Por Mario Bortolotto (Miembro de CD de COAD-UNR)
Mientras el gobierno incumple la ley de financiamiento universitario, pretende maquillarse de reformista y vuelve a insistir con una supuesta “reforma laboral” que no es más que un intento de hacernos retroceder un siglo en derechos.
Hay que tener claridad estratégica en cuanto comprender que lo que busca realmente el actual programa del gobierno es consolidar una derrota estratégica y permanente de la clase trabajadora, presentada como condición necesaria para “superar la crisis”. Una crisis, vale recordar, autoinfligida: resultado de una política económica orientada a favorecer al capital especulador que vive de la bicicleta financiera, la fuga y el negocio de las rentas rápidas. En estos meses se esfumaron más de 60 mil millones de dólares —entre blanqueos, endeudamiento con el FMI, liquidación de reservas y subsidios cambiarios encubiertos— para sostener un esquema que combina un ajuste brutal del gasto público con el desfinanciamiento de áreas esenciales: rutas, salud, educación, investigación, jubilaciones.
Ahora, frente al descalabro que casi les cuesta las elecciones intermedias y con el auxilio explícito del intervencionismo estadounidense, se apuran a presentar la triple reforma —laboral, tributaria y previsional— como si fuera la tabla de salvación. Pero detrás del ropaje tecnocrático se intenta traficar una reforma antiobrera del siglo XIX, cuyo verdadero objetivo es profundizar la precarización, debilitar la organización sindical y consolidar un modelo económico que concentra riqueza, expulsa derechos y entrega soberanía.
Hace cien años se conquistó la jornada de ocho horas en un mundo que no conocía la electrónica, la automatización, la informática ni la inteligencia artificial. Hoy, en plena era digital, cuando la productividad se ha multiplicado gracias al enorme desarrollo científico y técnico, pretenden que trabajemos más, cobremos menos y tengamos menos derechos.
La verdadera reforma laboral del siglo XXI no es la del ajuste ni la precarización. La única reforma posible que responde al sentido histórico es la que permita que toda la sociedad, y no sólo los capitalistas, pueda disfrutar de los beneficios de los avances tecnológicos: reducción de la jornada laboral, aumento salarial y ampliación de derechos.
Eso no es sólo una consigna: es la base de un ciclo virtuoso de la economía. Con mejores salarios y más tiempo de vida disponible, se expande la masa de consumidores, crece la capacidad de demanda y se impulsa la producción de bienes y servicios. La economía se dinamiza desde abajo, no desde el sacrificio de quienes sostienen todo con su trabajo.
Pero además, este camino requiere un proyecto de desarrollo independiente: utilizar parte del excedente social para invertir en las ramas fundamentales —energía, industria, ciencia, tecnología, salud, educación— y construir una estructura económica capaz de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo sin depender del capital financiero internacional.
La reforma laboral que necesitamos no es la del siglo XIX, sino la del futuro: menos horas, mejores salarios, más derechos y un país que invierta en su propio desarrollo. Porque el progreso tecnológico debe servir para liberar tiempo y dignidad, no para ajustar a quienes ya sostienen todo con su esfuerzo.