El oficialismo y bloques de la oposición dialoguista lograron este martes 6 de mayo un dictamen de mayoría para un proyecto que reforma el régimen penal juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años. La medida avanza pese a las críticas de especialistas y organizaciones de la sociedad civil que denuncian un nuevo retroceso en derechos para las infancias y juventudes.
Esta avanzada revive viejos debates que reaparecen cada vez que las crisis sociales agudizan la desigualdad. Este proyecto, lejos de ofrecer soluciones reales, reinstala la criminalización de la pobreza y profundiza un modelo de exclusión. ¿Qué sociedad construimos cuando el castigo reemplaza a los derechos?
El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista lograron el martes 6 de mayo suscribir un dictamen de mayoría para un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Al promediar la reunión resolutiva de un nutrido plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, la diputada Laura Rodríguez Machado anunció que obraba en secretaría un despacho con 77 firmas.
La iniciativa está acompañada por La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica. Cabe recordar que en junio del año pasado, el Poder Ejecutivo había presentado un proyecto aún más drástico que pretendía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, en línea con un objetivo histórico de la política punitivista de la derecha argentina, que cada año electoral resurge sin ofrecer soluciones de fondo para garantizar los derechos básicos de la población adolescente.
El gobierno anunció el 28 de junio de 2024 la presentación del proyecto de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. (Fuente: https://www.argentina.gob.ar)
Tal es así que LLA, el PRO y sus aliados lograron imponer el dictamen a pesar de las ocho reuniones de comisión en las que participaron expertos de la sociedad civil y del Poder Judicial, en su gran mayoría críticos de la baja de edad de imputabilidad, aunque finalmente se incorporaron algunas modificaciones al proyecto original. Esto sucedió incluso tras el pedido formal de la Mesa de Articulación de Niñez para interrumpir la reunión y continuar el debate con una mayor participación de especialistas y organizaciones sociales, que aún no habían sido escuchados.
A modo de contribuir a la difusión y comprensión social de este polémico proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei junto a sus aliados parlamentarios, consultamos la opinión de Gustavo Brufman, profesor titular en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, integrante del Grupo de Estudios sobre Niñeces y Juventudes de América Latina y el Caribe, y con amplia experiencia como educador popular en las barriadas populares de Rosario.
Dijo Gustavo Brufman:
Lo primero que quiero expresar es la enorme preocupación que me genera el avance de este proyecto de ley. Es una medida profundamente regresiva, que lejos de resolver los problemas de seguridad, apunta a criminalizar aún más a los sectores populares, a los pibes pobres.
Y lo segundo que quiero aclarar es algo fundamental: se habla de bajar la edad de imputabilidad, pero en realidad corresponde hablar de punibilidad. Son dos cuestiones distintas y es un debate muy importante que debemos dar con seriedad. No es cierto que los niños, las niñas y los adolescentes sean inimputables: son no punibles. Y esto es clave porque no es que “no les pasa nada”; sí les pasa, y sí hay ámbitos del Estado que actúan y operan sobre ellos. El problema está en la gran ausencia de políticas públicas serias para poder atender y para poder cumplir con los mandatos que como Estado tenemos hacia los sectores populares de nuestra sociedad y, entre ellos, hacia la infancia, la adolescencia y la juventud, particularmente quienes forman parte del profundo despojo y de la profunda desigualdad a la que estamos sometidos.
Muchas de las cosas que acontecen no es que tengan una justificación, pero sí deben tener una interpretación. Suelen ser producto de la marginación, la opresión y el desprecio solo por provenir de ciertos sectores desfavorecidos, de la trama social más golpeada y más castigada de nuestro pueblo.
No es casual que este tipo de proyectos resurjan cada vez que hay una crisis económica y social profunda. Se busca un chivo expiatorio, se busca desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales, y se apunta contra los más débiles. La historia reciente nos muestra que estas medidas no bajan el delito, pero sí profundizan la desigualdad y la violencia institucional.
Hasta ayer mismo, la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia de Argentina —una organización muy importante que se fue construyendo a nivel nacional, con un sinnúmero de organizaciones que trabajan en este segmento de la vida— había solicitado a Diputados interrumpir la reunión para continuar el debate y poder ser escuchados. Esta mesa incluye desde movimientos sociales hasta sectores de la Iglesia Católica, que vienen sosteniendo una fuerte posición contra la baja de la edad de punibilidad. Sin embargo, no pudo ser. Entre gallos y medianoche, sectores del oficialismo y de la oposición terminaron acordando que, en vez de bajar la edad a 13 años como quería el oficialismo, se bajara a 14 años. Y así, entre un año más o un año menos, cerraron el dictamen con 77 votos, que ahora busca convertirse en ley.
Esto también va a afectar a los trabajadores del Estado que laboran con estos adolescentes y jóvenes involucrados en delitos graves, aunque, cabe decir, son una ínfima minoría absolutamente irrelevante a nivel nacional en términos de estadísticas delictivas. Pero tienen un efecto mediático muy fuerte, que hiere la sensibilidad pública y es amplificado por los grandes medios de comunicación, que transforman en tendencia algo absolutamente abordable y atendible si el Estado tuviera criterios y políticas propias para actuar.
La presencia permanente de gendarmería y fuerzas de seguridad en los barrios populares parece ser la única política pública sostenida en el tiempo, mientras seguimos sin respuestas estructurales. Este endurecimiento punitivo convierte la marginalidad en el único espacio donde el Estado aparece, no para garantizar derechos, sino para controlar y reprimir. Es tremendo, terrible e indignante, porque se sigue identificando la marginalidad como el problema, mientras la única política existente en los barrios populares es la ocupación policial y militarizada para llevar tranquilidad al centro de la ciudad, en detrimento de las periferias.
Hace años escribí algo que quiero recuperar hoy porque sigue vigente: venimos de la tierra en la que los sueños mueren demasiado temprano y, sin embargo, renacen porque siguen naciendo los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Venimos de un lugar donde quienes comercian con la muerte prematura nos obligan a pensar que es natural que los padres entierren a sus hijos, que la biología estaba equivocada cuando nos decía que uno se moría de viejo. Donde somos malparidos, con el guiño de los dueños de todo, que nos cargan un fierro en la cintura para salir a laburar —entre comillas— uno del tamaño de nuestra necesidad, para que al menos por un instante sintamos el poder de ser dueños de la vida ajena. Y eso se multiplica en las pesadillas que llevamos desde siempre adheridas a la piel, mientras en los barrios seguimos viendo pibes cirujeando, limpiando vidrios, recorriendo las mesas de los bares, y cómo muchos terminan presas fáciles de un sistema que solo les ofrece más exclusión, más dolor.
Todo esto sucede en un contexto en el que el Estado social se va desdibujando para transformarse en un Estado penal, desentendiéndose de su responsabilidad y de su obligación de invertir en políticas públicas que garanticen equidad. Esto, como decía Loïc Wacquant, discípulo de Bourdieu, nos devuelve a la imagen de “los condenados de la ciudad”, parafraseando a Fanon y su idea de “los condenados de la tierra”. Nuestras niñeces, adolescentes y jóvenes de los sectores populares, quienes forman parte del segmento más despojado y castigado por estas políticas de exclusión, son tratados como los condenados. Pero sepan que allí siguen habiendo luchas, sigue habiendo vida, siguen existiendo organizaciones populares y quienes apostamos a que no es inexorable que esa sea la única forma de atender a estas niñeces y adolescencias. Seguiremos luchando por crear un nuevo tejido social que haga frente a estas políticas de muerte y construya alternativas dignas y justas para nuestras juventudes.”
El escenario actual hace recordar a los años 90, cuando también se impulsaron discursos similares desde el poder político. En ese momento, con el auge de las políticas neoliberales, se intentó imponer la idea de la “tolerancia cero” y se hablaba de la “inseguridad” como si fuera un problema que se resolviera únicamente con más represión y menos derechos. Lo vimos con las leyes Blumberg en los 2000 también. Esa historia nos enseñó que endurecer las penas o bajar la edad de imputabilidad nunca trajo soluciones reales; solo sirvió para reforzar un modelo de exclusión y castigo para los más pobres, mientras se seguían vulnerando sus derechos más básicos.
Hoy, lamentablemente, volvemos a ver ese mismo guión. Cambian los actores, pero el enfoque es el mismo: en lugar de garantizar oportunidades y construir una sociedad más justa, se recurre a respuestas punitivas que ya fracasaron antes. Es imprescindible que esta vez la sociedad civil y las organizaciones podamos frenar este avance.
Esta iniciativa no surge de un diagnóstico serio sobre el delito juvenil, ni de una mirada integral sobre la niñez. Por el contrario, es una respuesta punitivista, que intenta instalar en la sociedad la idea de que los chicos son peligrosos, cuando en realidad son víctimas de un sistema que les niega derechos desde que nacen.
En lugar de garantizar educación, salud, vivienda y contención para nuestras juventudes, se responde con cárcel. Y eso es profundamente alarmante. Porque sabemos que una vez que un pibe entra en contacto con el sistema penal, lo más probable es que ese circuito se repita, que se consolide una trayectoria de exclusión.
En definitiva, este proyecto de ley no aporta soluciones reales. Por el contrario, reproduce y profundiza un modelo de exclusión. Necesitamos políticas públicas que apunten a la inclusión, al trabajo digno, a la educación de calidad, y a la ampliación de derechos. Apostar a más castigo es renunciar como sociedad a la posibilidad de transformar las causas profundas de la inseguridad.
Por eso es fundamental rechazar este avance punitivista y exigir al Estado que cumpla con su obligación de garantizar derechos y oportunidades para todos y todas, especialmente para nuestras juventudes, que son el presente y el futuro del país.