El panorama político y económico nacional continúa sin contribuir a las expectativas oficiales de un arribo a las elecciones con una propuesta competitiva. Mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue enfocándose en su situación judicial sin responder al “operativo clamor” para que revea su autoexclusión de las próximas elecciones, la inflación que golpea cada vez más fuerte a los bolsillos de los sectores populares también pone en severo riesgo la posible candidatura del ministro de Economía Sergio Massa. La mayor esperanza del oficialismo para que la votación de octubre no sea una catástrofe y al menos pueda conservar la estratégica provincia de Buenos Aires se centra, paradójicamente, en una oposición atravesada por muy profundas diferencias internas. Pero la economía internacional y el impacto de la sequía sobre la balanza comercial de nuestro país, en el marco de la indiscutida subordinación a los planes del Fondo Monetario Internacional (FMI) plantean fuertes condicionamientos para cualquier posible margen de maniobra o de autonomía política en la próxima etapa.
Bailando en el Titanic
A fines del año pasado el plan oficial parecía claro: concentrar el ajuste y los tarifazos en el período octubre 2022-febrero 2023, para luego, a partir de marzo, con una inflación más controlada (en torno a los 4 puntos, anticipaba Massa) poder empezar a poner un poco de dinero en los bolsillos populares para llegar a las elecciones con alguna posibilidad. La apuesta se basaba en la convicción de que una supuesta memoria popular de corto plazo permitiría que se olviden más de tres años de una gestión desastrosa para los intereses de las grandes mayorías si en los seis meses previos a los comicios se instala una “sensación” de recuperación económica.
Pero las cosas siguen sin salirle al pusilánime gobierno de Alberto Fernández y un empresariado cebado con las ganancias millonarias acumuladas en los últimos años, gracias al tan constante como brutal aumento de los precios (sobre todo de los productos de primera necesidad), no fue capaz de aflojar ni un poquito el ritmo de la remarcación. Así, el 6,6% de la inflación de febrero fue un mazazo tan fuerte que hasta la inimputable vocera presidencial Gabriela Cerruti debió reconocer que el dato era “malísimo”. Y para marzo se espera una cifra incluso superior. Lejos de las promesas massistas, la inflación interanual llegó a las tres cifras, superando el 102%. Aunque recién estamos en el cuarto mes del año, las previsiones de 60% anual de inflación fijadas en el Presupuesto 2023 ya comienzan a aparecer como absolutamente inviables.
Como si esto fuera poco, la peor sequía de las últimas décadas está generando no sólo un aumento de los reclamos y las protestas de los sectores vinculados al agro (que luego de pedir la desaparición de ese Estado autoritario que pretende cobrarle regalías por las exportaciones, hoy ruegan por su asistencia por la vía de subsidios y otros beneficios impositivos por la emergencia climática, que les permitan remontar la crisis y volver a su política antiestatalista de siempre), sino que también se anticipa un severísimo impacto a nivel macroeconómico. Según distintas proyecciones, el fenómeno generará pérdidas por hasta 20 mil millones de dólares (entre el desplome de las exportaciones trigo, maíz y soja, los planes de asistencia “al campo” y la importación de granos para intentar que no se disparen tanto los precios del pan y otros productos en el mercado interno). Se trata de una cifra muy significativa -casi la mitad del préstamo solicitado por el ex presidente Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional (FMI)-, que suma fuertes condicionamientos económicos para un período que además viene signado por las crecientes exigencias de recorte del propio organismo internacional acreedor.
Un reciente paper de Economía estimaba que el impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía nacional había sido de alrededor de USD 4940 millones (una cuarta parte del golpe que implica la sequía). A partir de ello, Massa negoció con la mismísima Cristalina Georgieva y a los equipos técnicos del FMI explicando esta grave situación y el siempre sensible Bureau del Fondo aceptó relajar el objetivo de aumento de reservas en 5 mil millones de dólares al que se había comprometido el país para este primer trimestre. En la actual coyuntura nacional la cifra aparecía como claramente inalcanzable. Con las promesas de privatización de las masivas reservas de hidrocarburos no tradicionales de Vaca Muerta y el litio del noroeste argentino en el horizonte, el Fondo se puede dar el lujo de mostrar un poco de paciencia.
El escenario económico mundial se complicó un poco más en las últimas semanas, con el dominó de quiebras bancarias iniciado por el Silicon Valley Bank de los Estados Unidos, que luego incluso tuvo sus réplicas en Europa. La nueva y previsible crisis financiera no sólo volvió a demostrar, como en 2008, que en caso de emergencia bancaria las papas tienen que salvarlas ese Estado tan denostado por los liberales nuevos y viejos, sino que también reforzó la dinámica de suba de tasas de la FED, causa y efecto de la crisis. Esto no sólo multiplica los niveles de endeudamiento, sino que estimula la fuga de capitales de los países dependientes hacia los más “seguros” países centrales y complica la posibilidad de conseguir fondos “baratos” en el mercado internacional de crédito, otro severo condicionante para la economía nacional tan dependiente del ingreso de divisas.
Además, todo esto empuja a la depreciación de la moneda, un motivo más para el plan brutalmente devaluador que impulsan algunos sectores (sobre todo los ligados a los negociados financieros y los que tienen acceso a divisas, como los grandes exportadores de la industria o el campo). Mientras tanto el Gobierno sigue defendiendo su devaluación por goteo, con una brecha entre el dólar oficial y la infinidad de otras versiones de la divisa extranjera que sigue creciendo.
Aunque por el momento no parezca planteado a corto plazo un escenario en el que el FMI decida retener los vitales envíos trimestrales de divisas al país (que vuelven inmediata y casi completamente a sus arcas en concepto de pagos de deuda), está claro que sí está dispuesto a comenzar a apretar: sus recientes recomendaciones para avanzar con el “equilibrio fiscal” decidieron al oficialismo a limitar el alcance de la moratoria previsional recientemente aprobada en el Congreso (dejando afuera a cerca de 300 mil potenciales beneficiarios) y a acelerar la quita de subsidios a los servicios, lo que derivará en nuevos tarifazos, sobre todo en la electricidad.
Todo esto en un contexto en el que, por primera vez en 20 años, en el segundo semestre del año pasado aumentaron los niveles de pobreza pese al incremento del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita. La actividad económica y el empleo crecieron al tiempo que aumentó la pobreza, lo que da cuenta de un reparto económico cada vez más desigual y polarizado. Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, con el Gobierno empeñado en una brutal transferencia de recursos hacia el campo con el “dólar soja” o el “dólar agro” tratando de seducir a los productores para que liquiden algo de los dólares que hacen falta para pagarle al Fondo.
Así, el objetivo del oficialismo es llegar a las elecciones sosteniendo este proceso de inestabilidad constitutiva, apostando a que en la próxima etapa comience a redituar el postergado gasoducto Néstor Kirchner, que podría revertir el déficit energético nacional (por la fuerte salida de divisas que genera la constante compra de gas importado). También Horacio Rodríguez Larreta está haciendo cuentas a futuro con el gas de Vaca Muerta, esperando los 5 mil millones de dólares que se ahorrarían al dejar de depender de los barcos de gas provenientes de Bolivia (sic). El litio, por su parte, pintado en muchos casos como la gran esperanza blanca para la economía nacional, puede aportar lo suyo a esta recomposición de la balanza comercial basada en el consenso extractivista que atraviesa a las grandes coaliciones políticas del país, pero hay que saber que esas expectativas en muchos casos aparecen como sobredimensionadas. No sólo porque en las últimas semanas el precio del mineral se viene desplomando desde su récord de 70 mil dólares la tonelada, sino que su incidencia en la economía está lejos de poder compararse a la del petróleo. Según las proyecciones más optimistas, una apuesta plena por el litio podría redituar exportaciones de hasta 10 mil millones de dólares de aquí a tres o cuatro años, cifra importante pero que empalidece frente al rojo de 20 mil millones de la sequía. Además, este volumen futuro seguiría representando un quinto de lo que alcanzaron las exportaciones agropecuarias del año pasado. Es importante y va a ser un campo de grandes negocios para las corporaciones extractivistas multinacionales, pero el litio no va a “salvar” al país (incluso dejando de lado el brutal impacto ambiental que tendría su super explotación).
En cualquier caso, la inestabilidad es el signo de una economía planetaria signada por la amenaza de una nueva crisis financiera y por una guerra en Ucrania con claro potencial de escalada. Y esto sólo puede implicar malas noticias para Argentina y el resto de los países periféricos.
Fingiendo demencia
En el terreno nacional, las coaliciones políticas mayoritarias (pero también el Frente de Izquierda-Unidad) ya pusieron primera para la carrera electoral de octubre, concentrando buena parte de su actividad en la discusión de candidaturas y haciendo caso omiso de la dramática situación económica y social que golpea cada vez con más fuerza a las grandes mayorías sociales.
En términos generales, aunque vemos crecer a una cada vez más ruidosa derecha y ultraderecha que capitaliza un importante desencanto respecto de las opciones políticas tradicionales, parecería que el escenario está listo para una próxima etapa de administraciones “moderadas”, que podrían estar representadas por los cada vez más parecidos Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. Hoy la tendencia internacional que encarna la nueva administración de Joe Biden en los Estados Unidos se diferencia de la apuesta más brutal de su predecesor Donald Trump por líderes locales belicosamente neoliberales como Mauricio Macri o Jair Bolsonaro. Así, en los últimos meses la diplomacia estadounidense dio el visto bueno al regreso de Lula (mientras cobija al prófugo ex presidente brasileño, claro) y para Argentina se han multiplicado los avales a su histórico confidente hoy convertido en ministro de Economía, gracias a los que pudo conseguir importantes aportes de organismos de crédito internacional, mientras que no se ven grandes gestos hacia el sector más radicalizado que podrían representar Macri o su delfina Patricia Bullrich.
No se trata de que Estados Unidos o el FMI se hayan vuelto más buenos, sino de que hacen cálculos diferentes, en este caso un poco más a mediano plazo. Las clásicas recetas de ajuste radical que suelen proponerse para equilibrar las economías nacionales endeudadas (que no pueden mostrar un solo éxito en el mundo) se toparían con la siempre vigente capacidad de resistencia del pueblo argentino -cuya irrupción fue responsable del quiebre del gobierno de Macri en diciembre de 2017, recordemos- que podría plantear un escenario de estallido y crisis social ante algún intento de shock económico demasiado brutal sobre la ultra deteriorada situación económica actual. La crisis catastrófica en la que esto podría derivar no le conviene a nadie, ni a los organismos que quieren seguir recibiendo los pagos puntuales de deuda que le garantizan administraciones como la de Alberto Fernández ni a todo un sector del empresariado que viene haciendo grandes negocios en esas condiciones y que además ve un horizonte con algunas nuevas oportunidades comerciales a corto plazo, con las ya mencionadas ventanas que abrirán el litio o los hidrocarburos, entre otros.
Esto también explica la falta de consenso que encuentran en el “círculo rojo” las propuestas de Macri/Bullrich “hacer lo mismo que en 2015 pero más rápido”, no sólo porque hubo todo un sector del empresariado argentino (el que a pesar de todo siguió vinculado a la producción y no a la bicicleta financiera) que tiene memoria del catastrófico balance de la experiencia con Juntos por el Cambio (JxC) y que con Alberto vivió un escenario mucho más favorable de recuperación industrial, crecimiento de las exportaciones, absoluta debilidad regulatoria y, no menos importante, salarios de miseria sin estallido social, un combo que les permitió multiplicar exponencialmente sus ganancias.
Por eso también, el frente opositor se presenta mucho más desflecado que en la elección que sorpresivamente los llevó al poder. Hoy no sólo se encuentran desgarrados por las disputas entre halcones y palomas (la pelea de los últimos días entre Macri y Larreta por las elecciones en CABA expresa más una disputa sobre la estrategia económica que una pelea de nombres, aunque sin dudas los egos juegan su parte), sino que también el PRO que supo ser hegemónico de la alianza cambiemista se encuentra con un radicalismo que desempolva su arraigo territorial y amenaza con salirse de su lugar de felpudo del macrismo para disputar (tibiamente, como no podía ser de otra manera) la conducción. En algunas provincias ya la alianza JxC voló por los aires, como en Mendoza o Salta, mientras que en otras se llegó a compromisos tan insólitos como el de un sector del radicalismo que abandonó JxC en Jujuy para compartir lista con La Cámpora.
Además, esta será una elección donde se sentirá con fuerza el impacto del crecimiento popular del fenómeno ultraliberal que encabezan figuras como Javier Milei o José Luis Espert. Aunque es probable que se desinflen un poco los pronósticos de voto de hasta 25%, precisamente por el corrimiento al centro que mencionábamos, lo cierto es que hay que considerarlos como jugadores de peso que pueden definir la votación en algunos distritos. Así, mientras que la UCR o un sector del larretismo descartan un acuerdo con los “ultraliberales” que no paran de tirarle piedras a los integrantes de “Juntos por el cargo”, Bullrich y sus amigos multiplican los guiños hacia ellos. Pero Milei se encuentra en una encrucijada dramática derivada de su propio discurso: aunque, como es sabido, personalmente se encuentra dispuesto a trabajar codo a codo con sectores políticos tradicionales por más integrantes de la casta que sean (desde Bullrich a la tucumana estirpe Bussi, mentora política del “outsider”), las encuestas muestran que su intención de voto se desploma frente a un posible acuerdo con sectores cambiemistas. Por eso sería esperable que busque la consolidación de un espacio propio antes que una alianza que dinamite ese crecimiento que le permitiría construir una representación parlamentaria importante en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. En esta fragmentación opositora residen buena parte de las esperanzas oficialistas de llegar con posibilidades electorales a octubre.
Porque el panorama hacia adentro del Frente de Todos no es mucho más auspicioso que el de la oposición. Es posible que en los próximos meses incluso se agudicen las insólitas chicanas internas entre el sector kirchnerista y el sector más claramente centrista de la alianza (decir “albertismo” o “massismo” suena a chiste), con ministros que bardean al presidente, un mandatario que cuestiona a su vice y escenas así. Si bien la todavía no retirada precandidatura de Alberto ya aparece sólo como carta de negociación, la de Massa aún no está caída y con lograr bajar unos puntos de inflación en los próximos meses podría revivir. También el kirchernerismo da muestras claras de la atracción del centro en esta coyuntura, con referentes como el actual ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro congraciándose con dirigentes del Grupo Clarín, una foto impensable hace diez años.
Por otro lado, Cristina sigue resistiéndose al “operativo clamor” para que reconsidere su candidatura, aparentemente más enfocada en su frente judicial después de que hace unos días se dieran a conocer los ridículos fundamentos de su condena en la llamada causa Vialidad. En cualquier caso, que la “proscripción” que vocifera el peronismo (eje hacia el cual pretende desviar toda la lucha política callejera desde hace meses, pretendiendo incluso transformar en movilizaciones contra la Corte Suprema a eventos como el 8M o la marcha por el 24 de marzo) no sea literal, ya que hoy Cristina no tiene sentencia firme y podría candidatearse sin problemas este año, no significa que el fallo que la condenó a 8 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos no tenga claras intenciones proscriptivas, que deben ser denunciadas. De nuevo, aunque la actual vicepresidenta haya avalado de hecho la nueva sumisión al Fondo, la designación de Massa y todos los tarifazos o ajustes que aplicó el Gobierno en los últimos años (además de constituirse en punta de lanza en la ofensiva contra los sectores de trabajadores de la economía popular o “piqueteros”), eso no basta para recuperar la confianza del establishment, que busca candidatos más claramente de centro.
La interna del FdT también entregó otra novedad en las últimas semanas con el anuncio de la candidatura del referente del Frente Patria Grande (FPG) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois, un hecho significativo que también habla de lo compleja que es la permanencia de sectores con un discurso de defensa de los intereses populares en un gobierno cada vez más caracterizado por el ajuste para pagarle al Fondo. Aunque los temas que reiteradamente plantea Grabois responden a reivindicaciones urgentes propias de los sectores más postergados de la sociedad, lo cierto es que en los más de tres años de gestión han quedado claras las pocas posibilidades que tienen de pasar a la agenda nacional. También mostró sus límites la capacidad de presión del FPG, con legisladores que no se desmarcaron del oficialismo ni en las votaciones más antipopulares y cuya reciente amenaza de ruptura apenas se tradujo en un bono miserable de 45 mil pesos en dos veces para un reducidísimo sector social que había quedado fuera de otros beneficios. Por eso, vale la pena preguntarte cuánto de progresivo puede tener esa precandidatura si se limita al plano enunciativo y el FPG se mantiene en el Gobierno y, más aún, si esto no puede acabar siendo una forma de contener el descontento interno y mantener una referencia hacia el electorado de centro-izquierda dentro del Frente de Todos, evitando una sangría hacia el FIT-U o el voto blanco/impugnación.
En ese marco, la candidatura de Grabois, que podría ser progresiva despegándose del FdT, hoy parece responder más a una estrategia de negociación preelectoral en la alianza de Gobierno (o, a lo sumo, a una apuesta por quedar como un referente de la resistencia frente a una posible victoria de JxC). Pero una ruptura de Grabois con el FdT podría complicar las posibilidades de la reelección de su aliado Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, por lo que también aparece como la perspectiva menos probable. De todos modos, el Gobierno provincial se las arregla sólo para complicarse el escenario, con escenas como la reciente cacería policial a choferes de colectivos acusados de la muy merecida golpiza al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni (un histórico enemigo de la movilización y la organización de la clase trabajadora y el pueblo, desde Río Turbio a Guernica).
A la izquierda
Por último, tampoco el FIT-U es ajeno al delirio preelectoral. Una vez más, los principales componentes de la alianza, el Partido Obrero (PO) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) se encuentran embarcados en una criminal y contraproducente disputa interna por la hegemonía del frente electoral de izquierda, que los confina a una discusión de candidaturas y la aleja de una intervención unitaria en los conflictos que hoy interesan al pueblo y a la clase trabadora. Mientras que el PTS bajó de su fórmula de precandidatos presidenciales a Alejandro Vilca (que iría en Jujuy) para optar por Myriam Bregman-Nicolás del Caño, el PO pretende introducir en el dueto a Gabriel Solano. Esta discusión, tan válida como menor, se hace además de las peores maneras posibles, con gravísimas acusaciones de traición y reformismo entre ambas organizaciones, que no hacen más que sumar al desprestigio de la izquierda de conjunto y contribuyen a la sensación de “desaparición” de esta fuerza de las luchas populares en los últimos meses. Una perspectiva más rica para el FIT-U sería la de abrirse realmente, buscando romper el techo histórico del millón de votos a nivel nacional de las últimas elecciones buscando incorporar a otros sectores de izquierda no trotskista e incluso a conformar algunas propuestas electorales que puedan canalizar el descontento social y constituirse en polo de atracción para acciones comunes contra el ajuste y el pago de la deuda hasta para sectores que pueden referenciarse en Grabois o en el mismo Claudio Lozano. Por supuesto que esto es inviable con un FIT-U como el actual, más preocupado por el inestable equilibrio de poderes al interior de la alianza que por transformarse en una efectiva herramienta de lucha nacional.
Los temas para intervenir en las luchas sociales mientras se plantean discusiones de fondo respecto de la necesidad de superar al capitalismo no nos faltan. Incluso más allá de la cotidiana lucha gremial contra la pulverización del poder adquisitivo de los salarios (en la que gremios como Aceiteros, el SUTNA y algunos otros aparecen como ejemplos) o en el compromiso en la defensa de las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad que caracteriza a la Coordinadora por el Cambio Social (CCS), existen temas en los que una izquierda amplia y decidida podría intervenir disruptivamente.
La reciente catástrofe que implicaron los masivos cortes de luz en CABA y provincia de Buenos Aires durante la histórica ola de calor que golpeó al centro del país constituye un ejemplo de esto. Con los ultraliberales obligados al silencio, no sólo por su ridículo negacionismo del cambio climático sino por lo inviable de cualquier solución para la provisión energética nacional que no incluya un rol central del Estado, un establishment sólo preocupado por sus negocios y mamushkas societarias y un Estado tan impotente para el control de las inversiones prometidas y no cumplidas como para diseñar cualquier esquema de reestatización viable, se abren muchas posibilidades para discutir contra las lógicas del negocio (privado) y la ganancia en áreas clave para garantizar la vida de nuestras sociedades. Algo que ninguna de las grandes coaliciones políticas puede hacer, ya que sus integrantes tienen compromisos e intereses inextricablemente ligados con los del empresariado, que financia y muchas veces integra directamente esos partidos.
Ya sabemos que en el caso de JxC directamente optaron por poner la gestión pública en manos de los CEOs y que las empresas nacionales y multinacionales se cansaron de hacer millonarios negocios con el Estado, pero el FdT no ha implicado un cambio tan radical al respecto. Desde el inicio Alberto Fernández se deshizo en elogios a empresarios como el dueño de Pampa Energía Marcelo Mindin (al que definió como ejemplo de los “empresarios que apostaron al país”), uno de los más beneficiados por el macrismo, lo que no es obstáculo para que hoy siga acompañando al presidente en sus recorridas por Vaca Muerta. Con el reciente anuncio de salida del país de la controladora de Ededur, la italiana ENEL, se pusieron en venta algunos de sus activos, incluyendo a las generadoras eléctricas Costanera y Dock Sud, que terminaron en manos de Central Puerto, la generadora que controla el viejo “hermano del alma” de Macri, Nicolás Caputo. Los nombres y las empresas que digitan los negocios con el Estado pueden cambiar un poco, pero no demasiado.
El otro tema que ningún partido del orden planteará, porque en torno a ello el FdT y JxC tienen consenso absoluto, es el del extractivismo, de vínculos directos con la producción energética. El impacto de estas prácticas (sobre todo en la producción de hidrocarburos y la minería, pero también en lógicas productivas que se extienden a la agroganadería y a la pesca) sobre el medio ambiente está fuera de discusión y hay cientos de estudios que lo certifican. Las multinacionales del sector y los gobiernos nacionales ratifican su alianza para acelerar sus negocios extractivos, aún en un mundo cada vez más claramente al borde del colapso ecológico. Los fenómenos climáticos que golpean al planeta (sequías, olas de frío y de calor, aumento de la temperatura de los mares, deshielos, etc) son indiscutibles expresiones de ello, pero sólo una perspectiva de izquierda puede plantear una crítica coherente y radical a esta situación y proponer alternativas.
Además, los cortes masivos de suministro eléctrico que sufrieron CABA y provincia de Buenos Aires generaron un descontento social importante y generalizado, que en muchos casos se corporizó en movilizaciones y protestas contra Edesur y las dependencias estatales encargadas de controlar a las distribuidoras. Y en este sentido no nos faltarán los temas. Una reciente encuesta señalaba que más del 60% de la población considera que la subordinación a los mandatos del FMI viene teniendo consecuencias negativas para el país, por ejemplo. Una izquierda que sea parte de la vida social no puede estar ausente de estos conflictos (en algunos casos potencialmente explosivos, ya que en situación de generalizado malhumor social la chispa puede venir de cualquier lado), donde podría apostar al crecimiento de un discurso alternativo y contribuir a la organización de una lucha que bajo ciertas circunstancias podría ir más allá de la mera indignación contra alguna empresa o administradora. En el clima de desmoralización y apatía política que caracteriza a esta etapa de desmoronamiento de las esperanzas depositadas en el FdT ninguna organización anticapitalista puede permitirse el lujo de permanecer ajena a estos procesos.