusión, se proponen arrasar con toda una perspectiva de derechos que pondera la dignidad y la autonomía de las personas, para devolverle al lobby de los laboratorios y el modelo médico hegemónico el control sobre las decisiones referidas a los tratamientos e internaciones, volviendo a relegar el lugar de lxs demás trabajadorxs de la salud mental —trabajadorxs sociales, terapistas ocupacionales, psicólogxs, acompañantes terapéuticos, etc— al de meros auxiliares en este contexto de ajuste sobre la salud pública.
La posibilidad de reabrir instituciones “especializadas” no apunta promover la atención adecuada para una problemática de salud mental, sino a instalar que los usuarios son “peligrosos” y por eso deben ser aislados del resto de las problemáticas de salud. La no apertura de manicomios y la política por el cierre de los mismos en Argentina es un hito que no arranca con la Ley de Salud Mental, sino con el movimiento por la desmanicomialización que la precedió e instaló en la agenda pública. Este movimiento internacional y humanitario busca poner sobre la mesa que no se resuelven las problemáticas de una sociedad desigual encerrando a los portavoces del efecto de esa desigualdad.
Una derrota subjetiva
Así, la estrategia de esta derecha fascista no es solo la de producir una derrota material sino también subjetiva. No solo buscan un pueblo hundido en la pobreza sino que también intervienen sobre nuestra manera de pensar, sentir y vincularnos. Quieren consolidar un modelo de sujeto esencialmente individualista y despojado, que no se reconozca a partir de sus condiciones materiales, históricas, de clase, étnicas o de género, sino que piense que sus crecientes problemas son pura y exclusivamente individuales, cortando todo lazo de solidaridad, algo característico de nuestros pueblos. Y sobre todo, que el agotamiento subjetivo logre que no nos rebelemos ante la injusticia.
El plan de este gobierno tiene como objetivo que vivamos en la miseria, que estemos aisladxs, que lxs pibes de los barrios populares sean soldadxs del narcotráfico, dinamitar a la clase media y que, la que quede, consuma pastillas como única forma de tapar su sufrimiento —esto es diferente al uso que se les puedas dar en el marco de un proceso terapéutico—. Porque así como este plan de ajuste no cierra sin represión, tampoco cierra si se fortalecen los lazos sociales y la organización comunitaria. Porque nos necesitan padeciendo en soledad para que no respondamos organizadamente frente a la devastación que producen. Por eso, al encierro por tiempo indeterminado y al manicomio le decimos ¡Nunca Más!