Por: Ana Paula Bellusci
Viejas discusiones, ¿mismas respuestas?
La discusión no es nueva, es de manera reiterada que los diferentes gobiernos ponen en escena el debate sobre la baja de punibilidad y qué sería lo correcto para lxs jóvenes. Lo que se podría traducir en buscar un culpable, “enfrentarlxs”, marginalizarlxs y llamarlxs de formas distintas, entre las que se encuentra de manera más común delincuentes. ¿Y quiénes son esxs delincuentes? Lxs llamados “pibes chorrxs”.
La preocupación ciudadana por la inseguridad otorga legitimidad a la sobreexposición de lxs jóvenes a situaciones de control por parte de la policía, incluso si esos controles se realizan sin más explicaciones que la sospecha basada en su apariencia, la famosa “portación de cara”.
Ahora bien, ¿qué es lo que legitima esta situación? Rodríguez Alzueta plantea que, “la pobreza o la desigualdad generan delito en contextos donde se fueron debilitando los consensos comunitarios y los vínculos entre las distintas generaciones, atravesadas por la cultura del consumismo”.
Frente a la situación actual que atraviesa nuestro país, es posible pensar que la culpa recaiga en los sectores más empobrecidos, donde nuevamente se pone en eje la criminalización de la pobreza. Martha Rodríguez, en un artículo presentado este año sobre la situación que atraviesa Paraguay, afirma que lxs pobres se consideran delincuentes potenciales y que, cuando este tipo de Estados intervienen en esto, se vuelve peligrosa la forma.
¿Cómo actúa el brazo armado del Estado frente a esto?
Patricia Bullrich, actual ministra de seguridad de la libertad avanza, hace poco dio una nota en donde vuelve a apuntar sobre lxs chicxs más jóvenes, de barrios pobres. Son estxs jóvenes quienes viven todos los días las desigualdades que este sistema perverso genera, poniéndolxs como lxs culpables, como peligrosxs.
Se podría pensar que esto quizá es para dar una respuesta a una parte de la población que los votó, pidiendo justicia frente a los hechos de inseguridad que sufren cotidianamente. Esto es una realidad, ¿pero son lxs llamados “pibes chorros” los responsables de esto? Los dichos de la ministra fueron que evalúan si bajan la edad a “14, 13 o 12 años, en base a la experiencia de países de la región en cada franja etaria (…) buscarán la pena máxima para delitos de sangre, mientras que si el acusado comete un delito menor, la intención será lograr que recapacite y no vuelva a incurrir en ilícitos”.
Ahora bien, la Sra. ministra viene presentando proyectos similares, por lo menos, desde el año 2012, en donde claramente se observa que realiza una asociación entre la pobreza y una cierta predisposición para la violencia, justificando así su postura de mano dura. A lo largo de diferentes años, Bullrich ha tenido diferentes puestos dentro de la política, que van desde ministra de Trabajo con De la Rúa (2000-2001) cuando le quitó un 13% a lxs jubilados, a ministra de Seguridad con el gobierno de Macri (2015), ocupando diversos lugares en gobiernos distintos, siempre demostrando una postura de derecha autoritaria y un profundo desprecio por lxs pobres.
Podemos pensar que desde que el gobierno de Milei asumió, no han tenido ninguna política en relación a cómo intervenir desde una forma más abarcativa, que pueda trabajar con lxs jóvenes y las familias en los barrios, apostando a la promo-prevención. Asimismo, desconocen o no quieren reconocer la situación real que viven en el cotidiano las familias que se encuentran en los barrios más pobres de la Argentina, apuntando nuevamente a un sistema punitivo. Es decir, castigo y violencia.
Me interesa poner en debate, ¿qué se esconde detrás de esto? Nuevamente, ¿son lxs “pibes chorrxs” los que generan la violencia? ¿Cómo se construye esa mirada hacia este sector de la población?
Con un creciente aumento de pobreza, con más del 50% de la población empobrecida y que ya no se puede ocultar, también crecen la violencia y los actos delictivos.
Ahora bien, la mayor parte de los delitos, que se demuestran por diferentes estudios y estadísticas realizadas, como las de UNICEF, por ejemplo, demuestran que estos robos son a propiedad privada. De ahí se desprenden los diferentes tipos de delitos: robo, robo en poblado y en banda, los cuales pueden ser robo con armas, robo de vehículo dejado en vía pública o en lugar de acceso público, robo con arma en lugar poblado y en banda, robo de automotor con armas, entre otros. Pensemos ahora, si es a la propiedad privada, ¿tendrá relación con el poco o nulo acceso al mercado de consumo por parte de estos sectores? Como plantean algunos autores, “el delito es una manera de permanecer aferrados a una cultura organizada a través del mercado. Un mercado que interpela a los jóvenes para que asocien su vida a determinados estándares de consumo que certifiquen llevar una vida juvenil”.
Entonces, si cada vez hay menos trabajo, y si para poder sobrevivir se tiene que tener múltiples laburos… algo no se ve, ni se siente bien para estxs jóvenes.
¿Dónde se cometen la mayor parte de los robos?
En mi trabajo de tesis, me enfoqué en la vida cotidiana de jóvenes que se encontraban en situación de encierro. Hasta el momento de las entrevistas, en muchos casos, se observaba que “las necesidades que atravesaron estxs jóvenes a lo largo de su vida tienen un impacto en la subjetividad y en sus capacidades simbólicas al momento de tener que resolver situaciones que produce la desigualdad social, viendo como única alternativa robar para sobrevivir”. No es que no exista otra alternativa posible, es que les han hecho creer que no la hay. ¿Qué pasa con un pueblo organizado?
Y es importante poder relacionar así, por ejemplo, cómo este hecho puntual de la baja de punibilidad de estxs jóvenes se puede asociar a los recursos que otorgaba el Estado, como los Planes Sociales. Una parte de la población sostiene que quienes perciben este tipo de dinero por parte del Estado no quieren trabajar, quieren recibir lo que les da el Estado y además roban. De esta forma es que se fragmenta la llamada cuestión social, separando lo social de lo económico, naturalizando así los conflictos sociales que emergen de esta situación socioeconómica que atraviesa una parte de nuestra sociedad. Pero, ¿no es el propio sistema el que genera que cierto sector de la población, los sectores populares, deban sobrevivir en base a estos programas de contraprestaciones? ¿Qué gobierno se ocupó de generar mayores puestos laborales como política de Estado para que esta masa pueda ingresar a la formalidad de un empleo en blanco?
Que una familia pueda darle de comer a sus hijxs, acceder a condiciones dignas en las cuales puedan vivir, y que además puedan sostener escolaridades, parece ser que cada vez se vuelve más un desafío en la Argentina, que ya viene de años de arrastre. Sumemos a este debate que, con los años, el acceso y la permanencia a la escolaridad se volvió cada vez más complicado y difícil, así como también a la salud, siendo que cada vez estos sistemas están más desfinanciados, con salarios miseria y recursos cortados.
Desde que asumió, este gobierno no generó una sola política social o pública que permita acceder a derechos ya conquistados históricamente a través de las luchas sociales. De lo único que se encarga es de generar mayor ajuste fiscal, tornándose imposible sobrevivir, ajustando a lxs que menos tienen y realizando una embestida a la cultura, educación y salud, tratando de deslegitimar todo lo construido. Poniendo en discusión, por ejemplo, sobre quiénes son las personas que reciben ayudas sociales y estigmatizando, realizando persecuciones políticas a quienes se encuentran día a día en los territorios, cortando planes, no repartiendo la comida a los comedores y echando la culpa al gobierno anterior, desviando de esta manera la discusión central: el pueblo no está comiendo. ¿Cuánto tiempo más van a durar estos discursos que pretenden construir de manera homologada?
Por otra parte, Kessler plantea que, cuando se habla de estigmatización territorial, se hace referencia al proceso por el cual un espacio queda reducido a ciertos atributos negativos, que aparecen magnificados y estereotipados, produciendo como resultado una devaluación o desacreditación social del mismo. Esto va construyendo, por ejemplo, algunos discursos hegemónicos desde medios de comunicación y generan en cierta población la exigencia del pedido de justicia. Exigen que el gobierno haga algo, y ese algo es encarcelar a lxs jóvenes que cometen estos delitos, descontextualizando los motivos iniciales que generaron que ese pibe cometa ese hecho.
Como bien menciono en mi trabajo, Tonkonoff define a estas prácticas juveniles como “estrategias de supervivencia”, donde refiere que personas que criminalizan a este sector se sustentan en frases como “roban zapatillas y camperas, no roban para comer”. En un mundo en el que para pertenecer y existir, se necesita demostrar que puedes tenerlo, ¿cuál es el costo?
Legitimar la violencia policial
Por otra parte, se puede pensar que se habilitan prácticas de violencia policial desde este gobierno actual, aplaudiendo, por ejemplo, la doctrina Chocobar, lo que podrían ser indicios de que este gobierno tiene la mano dura como política de Estado. Organismos de derechos humanos, como CORREPI, vienen denunciando hace años sobre los hostigamientos que sufren lxs jóvenes: “Estas prácticas se relacionan con el castigo, el abuso de autoridad, los casos de gatillo fácil, desapariciones forzadas, entre otras” (https://www.correpi.org/2024/archivo-2023-no-a-la-legalizacion-del-gatillo-facil/).
Finalizando, este tema abre varios ejes para debatir, dejando preguntas para llevar a la reflexión. La baja de punibilidad, ¿es la solución encerrar a jóvenes que, en muchas situaciones, son en realidad niñxs? ¿No favorece a la creciente criminalización de la pobreza? Si está comprobado que el encierro no sirve así como está dado, ¿cómo podemos pensar otro tipo de justicia para quienes cometen delitos juveniles? Existen otras maneras de pensar cómo abordar y trabajar esta situación y construir otro tipo de hacer política para intervenir frente a la crecida de discursos de odio y la mano dura como respuesta a un gobierno que nos está empobreciendo.
Este artículo trata de poner en cuestión lo que parece ser un discurso legitimado y aceptado por la mayoría de la sociedad, o que por lo menos desde el gobierno actual tratan de hacer creer e implementar.