por Migue
Conmemorar los 50 años del golpe de Estado en Chile nos pone ante la urgente necesidad de reflexionar en torno a la memoria y los usos que se hace de esta. A la vez, se vuelve el momento adecuado para hacer ciertos balances respecto de la situación de impunidad hacia los violadores de los derechos humanos de la revuelta de 2019, amparada en la complacencia del gobierno de Boric, que desde el inicio sostuvo la política represiva del mandato de Sebastián Piñera.
En una de sus definiciones sobre memoria, la politóloga argentina Pilar Calveiro señala que “La memoria opera como puente que, articulando dos orillas diferentes, sin embargo las conecta. Al hacerlo nos permite, como acto central, recordar aquello que se borra del pasado, o bien se confina en él, precisamente por sus incómodas resonancias con el presente”[1]. Es decir, separar la memoria del presente es un acto imposible a partir de las sistemáticas reinterpretaciones que se hace del pasado. La memoria requiere un ejercicio constante, una vigilancia y una disposición a su defensa. Es importante entender la memoria como un motivo de disputa. En resumidas cuentas, exige un posicionamiento, que en palabras de Calveiro, nos conecte desde nuestra orilla en que estamos situados en el presente, con la otra orilla del puente que representa nuestro pasado. Ahora bien, cabe preguntarnos ¿sobre qué cimientos está construido ese puente? ¿Cuáles son los pilares que sostienen la memoria a 50 años del golpe de estado en Chile? ¿Qué reinterpretaciones y que usos se le está dando a la memoria en el presente? ¿Qué posicionamientos asumió el gobierno de Boric frente a estos 50 años? Las preguntas anteriores nos permiten dinamizar un debate de relevancia en el contexto actual donde las ultras derechas y el fascismo han avanzado en su posicionamiento a nivel global.
Las conmemoraciones organizadas por el gobierno chileno no estuvieron exentas de polémicas. La designación del escritor Patricio Fernández como coordinador de la comisión que estaría a cargo de llevar adelante los actos de conmemoración estuvo cargada de conflictos tanto al interior de la coalición de gobierno como por la desconfianza desde los organizaciones de Derechos Humanos, por la “Red de sitios de memoria” y de familiares de las víctimas por violaciones a los Derechos Humanos. Recién en julio pasado, y luego de siete meses de trabajo y a tan solo dos meses de la conmemoración de los 50 años, Fernández tendría una salida escandalosa de dicha comisión luego de declarar en un programa radial que “la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió, o cuáles son las razones, o cuáles fueron las motivaciones para el golpe de Estado, eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar con todo el ímpetu es qué sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”, dejando la puerta abierta a los sectores que justificaron el golpe de estado y que lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Dejando la puerta abierta al negacionismo y al discurso de la derecha que busca instalar una separación del golpe de estado de “lo que vino después”. ¿Acaso dichas declaraciones son el producto de la inexperiencia política?¿O es la firme y clara decisión de un gobierno que abandona las causas históricas de las distintas organizaciones de Derechos Humanos y espacios de memoria en favor de sostener un “consenso democrático” a la medida de la derecha? Marcelo Acevedo, coordinador de la red de sitios de memoria, fue enfático en condenar sus dichos, señalando que no es posible separar ambos hechos porque “el primer acto de tomar el Gobierno ya es una violación a los derechos humanos”. Más de 160 agrupaciones, entre ellas Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Red de Sitios de Memoria expresarían su repudio a dichas declaraciones[2].
Otro hito polémico del contexto de conmemoración de los 50 años del golpe fue el lanzamiento por parte del gobierno del Plan Nacional de Búsqueda. Según señala la página del gobierno, el plan busca “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada”. Y si bien ha existido una cierta valoración por la voluntad política, dicho plan está inmerso en una serie de contradicciones. Según señala el un artículo publicado por el sitio web del espacio de memoria “Londres 38”, la cantidad de recursos para realizar labores de búsqueda y reparación ha ido en una constante recesión. “Según datos entregados por el propio ministerio de Justicia, desde su traspaso del ministerio del Interior a la Subsecretaría de Derechos Humanos, en 2017, la dotación de personal del Programa de DD.HH. ha ido disminuyendo. Si bien estos cambios comenzaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, lo concreto es que de 65 personas se pasó a 44 funcionarios, debido a que fueron desvinculados o reasignados a otras funciones de la Subsecretaría. Y en lo que va de 2023 el Programa ha perdido cuatro profesionales. Al mismo tiempo, actualmente en el equipo del PNB solo hay cinco personas contratadas a honorarios. En estas condiciones no es posible avanzar en el PNB si el Estado, en lugar de fortalecer las instituciones que trabajan en el cumplimiento de este, las debilita.”[3] A esto se suman algunos otros datos: por una parte la decadencia del diseño organizacional de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones debido a la eliminación de la Jefatura Nacional de Delitos contra la Personas y los Derechos Humanos; la falta de profesionales expertos/as en identificación en el Servicio Médico Legal; y finalmente la falta de claridad sobre el impacto presupuestario que tiene el Plan Nacional de Búsqueda. Según señala Natalia Chanfreau, vocera de la organización H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia, Contra el Olvido y el Silencio), “Desconocer cuál es el monto que se está asignando al plan, deja la incertidumbre respecto a la envergadura de si, efectivamente, esto se ha planteado como una política pública”. Cabría preguntarnos entonces, más allá de las declaraciones de buenas intenciones y los simbolismos que han rodeado al gobierno de Boric desde que asumió ¿hasta qué punto está perpetuando una política de Estado que sobrepone la impunidad a la búsqueda de justicia? Karina Fernández, abogada del espacio de memoria “Londres 38” es enfática en señalar que “a más de un año de este gobierno, no hemos encontrado, no hemos iniciado un plan concreto de búsqueda, no tenemos archivos desarchivados, no tenemos acceso a la verdad de lo ocurrido y, por lo tanto, hay un incumplimiento de una obligación estatal. Cuando es así, lo que hay es una infracción y se incurre, por tanto, en lo que se conoce como una responsabilidad internacional. Una política pública sobre la desaparición forzada es un deber legal, político y ético, no solo moral”.
No solo han existido profundas inconsistencias en cuanto a las políticas de memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición. El desempeño que ha tenido el actual gobierno en la represión de la protesta social da cuenta de una continuidad respecto al gobierno de Sebastián Piñera. Las declaraciones de Boric durante la semana pasada, en las cuales señalaba estar convencido que “Piñera es un demócrata”, no son más que un reflejo del rol que viene a cumplir en el ciclo político actual: sostener el bloque de poder a como dé lugar y restaurar el orden configurado desde la dictadura militar. Claro ejemplo de lo anterior fue la aprobación en el congreso en abril pasado de la “ley Nain Retamal”, la cual da rienda suelta a las policías para el actuar represivo. Y el rol del gobierno en este contexto fue patético: hicieron un llamado a votar a favor de la ley en la Cámara de Diputados, pactando con la derecha una reformulación de “legítima defensa privilegiada” que fue aprobada ampliamente. Uno de los hechos más controversiales es que esta ley tiene un carácter retroactivo, por lo que en estos meses de entrada en vigencia, ha permitido dejar en libertad a una serie de agentes tanto militares como policiales, responsables de violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado. Cabe señalar que incluso el jefe de la ONU para los derechos humanos en América del Sur, Jan Jarab, declaró que dicha ley “No se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos”. El mismo Boric, que en sus debates de campaña apuntara con su dedo a Piñera con la grandilocuente frase “señor Piñera, está avisado”, en una suerte de amenaza de persecución a Piñera como el responsable de las violaciones a los Derechos Humanos en la revuelta de octubre y noviembre de 2019, hoy se diluye en la agenda represiva, e incluso profundizándola.
Otro ejemplo: como cada año, se organiza una marcha-romeria con motivo de la conmemoración del golpe de Estado, que va desde el centro de Santiago hasta el Cementerio General ubicado en la comuna de Recoleta. En una muestra clara del carácter represivo del gobierno y en un acto de censura a la libertad de manifestación, ¡entregaron credenciales para marchar! El hecho ocurrió luego que a principios de septiembre “la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, la fuerza represiva policial y algunas organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos, citaron a reunión a diferentes agrupaciones y colectivos para informarles que este año, con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe fascista cívico-militar, la marcha popular del día domingo 10 de septiembre hacia el Cementerio General iba a ser cercada por un perímetro policial en la Alameda, ofreciendo credenciales para que puedan ingresar al sector cercado solamente a aquellas colectividades autorizadas, impidiendo el paso a organizaciones populares e individualidades no cooptadas por la institucionalidad”[4]. En un acto nunca antes visto y como una metáfora de su propio actuar, el gobierno tendió un cerco en la memoria. Entre las memorias de aquellos que avalan el consenso propiciado desde el bloque de dominación, excluyendo, criminalizando y reprimiendo a aquellos sectores que se manifiestan en rebeldía frente a las políticas restauradoras de Boric. Tal como señala la declaración antes citada, “el negacionismo va mucho más allá de pretender invisibilizar las atrocidades del pasado perpetradas por agentes del Estado, sino que tiene que ver también con los intentos del poder opresor y sus cómplices para ocultar una memoria viva, rebelde, que se resiste a ser confinada en museos y actos oficiales”.
Llegamos a un nuevo 11 de septiembre con la memoria intacta. Atentxs frente a las envestidas de los discursos del progresismo carentes de contenido. No olvidamos que lxs que murieron luchando, tanto en dictadura como en esta democracia represiva, murieron defendiendo un proyecto. Eran militantes de ideas que buscaban transformar el sistema de dominación capitalista, militantes que soñaron y lucharon por un mundo distinto, un mundo para todxs y no para unxs pocxs.
A 50 años del golpe en Chile
Honor y gloria a lxs caídxs en dictadura y en democracia.
Ni olvido ni perdón.
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Migue, Buenos Aires, Septiembre de 2023
[1] Pilar Calveiro, “Los usos políticos de la memoria”, en: Gerardo Caetano (comp.), Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2006, p. 378.
[2] https://www.pagina12.com.ar/565277-renuncio-el-coordinador-del-50-aniversario-de-golpe-de-estad
[3] https://www.londres38.cl/1937/w3-article-109448.html
[4] https://elporteno.cl/en-escandalosa-maniobra-represiva-el-gobierno-otorgara-credenciales-a-quienes-autorice-para-marchar-en-conmemoracion-a-los-50-anos-del-golpe-esto-es-fascismo/