La Marcha Federal del 15 de octubre ya es mucho más que una movilización universitaria. Poco a poco, en las calles, en los lugares de trabajo y en el debate público, va quedando claro que expresa la unidad de todos los sectores que enfrentamos las políticas de ajuste, entrega y desmantelamiento del Estado impulsadas por el Gobierno de Milei.
La lucha de las universidades públicas se ha convertido en uno de los símbolos de la resistencia frente a un proyecto político que pretende transformar profundamente la sociedad argentina. Pero el ataque a la universidad no es un hecho aislado. Forma parte de una ofensiva mucho más amplia contra los derechos laborales y sociales, la educación pública, que ya agoniza en todos sus niveles, la producción nacional, el sistema científico y tecnológico, los servicios públicos y la soberanía económica y territorial de nuestro país.
Por eso, este 15 de octubre no marchamos solamente quienes trabajamos o estudiamos en las universidades. Marchamos junto a las personas con discapacidad y sus familias, lxs trabajadorxs del Estado, de la industria y los servicios, lxs jubiladxs, lxs científicxs, lxs estudiantes y todos aquellos sectores que ven afectados o amenazadas sus condiciones de vida y sus derechos.
La educación superior pública es una conquista histórica del pueblo argentino. Su carácter gratuito, su desarrollo territorial y su capacidad de producir conocimiento científico y tecnológico son el resultado de décadas de luchas sociales, estudiantiles y de trabajadores. No son concesiones de ningún gobierno. Son derechos construidos colectivamente que tenemos la responsabilidad de defender y ampliar.
Y defender la universidad pública significa también defender el país en el que esa universidad debe desarrollar su tarea. Porque no puede haber un proyecto de universidad pública al servicio del pueblo en una Argentina que renuncia a su desarrollo productivo, que destruye puestos de trabajo, que desfinancia la investigación científica y que profundiza su dependencia económica y tecnológica.
El DNU 70/2023: un programa de transformación regresiva
El DNU 70/2023 constituye una de las expresiones más claras del proyecto económico y social que impulsa el Gobierno nacional.
Bajo el discurso de la libertad económica y la eliminación de regulaciones, el decreto avanzó de manera conjunta y sistemática sobre un conjunto de leyes que establecían mecanismos de protección de la producción nacional, regulación de los mercados, derechos laborales, acceso a la vivienda y resguardo del patrimonio territorial.
No se trató simplemente de eliminar trámites burocráticos. Se derogó la Ley de Compre Argentino, que promovía la participación de proveedores nacionales en las compras públicas. Se eliminaron la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, que otorgaban al Estado instrumentos de intervención y regulación frente a la concentración económica. Se derogó la Ley de Alquileres, ampliando la libertad contractual en un mercado donde propietarios e inquilinos no cuentan con el mismo poder de negociación.
También se avanzó sobre la Ley de Tierras, eliminando los límites nacionales a la propiedad extranjera de tierras rurales. Una medida particularmente significativa en un país donde la disputa por los bienes comunes naturales, el agua, la energía y el territorio constituye una dimensión central de la soberanía.
En materia laboral, el decreto pretendió modificar derechos y garantías de los trabajadores, limitar aspectos de la acción sindical y flexibilizar las relaciones de trabajo. Aunque distintas disposiciones fueron suspendidas judicialmente, la orientación de esas reformas continuó por otras vías legislativas.
Todo ello fue impuesto mediante un decreto de necesidad y urgencia de extraordinaria amplitud, eludiendo inicialmente el debate parlamentario que corresponde a transformaciones de semejante magnitud. Su constitucionalidad ha sido objeto de fuertes cuestionamientos y decisiones judiciales. No podemos aceptar que la excepcionalidad se convierta en un mecanismo habitual para legislar sobre derechos fundamentales y sobre la organización económica del país.
La libertad de mercado no trajo desarrollo ni bienestar para las mayorías
Después de casi tres años de gobierno, corresponde confrontar sus promesas con las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo.
La desregulación económica, la apertura comercial, el ajuste fiscal y el debilitamiento de los instrumentos de promoción productiva no produjeron el desarrollo industrial y la prosperidad general que se anunciaban.
Muy por el contrario, numerosos sectores manufactureros enfrentan dificultades para sostener su producción y sus puestos de trabajo. La industria nacional debe competir con productos importados en condiciones profundamente desiguales, mientras el mercado interno se encuentra condicionado por la pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población.
El debilitamiento de la producción nacional no significa solamente el cierre de una fábrica. Significa pérdida de empleos calificados, de capacidades tecnológicas, de proveedores locales, de conocimientos acumulados y de posibilidades de desarrollo futuro.
Una economía que sustituye producción nacional por manufacturas importadas sin construir nuevas capacidades productivas puede profundizar su dependencia de las decisiones de grandes empresas y centros económicos internacionales.
El ajuste sobre la ciencia y la tecnología agrava esa situación. ¿Qué soberanía económica puede construirse si se desmantelan las instituciones encargadas de investigar, desarrollar tecnologías y formar a los profesionales que necesita el país?
Tampoco la desregulación resolvió los problemas de acceso a la vivienda. La eliminación de las protecciones legales para los inquilinos no garantiza, por sí misma, alquileres accesibles ni condiciones contractuales equilibradas.
Y mientras se presenta al Estado como un obstáculo para el desarrollo, se recortan o debilitan funciones públicas indispensables para garantizar derechos. La crisis del sistema de atención a las personas con discapacidad, las dificultades del sistema científico, el deterioro de los ingresos de jubilados y trabajadores estatales y el desfinanciamiento universitario forman parte de un mismo conflicto sobre el destino de los recursos públicos y las prioridades sociales.
No estamos frente a una discusión meramente administrativa sobre el tamaño del Estado. Estamos frente a una disputa sobre qué intereses debe proteger, qué derechos debe garantizar y qué proyecto de país debe contribuir a construir.
Derogar el DNU 70/2023 y enfrentar el conjunto de las reformas regresivas
La derogación del DNU 70/2023 debe formar parte de las demandas de esta nueva etapa de movilización.
Pero también debemos ser claros: no alcanza con derogar un decreto si permanecen vigentes otras leyes y disposiciones que profundizan la misma orientación económica y social.
Es necesario enfrentar el conjunto de reformas que debilitan los derechos laborales, la protección social, la producción nacional y la capacidad soberana para orientar el desarrollo económico. Y recuperar, mediante las medidas legislativas necesarias, las herramientas de protección que fueron eliminadas.
No se trata de defender acríticamente todo lo que existía antes de diciembre de 2023. Nuestro país arrastra problemas estructurales de desigualdad, concentración económica y dependencia que ningún gobierno ha resuelto definitivamente.
Se trata de impedir que esas dificultades sean utilizadas como justificación para avanzar hacia una sociedad todavía más desigual, con menos derechos y menor capacidad de decidir soberanamente sobre su futuro.
El 15 de octubre debe abrir una nueva etapa de lucha
La experiencia de estos años demuestra que las conquistas populares no se sostienen únicamente en los tribunales ni en los recintos parlamentarios.
La defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, como la de los derechos de las personas con discapacidad, muestra la importancia de la movilización social para conquistar leyes y exigir su cumplimiento.
Pero también evidencia los límites de las respuestas sectoriales y fragmentadas frente a un programa de transformaciones que afecta al conjunto de la sociedad.
Necesitamos que las luchas confluyan. Que la defensa de la universidad se encuentre con la defensa de la industria nacional, que los reclamos de los trabajadores estatales se articulen con los de los trabajadores del sector privado, que la lucha de las personas con discapacidad y sus familias se reconozca como parte de la defensa de los derechos sociales de todo el pueblo.
La Marcha Federal del 15 de octubre debe ser un punto de partida para construir esa unidad y profundizar un plan de lucha nacional capaz de enfrentar las políticas neoliberales del Gobierno.
Pero nuestra perspectiva no puede agotarse en resistir.
Necesitamos comenzar a construir una alternativa política y social que coloque en el centro el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo digno y la seguridad social. Un proyecto que recupere la producción nacional, fortalezca la investigación científica, defienda nuestros bienes comunes y permita decidir democráticamente sobre los recursos estratégicos del país.
Y, fundamentalmente, una perspectiva que reconozca el protagonismo de quienes, con su trabajo cotidiano, sostienen el funcionamiento de la economía y de la sociedad.
Porque son los trabajadores y trabajadoras quienes producen los bienes, brindan los servicios, educan, investigan, cuidan, transportan y hacen posible la vida social. No pueden seguir siendo considerados una variable de ajuste ni quedar excluidos de las decisiones fundamentales sobre el rumbo del país.
La construcción de una alternativa requiere su organización, su participación democrática y su capacidad de intervenir colectivamente en la definición de un proyecto de sociedad.
Este 15 de octubre marchamos por la universidad pública, pero también por mucho más: por la soberanía nacional, por los derechos conquistados y por el derecho de nuestro pueblo a construir otro futuro.
Por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de las leyes que garantizan los derechos sociales.
Por la derogación del DNU 70/2023 y la revisión de las reformas que profundizan la desigualdad y la dependencia.
Por la defensa de la producción nacional, el trabajo, la ciencia, la salud y la educación públicas.
Por la unidad de las luchas y la construcción de una alternativa desde los trabajadores y las trabajadoras.
¡El 15 de octubre, a las calles! La universidad pública, la soberanía y nuestros derechos se defienden colectivamente.