A pocos días de asumir, la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que iba a incumplir los acuerdos que los movimientos sociales habían alcanzado con el ministro anterior. Pocas horas después, el presidente Alberto Fernández aparece en la escena pública para firmar un decreto que plantea el congelamiento de la planta de los diferentes programas de empleo que reciben familias desocupadas en nuestro país. Si bien el presidente ha perdido peso en la imagen pública todavía “utiliza la lapicera”, en este caso, para recortar a les que menos tienen.
El gobierno de Alberto Fernández cada vez tiene un rumbo más definido. Si al inicio de su gobierno fueron parte de las discusiones públicas la posible expropiación de Vicentín y la querella criminal contra la deuda, hoy el pago al FMI, los salarios a la baja y el recorte a los que menos tienen son la principal cara. Estos cambios se expresan de manera clara en los recambios de gabinete, en los cuales los elementos más “progresistas” que supo tener la alianza de Frente de Todos han presentado su renuncia y en su lugar han quedado figuras ligadas al massismo y al albertismo.
Es importante también mencionar el método que utiliza para el recorte: el decreto. Esta es una figura legal que no ha utilizado para ningún tipo de medida que implique transferencia de recursos de los sectores más concentrados a los sectores populares. Incluso, esas medidas cuando existieron, como el impuesto a las grandes fortunas, han sido pasadas por Congreso a diferencia de este caso.
Desde el mismo Ministerio de Desarrollo Social se profundiza una línea de ataque a los movimientos sociales. Emparentándose con los discursos de los principales medios hegemónicos sobre los “vagos” y “planeros” se cuestiona cómo las organizaciones sociales manejan sus recursos. En una estrategia clara pero peligrosa ponen ese debate por encima de discutir los números reales de pobreza e indigencia del país y estrategias para la generación de empleo. Hoy los números de indigencia de nuestro país alcanzan el 8,8% y la pobreza 36,5% y el oficialismo no discute ningún programa de empleo que permita sacar a las familias más pobres de Argentina de esta situación. Estos discursos allanan el camino a la derecha para implementar medidas de ataque de fondo a los movimientos sociales que representan la organización cotidiana del pueblo en los territorios.
A diferencia del discurso oficial, es necesario destacar que los planes representan una materia presupuestaria “baja” en comparación a grandes gastos que tiene el gobierno. Los grandes grupos económicos de nuestro país como Panamerican Energy, Mercado Libre, Laboratorio Roemmers, Molinos Ríos de la Plata o Techint reciben enormes beneficios fiscales, al igual que los sectores sojeros y otros para los cuales se han conformado dólares “especiales”. Por eso, sin desconocer la importancia de la realidad concreta, hay que discutir que la pobreza e indigencia no son meramente problemas económicos si no políticos.
Estos sectores mencionados se han enriquecido en la pandemia mientras que les trabajadores que se nuclean en organizaciones sociales han puesto el cuerpo en los comedores, merenderos, espacios de salud y educación con riesgo de contagio y muerte. El gobierno debe reconocer el rol que jugaron durante la pandemia y el que juegan todos los días para la subsistencia cotidiana en los barrios populares. Los planes sociales lejos de ser el fin último de las reivindicaciones de las organizaciones piqueteras son una conquista parcial conseguida a partir de la lucha popular. Históricamente los movimientos sociales pelean por trabajo digno y lo siguen haciendo.
A esto se le suma la situación de desabastecimiento en los comedores populares que ha tenido el rechazo de todo el arco de los movimientos sociales, el conjunto de la UTEP y la Unidad Piquetera. La ministra Tolosa Paz anunció que solo habrá una entrega de comida hasta fin de año, otro gesto que expresa la orientación política que se profundiza en el Minsterio. Ante eso decimos: el hambre y las niñeces no pueden esperar.
Bajo esta situación, desde Poder Popular acompañamos el plan de lucha convocado por la Unidad Piquetera para el Jueves 10 de Noviembre con permanencia en Desarrollo Social. Defendemos la más amplia unidad en la calle de todos los sectores contra el hambre, la pobreza y el ataque a los movimientos sociales.