Johnatan Fuentes
Sociólogo de la UNMSM y Militante de Corriente Amaru, Perú
La victoria electoral de Pedro Castillo y Perú Libre en las elecciones presidenciales del 2021 auguraba la profundización de la crisis política peruana de hace más de un quinquenio, con la particularidad del ensañamiento de las clases dominantes ante un dirigente sindical de origen campesino que cristalizó con crudeza el racismo y macartismo imperante de nuestra sociedad.
Un populismo de baja intensidad
A diferencias de las experiencias nacional-populares recurrentes en América Latina, el proyecto de Castillo adoleció de una estrategia definida, sólidas bases populares y una amplia mayoría parlamentaria para implementar los cambios propuestos en campaña electoral. Además de ello la convivencia con el partido Perú Libre era más un entendimiento práctico, que una apuesta por construir partido que finalmente se formalizó la separación hace algunos meses.
Ante el asedio golpista de la ultraderecha, Castillo optó por otorgar concesiones constantemente a las clases dominantes hasta el punto de dejar sepultado las medidas mínimas del programa de cambios con que ganó la segunda vuelta electoral. Cuestión que se evidenció con el cambio de gabinete ministerial donde la tecnocracia neoliberal recuperaba el Ministerio de Economía y algunos sectores de derecha se agazapaban en el ejecutivo a tan solo 6 meses de gobierno.
Castillo derrotó las dos primeras mociones de vacancia estableciendo acuerdos con las bancadas de derecha ligadas más a las regiones y a cierta burguesía provinciana como Alianza para el Progreso (APP) y una fracción de Acción Popular (AP) y Podemos. De cierta forma la división de la izquierda, las disputas entre Perú Libre y Nuevo Perú, en los primeros 6 meses de gobierno contribuyó a esta dinámica fortaleciendo al entorno regionalista y familiar cercano a Castillo que se desempeñó como dirección política informal del ejecutivo apuntalando su derechización y capitulación.
El asedio golpista permanente
La ultraderecha peruana liderada por el Fujimorismo desde el día cero desconoció la victoria electoral de Castillo, que bajo diversas formas intentó impedir la investidura presidencial recurriendo a un pool de abogados reaccionarios, así como a los grandes medios de comunicación que se propusieron menoscabar la legitimidad del nuevo gobierno que llegaba con banderas de izquierda.
Las movilizaciones antigubernamentales que convocaban solo lograban congregar a la vieja partidocracia del APRA y el PPC, y algunas fracciones de la clase media y la burguesía limeña que no toleraban a alguien proveniente del mundo popular como presidente de la república. En cierta medida el empate de fuerzas en las calles y el congreso entre la oposición burguesa y el oficialismo habilitó la política de sobrevivencia que llevaba a Castillo a sostener el piloto automático neoliberal.
Ante el impasse se abrió con más contundencia otro frente de disputa política desde el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación que aperturaron 6 carpetas fiscales en tiempo récord contra el entonces presidente Pedro Castillo con el fin de lograr su derrocamiento previa deslegitimación ante la opinión pública. La fiscal a cargo de la investigación que tiene presuntos lazos con el narcotráfico se convertía ahora en una referente de la lucha contra la corrupción según la narrativa de los grandes medios de comunicación alineados con los golpistas. Hasta el momento contra el expresidente Castillo solo pudieron obtener testimonios de ex altos funcionarios y empresarios lobbystas sin alguna prueba que acredite las denuncias vertidas.
Desde el congreso se preparaba una solicitud de suspensión del entonces presidente Castillo, ya que requería menor votación que las mociones de vacancia, pero esta vía no logra prosperar ante lo cual se aprueba la tercera solicitud de admisión de la moción de vacancia presidencial que implicaba una segunda votación este siete de diciembre para su aprobación final.
Una salida precipitada
Ante la crisis política irresuelta Castillo decidió cerrar el congreso golpista sin la correlación política necesaria y sin el apoyo popular contundente que le permitiera materializar su medida de excepción. Su aislamiento fue a tal punto que todos los ministros terminaron renunciando a las pocas horas o minutos, inclusive los sectores provenientes de la izquierda castillista como Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Betssy Chávez de Voces del Pueblo.
El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en contra del cierre del congreso clarificó la correlación de fuerzas actual, así como el carácter precipitado y absurdo de la medida de excepción que intentó implementar, más allá de cuestiones formales/constitucionales priorizadas en el análisis de la izquierda liberal que llamó golpista al expresidente Castillo llegando incluso a compararlo con Alberto Fujimori y algunos Exministros como Pedro Francke y Mirtha Vásquez se unieron al coro mediático de la reacción que fustigaba el frustrado intento de cierre del congreso.
Derrotada la medida precipitada de Castillo, el congreso se alistó a aprobar la tercera moción de vacancia presidencial contando con los votos a favor de algunos congresistas de Perú Libre, Nuevo Perú y el Partido Magisterial y Popular. Consumado el golpe parlamentario, efectivos policiales detuvieron al expresidente en la prefectura bajo el cargo de rebelión evidenciándose una vez más el ensañamiento de las clases dominantes del Perú con el dirigente sindical de origen campesino.
La crisis continua
La asunción presidencial de Dina Boluarte, ex vicepresidenta, es producto del acuerdo tácito de las fuerzas políticas del congreso en su maniobra de normalizar el golpe parlamentario consumado. Tan solo meses antes la ultraderecha intentó inhabilitar a la entonces vicepresidenta con razones absurdas, pero en los últimos días se retrocedió en la medida con el fin de habilitar la transferencia de mando presidencial sin irrupciones populares.
Boluarte anunció un gobierno de unidad nacional que en realidad significa continuismo neoliberal ahora quizás a un nivel de mayor vínculo con la tecnocracia y la derecha tradicional. No cumplió su promesa de renunciar si vacan a Castillo, como lo señaló en unos de sus últimas intervenciones políticas, tampoco mencionó algo sobre el proceso constituyente o alguna reforma progresiva durante su toma de mando presidencial. Aun así, la ultraderecha no arriará sus banderas golpistas, solo se alista para un contexto en mejores condiciones para su política sediciosa.
Hoy queda más claro que la independencia política de la izquierda y los movimientos populares son vitales para preparar una salida democrática y de ruptura antineoliberal antes la crisis política permanente. En esa medida construir un referente político para las mayorías populares es la tarea principal del momento y de las nuevas generaciones de la militancia revolucionaria.
Fuente: Punto de Vista Internacional