El martes 20 de febrero comenzaron las audiencias de la última instancia judicial que enfrenta Julian Assange, fundador del sitio de filtraciones políticas Wikileaks, para evitar su extradición del Reino Unido a Estados Unidos bajo cargos en virtud de la ley de espionaje de 1917.
Estas acusaciones son más bien sostenidas en una persecución política que en un crimen legal, dado que se le acusa de haber ayudado a la informante Chelsea Manning a romper una contraseña para acceder a la red de inteligencia militar estadounidense y filtrar posteriormente 250 mil archivos sobre crímenes de guerra y torturas en Iraq, Afganistán y en la prisión ilegal de Guantánamo. Es importante señalar que Chelsea no necesitaba realmente romper ninguna contraseña, ya que trabajaba como administradora de dicha red y empleada de la inteligencia militar, con pleno acceso a la red y a los ordenadores de dicho organismo de espionaje.
Este proceso, plagado de irregularidades e ilegalidades, como la restricción al acceso a la asistencia legal en varios puntos del proceso, constituye un serio ataque contra las libertades de prensa, expresión y acceso a la información, buscando amedrentar a un periodista en defensa de los intereses de una potencia imperialista. Además, cabe remarcar que el trabajo llevado a cabo por Assange y sus colaboradores en Wikileaks ayudó a desvelar espionaje ilegal masivo, como los programas Echelon y Prism, así como casos de corrupción y ataques a la población civil. Además, recibió múltiples premios y nominaciones, incluido el premio al periodismo de The Economist y nominaciones al Premio Nobel de la Paz, colaborando la organización con medios periodísticos prestigiosos a nivel mundial, como Der Spiegel.
Por otra parte, según filtraciones de la CIA publicadas por Yahoo News, altos dirigentes de dicha agencia, junto con el ex secretario de Estado Mike Pompeo, planificaron tanto un posible secuestro como un asesinato del periodista australiano, calificando falsamente al sitio periodístico como “un servicio de inteligencia enemigo”. Más aún, ante la propia corte británica, los abogados del gobierno admitieron que, dada la naturaleza de los cargos, no podían asegurar que no se le decretara la pena de muerte y que no sería protegido por las garantías mínimas básicas de la constitución estadounidense para la libertad de expresión y la protección de periodistas en su Primera Enmienda.
Esto supone una clara ruptura de los acuerdos de garantías diplomáticas que el gobierno estadounidense firmó con los británicos para iniciar el proceso de extradición, y es una clara muestra de que no recibirá un juicio justo, puesto que según dicho gobierno, Assange no es un periodista y no es ciudadano estadounidense, por lo que las leyes de protección a la libre expresión de dicho país no se aplicarían. Es curioso entonces que las leyes por las que se le acusa de cometer ilícitos sí se apliquen a un ciudadano extranjero que, dicho sea de paso, no se encontraba tampoco en dicho país al “cometer esos delitos”.
Assange, que se encontraba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, fue apresado en 2017 después de que el gobierno de Lenín Moreno le retirara la protección brindada por el gobierno de Rafael Correa bajo el trato diplomático de que no sería extraditado si corría riesgo de ser sometido a la pena de muerte. Incluso la ONU se ha manifestado tanto por las irregularidades del proceso como en contra de la extradición, junto con innumerables organizaciones de periodistas a nivel mundial, entre ellas Reporteros Sin Fronteras.
Es importante recalcar que las condiciones de aislamiento e insalubridad a las que se encuentra sometido el periodista constituyen una forma de tortura que ya pone en peligro su vida, dado los informes médicos recientes que muestran que tiene graves afecciones cardíacas e incluso sufrió microaccidentes cerebrovasculares debido al estrés.
A fecha del 27 de marzo Assange ha logrado obtener un permiso para apelar su extradición por parte del tribunal supremo de Londres al requerir garantías sobre las condiciones de su detención en Estados Unidos y las condiciones de seguridad, con respecto a su salud, bajo las garantías de la primer enmienda constitucional estado unidense,que dicho pais se ha negado negado a entregar por el momento y cuyos representantes han dicho en reiteradas oportunidades que no cubría al periodista australiano.
En caso de no entregarlas en un plazo de 3 semanas, Julián podría apelar la extradición sobre la base de los peligros a su salud y parcialidad de las autoridades judiciales norteamericanas. Esto es una nueva esperanza en la lucha por la absolución de Assange y una dilación importante de la extradición. Pero es necesario seguir alertas y presionado a las autoridades para defender el derecho a la información y evitar un fallo cargado de intereses políticos que cercenaría las libertades democráticas.