Frente a un panorama en el que parece no haber oposición al ajuste a través de la inflación que impulsa un Gobierno nacional que cumple escrupulosamente con lo establecido en las oficinas del FMI, una parte importante de los docentes de las Universidades nacionales rechazó la propuesta salarial oficial y esta semana lleva adelante paros y jornadas de visibilización.
En el centro del conflicto está el rechazo a un nuevo acuerdo salarial que consagra el ajuste y profundiza la pérdida de poder adquisitivo, otra entrega por parte de las conducciones burocráticas de las federaciones que forman parte de la mesa paritaria con el Gobierno. La aceptación de una nueva paritaria a la baja tiene como responsables a CONADU (la organización de mayor representación y, por lo tanto, más responsabilidad), CTERA, FEDUN, FAGDUT y UDA (algunas muy poco representativas), que el pasado 10 de marzo avalaron una propuesta que tenía un fuerte rechazo de las bases docentes.
Entre las organizaciones que encabezan la oposición a esta entrega se encuentran CONADU Histórica (que cuenta con 27 asociaciones de base) y el Frente de Asociaciones de Base (FAB, formado por 14 asociaciones disidentes de CONADU). Estos espacios sindicales rechazaron el acuerdo y desde marzo vienen impulsando medidas de fuerza con distintas modalidades y duración.
Un acuerdo inaceptable
Lo que parte de las representaciones en la mesa paritaria terminaron aceptando consolida una caída del poder adquisitivo, que durante los tres años del gobierno de Alberto Fernández acumula una pérdida de 14% respecto del salario de septiembre de 2019. Así se consolida el ajuste de 35% respecto al salario de diciembre de 2015 que realizó el gobierno de Mauricio Macri.
Además, el esquema con el que se implementa la recomposición hace que tengamos una pérdida mensual de masa salarial. Esto se debe a que los aumentos en cuotas no se aplican todos los meses y no son acumulativos. Este año, nuevamente el acta salarial establece un incremento de 30% en cuotas, calculado sobre el salario cerrado en la paritaria de 2022, con una primera cuota de 16% a cobrar en marzo y otras de 7% en mayo y junio. Según los términos vigentes en el acta acuerdo, en abril no habría recomposición.
A menos de un mes de firmado el acuerdo del 10 de marzo, la inflación intermensual del 6,6% en febrero y 7,7% en marzo, junto a los paros desplegados por una gran parte de asociaciones de base de las universidades de todo el territorio nacional, obligaron a la mesa ejecutiva de CONADU (liderada por Carlos De Feo) a pedir el adelantamiento de la revisión del acuerdo prevista para junio. El cuestionado acuerdo no podía ser sostenido con decisiones burocráticas para ocultar la grave situación económica de aquellos que viven únicamente de un salario.
El deterioro de los ingresos que sufre la docencia universitaria y preuniversitaria queda en evidencia en un estudio del Laboratorio Salarial de la Docencia Universitaria, que (https://linktr.ee/lsdu) calcula que la pérdida salarial acumulada entre el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de enero de 2023 equivale a casi 25 salarios actuales. Tomando como referencia el salario de un cargo de JTP con dedicación semi-exclusiva y 20 años de antigüedad, esto equivale a unos $3.500.000, aproximadamente el valor de un automóvil 0Km (Citroen C3, Toyota Etios o Fiat Mobi) a precios de enero de 2023.
Ruptura en CONADU
En lo que hace a la oposición a la entrega, el dato relevante es la mayor presencia del FAB, que nuclea a sindicatos de las universidades nacionales de Avellaneda, Mar del Plata, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Nordeste, Chaco Austral, San Juan, Río Cuarto, Jauretche, José C. Paz, Rosario, Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, Córdoba, UNIPE y General Sarmiento.
En un reciente panel de debate con representantes del FAB durante un encuentro en Rosario, se enunció la voluntad de ruptura con CONADU y la apertura de un proceso para construir otra herramienta federativa entre las asociaciones del este Frente. Desde Poder Popular valoramos como positivo este paso, en tanto y en cuanto rompería con la dinámica de firma automática de paritarias que caracteriza a CONADU. Al mismo tiempo, sería importante fortalecer la propuesta del FAB con un encuentro de base que, en primer lugar, amplíe la voluntad de superar el modelo sindical de CONADU y permita revertir el estado de desmovilización y resignación actuales. Asimismo, es fundamental profundizar la articulación y coordinación con CONADU histórica como vía para derrotar el ajuste que desde hace varios años asola al sistema universitario nacional.
Repudiar y denunciar los aprietes patronales
También consideramos necesario denunciar las medidas y amenazas recibidas por la docencia en lucha en algunas universidades. Buscando amedrentar y disciplinar la voluntad de resistencia de los docentes, las autoridades de las Universidades de Cuyo, Córdoba y Buenos Aires anunciaron (y en algunos casos concretaron) descuentos salariales por los días de paro, principalmente en colegios preuniversitarios como el Monserrat de Córdoba, el Carlos Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires (UBA). También circularon versiones de supuestos descuentos en otras universidades, todo lo que constituye una reacción frente a la gran voluntad de lucha manifestada por las bases docentes.
En ese sentido, es importante exigir un posicionamiento claro en relación con estos descuentos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores/as de las universidades nacionales. Quienes integran ese organismo no sólo son parte representativa de la patronal (junto con el Gobierno nacional, como lo indica el Convenio Colectivo de Trabajo) sino que también tienen cuota una de responsabilidad más general, ya que el 30 de enero de 2022 le dieron su “beneplácito” al acuerdo con el FMI, confiando en que “no afectaría el presupuesto para la educación superior”. Por eso ahora no pueden hacer la vista gorda y deben manifestarse con claridad para garantizar que se respeten el derecho de “petición a las autoridades”, el “derecho a huelga” y los derechos de acción colectiva gremial consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El sentido de la lucha
Lo que está en juego, una vez más, es la defensa de la universidad pública, libre y gratuita. Porque cuando el Estado no cumple con sus compromisos de sostenerla frente al resurgimiento de ideas neoliberales mercantilistas que sostienen que el conocimiento es un bien transable y comerciable, reaparecen las ideas privatistas, de arancelamiento y restrictivas. Por lo tanto, la lucha de docentes e investigadores de las universidades y colegios preuniversitarios es una pelea de todo el pueblo en defensa de un derecho tan inalienable como la educación, con su financiamiento correspondiente.
¡Todo el apoyo a la huelga docente de las universidades en defensa de su trabajo y la educación pública!