Por Mario Bortolotto

Apenas unos días de gobierno del ultraderechista Javier Milei bastaron para vislumbrar la esencia de su proyecto, el cual ya habíamos advertido en nuestros artículos y declaraciones a lo largo de meses. El acuerdo alcanzado para el balotaje con Macri y Bullrich, a pesar de haberlos denostado con decenas de insultos y calificativos durante la campaña, reveló la sed de poder y los intereses de grandes capitalistas que lo respaldan.

Al asumir el 10 de diciembre, en un acto simbólico, Milei dio la espalda al poder legislativo, donde el voto popular le había dado la espalda. Tan solo tres acciones dejaron en evidencia sus intenciones. Primero, el paquetazo de medidas económicas con un ajuste brutal y desvalorización de los ingresos de asalariados y clases medias: una devaluación del 118% de la moneda, recorte de obra pública, congelamiento de programas de empleo, quita de subsidios a servicios esenciales y retiro de pautas a medios de comunicación. Estas medidas desataron un aumento inmediato y frenético de los precios de bienes y servicios, previendo una inflación por encima del 60% para el trimestre, aniquilando salarios y empujando a la pobreza a millones.

Para contener el descontento y amedrentar protestas, se anunció un protocolo antiprotestas liderado por la Ministra Patricia Bullrich. Este protocolo “antipiquetes” busca desalentar a los movimientos sociales mediante medidas represivas que violan la jurisprudencia existente, incluyendo la Constitución Nacional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos.

A este anuncio de represión siguió el “Decretazo” (DNU 70/2023) de “Necesidad y Urgencia”, compuesto por 366 artículos. Este decreto, posterior al paquete de medidas económicas, provocó un salto inflacionario inmediato y agitó el fantasma hiperinflacionario. Aunque no es novedoso que el poder ejecutivo utilice decretos de necesidad y urgencia, resulta preocupante que se estén modificando más de 300 leyes, constituyendo no solo un avasallamiento al poder legislativo sino también a los derechos fundamentales que protegen a millones de familias trabajadoras frente a la voracidad de las corporaciones.

La elaboración del mega Decreto de Necesidad y Urgencia parece estar a medida de las grandes empresas transnacionales, como lo destaca el periodista Diego Genoud en un artículo (La ley de los dueños) que explica cómo los grandes estudios de abogados de las corporaciones fueron los principales artífices de esta ley. La magnitud y el alcance de este decreto lo equiparan a las derogaciones y modificaciones realizadas por la última dictadura Cívico-Militar genocida entre 1976 y 1983, no solo por su extensión sino también por su contenido: desregulación económica, privatizaciones, desprotección social, la suma de poderes públicos y endurecimiento de la represión a todo tipo protesta.

LA “LEY ÓMNIBUS” ES EN REALIDAD LA “LEY TANQUETA”

La denominada “Ley Ómnibus” desvela su verdadera esencia como la “Ley Tanqueta”. Después de una importante movilización social frente al ajustazo y decretazo le prosiguieron las de centrales sindicales para acompañar una presentación de impugnación al extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ante los tribunales federales. En el mismo día que el vocero presidencial Adorni anunció el envío de un proyecto de ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Este insólito documento, con más de 300 páginas y 664 artículos, busca modificar o derogar 366 leyes que regulan diversos sectores, incluyendo los códigos Penal, Procesal Civil y Comercial, Código Aduanero, Código de Minería y Código Electoral Nacional. Se sustituyen 359 artículos de leyes, y varios dirigentes han señalado que se asemeja a una reforma constitucional de facto. Es prácticamente imposible, en solo días, procesar el alcance y significado de todas estas modificaciones, menos aún para la mayoría de la población. Constituye un atropello legal que el Ejecutivo encabezado por Javier Milei y Victoria Villaroel intentan concretar como parte de la táctica del plan ultraderechista, que busca crear ¿confusión, disgregación y fragmentación? para imponer un régimen especial de carácter dictatorial en nombre de los “mercados” hegemonizados por sus amigos multimillonarios. Con el objetivo de evidenciar la naturaleza autoritaria y antidemocrática del nuevo gobierno, destacaremos algunas secciones de la “Ley Tanqueta” donde se observan claramente los intereses representados y el modo de imposición antidemocrática que buscan perpetrar.

Si evaluáramos los grados de peligrosidad del articulado, destacaríamos como sumamente riesgoso al ARTÍCULO 1°, que busca concentrar el poder público en el Poder Ejecutivo Nacional(PEN)  bajo la justificación de una “emergencia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social”. Esto permitiría entre otra infinidad de cosas, como por ejemplo fijar discrecionalmente las actualizaciones de las jubilaciones, las moratorias, años de aporte, edad jubilatoria, etc. 

En cuanto al ARTÍCULO 2°, se presenta como una verdadera loa al libre mercado, abogando por la ausencia de intervención y regulación estatal. Este artículo es la expresión más cabal de  la utopía de los grupos empresariales monopólicos y transnacionales que sostienen el programa de Milei y Villaroel.

El ARTÍCULO 3° propone establecer plazos para la concentración de poderes legislativos en el Poder Ejecutivo, fijando un periodo de dos años prorrogables hasta el final del mandato de Milei y Villaroel. Esto representa efectivamente una declaración de dictadura unipersonal del PEN  y el cierre del Congreso en sus funciones por los 4 años de mandato.

Por otro lado, los ARTÍCULOS 5º y 6° buscan intervenir en toda la administración pública, tanto central como descentralizada, con la única excepción de las universidades nacionales. Este intento de caza de brujas tiene como objetivo avasallar todas las estructuras existentes, otorgándoles más poder del que cualquier gobierno haya tenido hasta ahora. El sector de trabajadores estatales es uno de los principales objetivos de ataque del Gobierno. 

El CAPÍTULO II, PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS, se erige como uno de los episodios más nefastos del tanquetazo jurídico, representando un auténtico saqueo del patrimonio público y estatal. El ARTÍCULO 9° de este capítulo busca conferir al Poder Ejecutivo nacional la facultad total para liquidar 34 empresas de altísimo valor estratégico para el país, pero también de gran interés para los fondos de inversión buitres. Estos últimos podrán acceder a posiciones invalorables para sus accionistas, comprando empresas formidables a precios irrisorios. Entre las más emblemáticas se encuentran: CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E., ENERGÍA ARGENTINA S.A., Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., Fabricaciones Militares S.E., Ferrocarriles Argentinos S.E., Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A., INTERCARGO S.A.U., Nación Bursátil S.A., Nación Servicios S.A., NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., TELAM S.E., BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., Vehículo Espacial Nueva Generación S.A., YACIMIENTOS CARBONÍFEROS FISCALES EMPRESA DEL ESTADO e YPF S.A.

En 2023, tanto YPF como el Banco Nación son ejemplos paradigmáticos de empresas rentables y estratégicas. YPF ha generado un  beneficio bruto de explotación de 3.000 millones de dólares en solo 9 meses, con reservas que superan significativamente la deuda de 16.000 millones de dólares utilizada como argumento para su venta. Según cálculos de CEPA, los recursos y reservas de YPF, incluyendo petróleo y gas, ascienden a 310.500 millones de dólares. Por otro lado, el Banco Nación muestra un resultado cercano a los 700 mil millones de pesos en 2023, con más de 13 billones en depósitos, respaldado por una sólida calificación crediticia. En ambos casos, la intención de venta no se debe a pérdidas, sino al atractivo como inversiones para entidades privadas. Una clara muestra de la lógica de despojo y saqueo que impregna todo el proyecto de Ley. 

En el CAPÍTULO V se presentan las “MEDIDAS FISCALES” destinadas a evasores, millonarios y empresarios amigos. Desde la “Sección I – Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social,” se evidencian los beneficios para la casta empresaria multimillonaria. En el ARTÍCULO 155, inciso b, se establece la liberación de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas, chocando frontalmente con el lema promocionado desde la propaganda Mielista de “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Este punto forma parte del blanqueo de capitales y bienes permitido por el proyecto de Ley, superando, según analistas expertos, lo que fue el blanqueo durante la gestión de Macri. Además, se inscribe en el “alivio” impositivo para millonarios mediante la reducción en la alícuota de Bienes Personales, presente en la Sección III sobre “Impuesto sobre los Bienes Personales”. Todo ello configura una ofensiva “Libertadora” de los millonarios contra los trabajadores.

Los ARTÍCULOS 535 al 540 modifican la Ley Micaela. La Fundación Micaela García “La Negra” advierte que se pretende modificar para que solo estén obligadas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes. Además, se destaca la eliminación del concepto de “género,” hablando únicamente de “violencia familiar y contra la mujer”. Esto es una clara afrenta a la lucha por décadas del movimiento de Mujeres y las disidencias sexuales. 

El CAPÍTULO III podría denominarse la liquidación de la CULTURA al servicio de las mega industrias “culturales” hegemónicas, donde el arte y la cultura se reducen a las ofertas de corporaciones hegemónicas, excluyendo cualquier otra expresión. En esta sección, se busca aplastar el movimiento de trabajadores de la cultura que no se resignan al poder del “dios dinero” admirado por algunos seguidores de Milei. Los artículos que van desde el 558 en adelante arremeten contra el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES y el Instituto Nacional de la Música, cerrando el INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO y el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES. También se dirige hacia las Bibliotecas Populares y, anteriormente en el art. 60 propone la derogación de la ley de “precio uniforme de venta al público” conocida como “Ley del libro y de defensa de la actividad librera”.

En sintonía con las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo contenidas en el mega DNU, que elimina las multas y sanciones por no registración laboral, en el ARTÍCULO 119. se otorga a empleadores “El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 30 de noviembre de 2023”.  

Para aquellos que no compartan la visión de la “ofensiva liberal de los multimillonarios”, se presenta un capítulo represivo y totalitario:

En el CAPÍTULO I – SEGURIDAD INTERIOR, Sección I – Organización de las Manifestaciones, se modifica el ARTÍCULO 326 del Código Penal de la Nación. Este cambio busca perseguir penalmente a cualquier persona que organice y/o participe en manifestaciones públicas, imponiendo penas que oscilan entre uno (1) y seis (6) años, dependiendo del tipo de protesta y la interpretación que realice el cuestionado poder judicial sobre la interferencia en dicha protesta. Además, en los artículos siguientes, del 327 al 341, se evidencia la instauración de un régimen policial-dictatorial, donde una reunión y/o manifestación pública de hasta 3 personas podría ser castigada según el código penal. Este capítulo define claramente a la “Ley Tanqueta”, generando preocupación sobre un posible retorno a tiempos de terrorismo de Estado y persecución política desde el Estado, lo cual seguro que genera nostalgia entre los más de 1000 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad quienes también esperan ser  consagrados con también con el beneficio del que consideran un gobierno propio. 

Desde diversos sectores y colectivos surgieron tantos análisis como leyes se pretenden cambiar. Todos coinciden sobre la andanada de atropellos en materia de medioambiente (Derogación de leyes contra la quema indiscriminada), salud, educación, protección de las infancias, etc. Pero con una revisión minima de algunos de sus puntos es evidente que no debemos permitir su aprobación. Tanto por la  anticonstitucionalidad como también el atropello de todo tipo de derechos sociales, civiles y políticos. 

NO DEBEMOS CONFUNDIRNOS

En primer lugar, es crucial no confundir el respaldo del voto popular a una fórmula electoral, motivado por el descontento generado durante 8 o 9 años de deterioro en las condiciones de vida, con la validación de un régimen autoritario. Así ya lo muestran algunas encuestadoras donde reflejan que “Milei perdió un 1 por ciento de respaldo por día de gestión, para alcanzar un 55,5 por ciento con imagen negativa sobre su persona contra apenas un 44,1 por ciento con imagen positiva”.  Además que  “El 56,1 por ciento dice que el DNU es “inconstitucional y debe ser derogada por el Congreso o la Justicia”. 

En segundo lugar, no es cierto que la única solución sea la de un drástico ajuste que sacrifique los derechos laborales, civiles y sociales. La crisis invocada por Milei para justificar la concentración del poder público carece de fundamentos claros ni basado en datos ciertos. En estos años, siempre ha habido ganadores, como los agroexportadores, las automotrices, las grandes inmobiliarias, los terratenientes, los bancos y las financieras. La falta de transparencia en la exposición de sus balances dificulta un debate informado sobre a cuál crisis nos referimos. Así como la legalidad, legitimidad y utilización de la fabulosa deuda con el FMI contraída por entonces por el mismísimo actual Ministro de Economía de Milei, Luis Caputo,  el cuál aún ostenta impunidad gracias a la complicidad del poder Judicial. 

La única motivación discernible en los principios que sustentan el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la “LEY TANQUETA” es la actualización de las relaciones de poder. Se busca fortalecer y perpetuar las relaciones de fuerza, ya privilegiadas, del gran capital en la lucha histórica con  las fuerzas laborales, la clase trabajadora. Además, se pretende mantener la dependencia imperialista, brindando carta blanca a las transnacionales que buscan abaratar aún más el acceso a alimentos, minerales y energía para paliar la crisis energética, climática y alimentaria del norte global. En este caso, tanto el proyecto de ley como el decreto fueron redactados por representantes de esos intereses y encontraron un ejecutor dispuesto a cumplir sus deseos.

LAS VIEJAS RECETAS REACCIONARIAS de estos ULTRADERECHISTAS:

En “La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre” un libro de 2007 de la periodista canadiense Naomi Klein sintetiza las viejas recetas que durante décadas economistas marginales, financiados por grandes empresas, desarrollaron y pudieron aplicar parciales e en otras aventuras autoritarias, y que Milei intenta aplicar con su arribo al gobierno:

”Durante más de tres décadas, Milton Friedman y sus poderosos seguidores habían perfeccionado precisamente la misma estrategia: esperar a que se produjera una crisis de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperaban del trauma, para rápidamente lograr que las «reformas» fueran permanentes…«sólo una crisis —real o percibida— da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica:  desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable» Estimaba que «una nueva administración disfruta de seis a nueve meses para poner en marcha cambios legislativos importantes; si no aprovecha la oportunidad de actuar durante ese período concreto, no volverá a disfrutar de ocasión igual»

Milton Friedman aprendió lo importante que era aprovechar una crisis o estado de shock a gran escala durante la década de los setenta, cuando fue asesor del dictador general Augusto Pinochet. Los ciudadanos chilenos no sólo estaban conmocionados después del violento golpe de Estado de Pinochet, sino que el país también vivía traumatizado por un proceso de hiperinflación muy agudo….Friedman le aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una liberalización y desregulación generales. Friedman predijo que la velocidad, la inmediatez y el alcance de los cambios económicos provocarían una serie de reacciones psicológicas en la gente que «facilitarían el proceso de ajuste». Acuñó una fórmula para esta dolorosa táctica: el «tratamiento de choque» económico.”

En el mismo sentido, podemos recuperar un escrito del teórico Marxista Perry Anderson, que en la misma línea de análisis decía: 

“Si Chile fue, en este sentido, una experiencia piloto para el nuevo neoliberalismo en los países avanzados de Occidente, América Latina también proveyó la experiencia piloto para el neoliberalismo del Este postsoviético. Aquí me refiero a Bolivia, donde, en 1985, Jeffrey Sachs perfeccionó su tratamiento de shock, aplicado más tarde en Polonia y en Rusia, pero preparado originariamente para el gobierno de Banzer, después aplicado imperturbablemente por Víctor Paz Estenseoro, cuando sorprendentemente este último fue electo presidente en lugar de Banzer. En Bolivia, la puesta en marcha de la experiencia no tenía necesidad de quebrar a un movimiento obrero poderoso, como en Chile, sino parar la hiperinflación. El régimen que adoptó el plan de Sachs no era una dictadura, sino el heredero del partido populista que había hecho la revolución social de 1952. En otras palabras, América Latina también inició una variante neoliberal “progresista”, difundida más tarde en el sur de Europa, en los años del eurosocialismo. Pero Chile y Bolivia eran experiencias aisladas hasta finales de los años 80.”

Para implementar esas políticas de Shock tuvieron que instalar regímenes autoritarios:

“…en Venezuela, y de la elección de Fujimori en Perú, en el 90. Ninguno de esos gobernantes confesó al pueblo, antes de ser electo, lo que efectivamente hizo después. Menem, Carlos Andrés y Fujimori, además, prometieron exactamente lo opuesto a las políticas radicalmente antipopulistas que implementaron en los años 90. Y Salinas, notoriamente, no fue siquiera electo, sino que robó fraudulentamente las elecciones. De las cuatro experiencias vividas en esta década, podemos decir que tres registraron éxitos impresionantes a corto plazo -México, Argentina y Perú- y una fracasó: Venezuela. La diferencia es significativa. La condición política de la deflación, de la desregulación, del desempleo, de la privatización de las economías mexicana, argentina y peruana fue una concentración del poder ejecutivo formidable…Menem y Fujimori tuvieron que innovar con una legislación de emergencia, autogolpes y reforma de la Constitución. Esta dosis de autoritarismo político no fue factible en Venezuela, con su democracia partidaria más continua y sólida que en cualquier otro país de América del Sur, el único que escapó de las dictaduras militares y regímenes oligárquicos desde los años 50: de ahí el colapso de la segunda presidencia de Carlos Andrés. Pero sería arriesgado concluir que solamente regímenes autoritarios pueden imponer con éxito políticas neoliberales en América Latina. El caso de Bolivia, donde todos los gobiernos electos después de 1985, tanto el de Paz Zamora como el de Sánchez Losada, continuaron con la misma línea, esta ahí para comprobarlo. La lección que deja la larga experiencia boliviana es ésta: hay un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales. Este equivalente es la hiperinflación.”

Aquí surge la pregunta de si las primeras medidas del ministro Luis Caputo, como la megadevaluación del 118%, tuvieron un objetivo: ¿Un intento de generar un shock inflacionario con el propósito de predisponer a la población hacia reformas autoritarias?

NO PROVOQUES AL PUEBLO ARGENTINO EN DICIEMBRE

Las respuestas populares a la intentona autoritaria son evidentes en las manifestaciones callejeras que surgieron como reacción a la ráfaga de medidas de los primeros días. Estas muestras de resistencia reflejan las reservas democráticas y la movilización existente en la clase trabajadora, a pesar de los intentos previos de mantener pasivo al movimiento popular.

En las redes sociales, circulaba un meme que rezaba: “Nunca invadas a Rusia en invierno y tampoco provoques al pueblo argentino en diciembre”. Este meme sugiere que la memoria colectiva y social del pueblo argentino tiene presente ciertos momentos históricos. Las movilizaciones del 20 de diciembre, posterior al anuncio de ajustes por Caputo, fueron una de las más grandes de los últimos años, atrayendo a sectores que generalmente no participan en conmemoraciones del levantamiento popular de 2001 contra el neoliberalismo.

Los cacerolazos y manifestaciones posteriores al anuncio nocturno del decretazo de Milei desafiaron al igual que en la tarde, las amenazas del gobierno con el protocolo “antiprotesta” de Bullrich. La presión popular, expresada en demostraciones de rechazo y descontento en los días siguientes, llevó a la CGT y CTAs a convocar una nueva movilización para el miércoles 27. En un juego de contragolpes, el gobierno anunció la Ley Tanqueta, y al día siguiente, la CGT, en su Comité Central Confederal, cedió a la presión popular para convocar a un paro general. Este paro, programado por 12 horas para el 24 de enero a partir de las 11 de la mañana con movilización, se justifica por la intención del gobierno de tratar el proyecto de ley en la sesión plenaria de diputados el 25 de enero.

Una vez más quedó demostrado que si la clase trabajadora, de manera generalizada, pasan a la lucha callejera, es posible poder desafiar seriamente los intentos autoritarios y represivos de los gobiernos de turno. Pero para que los objetivos populares lleguen a buen término un plan de acción coordinado desde los sectores sindicales, movimientos sociales, partidos opositores y el pueblo en general será fundamental. No sólo para bloquear la ofensiva del gran Capital, sino también reconstituir el movimiento popular y replantear una salida alternativa desde las clases subalternas saqueadas, explotadas y vilipendiadas por tantos años.   

Por ello es vital hacernos fuertes en una línea firme y clara de frente único en la lucha. De abrir y tender puentes de debate político amplio para romper las intenciones de un cerco represivo al caudal popular en defensa de sus derechos y reivindicaciones. 

Es vital activar todas las redes de apoyo y solidaridad para abrazar la pelea que estásurgiendo por todas lados. Reinventarnos para lograr proponer una clara salida al callejón que nos empuja las fuerzas ultraderechistas. 

No son tiempos de dudas y especulaciones. Hay mucho en juego y es ahora cuando necesitamos de todes. 

“Pueblo que escuchas, únete a la lucha

Pueblo unido, nunca vencido”