Marcelo Basso, militante de Poder Popular y delegado sindical
Es una preocupación común a toda la comunidad el hecho de que el sistema educativo no logra dar respuestas satisfactorias a las expectativas de la sociedad respecto de la educación de los y las jóvenes, lo cual viene sucediendo desde hace muchos años. Atendiendo a esa demanda, los diversos gobiernos intentan en forma permanente dar respuestas a los diversos problemas mediante la implementación de cambios, muchas veces contradictorios, la mayoría de las veces insuficientes.
Así es como la Dirección General De Cultura Y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE) acaba de implementar un nuevo régimen académico que se anuncia con gran entusiasmo como una transformación de dimensiones paradigmáticas. Sin embargo, lo primero que llama la atención es lo obvio y reiterado de sus objetivos generales o, para usar sus propios términos, sus “búsquedas”:
“fortalecer la enseñanza y mejorar los aprendizajes, acompañar las trayectorias educativas de las/os estudiantes, promover el esfuerzo y profundizar la convivencia democrática, teniendo presente las particularidades de los distintos contextos y territorios, dando respuestas a las necesidades de las/os jóvenes y adolescentes que hoy habitan la secundaria.”
Con muy pocas diferencias, estos objetivos se vienen repitiendo desde la ley Nacional de Educación del 2006, la Ley Provincial en el 2007, y el régimen académico elaborado en el 2011 que rigió hasta el ciclo 2024, sin que estos sean satisfechos, lo cual es algo que los docentes venimos denunciando desde hace varios años; pero ahora es el propio documento de este nuevo Régimen Académico que reconoce que:
“Al día de hoy, sigue siendo un desafío para la educación secundaria de la provincia garantizar que las/os jóvenes cumplan sus trayectorias educativas en tiempo y forma y con los aprendizajes esperados. Es tarea del Estado provincial desarrollar políticas educativas para la mejora de la enseñanza y de los aprendizajes.”
Tales Políticas Educativas deben ser definidas por el poder ejecutivo provincial, lo cual sucede casi siempre haciendo mucho énfasis en que estas nuevas medidas son el resultado de la más amplia consulta y participación a toda la comunidad educativa. En la introducción del nuevo régimen académico se expresa que “esta actualización es producto del proceso de participación compuesto por diversas instancias de trabajo desplegado en toda la provincia durante los años 2022, 2023 y en la primera parte del 2024. En este marco se generaron numerosos encuentros con equipos supervisivos, equipos de conducción, docentes y estudiantes que permitieron debatir acerca de la escuela secundaria”.
Esta amplia participación, de gran importancia dado que es bien sabido que las políticas educativas tendrán éxito en gran medida si tienen el acuerdo y convicción de los y las docentes, en realidad nunca es tal. Quienes vivimos el día a día de la escuela, sabemos que solo algunos pocos pudimos participar de alguno de esos encuentros “que permitieron debatir acerca de la secundaria”, la mayor parte de los cuales se desarrollaron en tiempos acotados y formatos discontinuos en los que difícilmente se pudieron elaborar conclusiones más o menos sistematizadas sobre las políticas educativas. Éstas, en tanto políticas públicas, deberían incluir el análisis contextualizado de las políticas económicas, sociales y culturales, en conjunto con las relaciones de poder; la realidad es que en tales encuentros solo intercambian experiencias a modo de catarsis, y se analizan algunas medidas ya decididos en otros ámbitos.
Esta bien descripto y documentado en diversos trabajos científicos, que las políticas educativas de los países dependientes como el nuestro son el resultado en gran medida de las exigencias e intereses del poder real, representado por la educación privada y la iglesia, grupos financieros vinculados a la educación y las editoriales, y especialmente a organismos internacionales como la OCDE, la OEI, el FMI y el BM. entre otros. (Canan, Silvia Regina 2017 – Influencia de los organismos internacionales en las políticas educacionales: ¿sólo hay intervención cuando hay consentimiento? /1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; San Pablo).
Respecto del nuevo Régimen Académico
Una de las ideas ampliamente difundidas para promocionar el nuevo régimen académico propone “el respeto por los conocimientos ya logrados por los estudiantes”, con el interés puesto en que “es posible exigir sin repetir”. La mayoría de los cambios propuestos van en el sentido de eliminar la repitencia, y eliminar también las mesas examinadoras extendiendo la intensificación todo el tiempo necesario hasta completar los aprendizajes prioritarios. Muchas de estas medidas, ya venían siendo implementadas mediante acuerdos entre docentes y estudiantes para mejorar las condiciones de estudio y sostener las trayectorias, llegando a las mesas examinadoras con todo un trabajo previo. Pero las condiciones impuestas en el nuevo régimen definen pautas que generan un conjunto de inconvenientes administrativos y pedagógicos tan amplios, que termina reconociendo que es la escuela la que debe decidir cuales son las mejores opciones de que dispone para “ampliar el tiempo de trabajo durante el año escolar, con diversos formatos y estrategias de enseñanza, que garanticen a las/os estudiantes las oportunidades de aprendizaje necesarias, sin resignar de forma alguna el esfuerzo y la responsabilidad que ello exige”.
Ampliar el tiempo de trabajo y producir diversos formatos y estrategias de enseñanza, a pesar de que el ministro Sileoni lo niegue, significa una gran sobrecarga laboral tanto del aula como en su ya sobrecargada tarea extraescolar. Los y las docentes tendremos que atender en la misma aula y en diversos momentos, a estudiantes regulares que cursan por primera vez, a los estudiantes que estarán re-cursando la materia algunos en contra turno y con sobreedad, a los estudiantes que desaprobaron durante el año anterior (en materias sin continuidad), a los que intensifican el curso anterior al presente, cada uno con sus particularidades académicas, más los que deban intensificar del mismo año a partir de junio, sin olvidar a los estudiantes integrados que requieran adaptaciones particulares de los trayectos pedagógicos. Ya lo estamos comprobando, todo esto producirá situaciones inadecuadas tanto a los fines pedagógicos como prácticos y de convivencia.
En este punto, se hace necesario analizar el contexto que acompaña a la aplicación de estas medidas:
- en ningún caso se amplia el tiempo efectivo de clases, por el contrario, los dos períodos de intensificación previstos por cada cuatrimestre restarán tiempo real de cursada, dado que no se podrá avanzar en nuevos temas;
- tampoco se prevé ampliación de la planta docente con nuevos cargos para apoyar o complementar el trabajo docente y preceptoría, o para fortalecer los EOE, o para permitir el funcionamiento de talleres y laboratorios;
- también parte del contexto es que el poder adquisitivo del salario no ha recuperado nada del poder adquisitivo perdido durante la última gran devaluación; por el contrario continúa perdiendo en paritarias que aceptan índices de inflación que no refleja los verdaderos incrementos de precios, y ante un IOMA con muy mala y recortada cobertura, lo que nos produce altísimos gastos en salud. Esto significa que deberemos seguir sobrecargándonos de horas;
- tampoco está prevista la entrega de nuevos recursos pedagógicos ni didácticos necesarios para mejorar las oportunidades de aprendizaje; ni se espera contar con insumos de laboratorio o talleres de medios ni de computadoras o dispositivos tecnológicos, o recursos para salidas pedagógicas, gastos que ya no pueden seguir asumiendo las raquíticas cooperadoras.
- no hay ni habrá horas institucionales, tal como se reclama desde hace muchos años, para la coordinación, articulación y planificación, ni para formación como preve el estatuto;
- seguirán aplicándose políticas de precarización laboral, ahora con el nombre de “aulas de aceleración”, con modalidades de contratación por fuera del estatuto.
Es decir que dado que el nuevo Régimen Académico no prevé el aporte de nuevos recursos para mejorar las condiciones de enseñanza, para aumentar las oportunidades de aprendizaje, para lograr un mayor y más cercano seguimiento de las trayectorias diversas de los y las estudiantes, toda la responsabilidad de aplicar estas nuevas medidas recaen exclusivamente sobre el trabajo de las y los docentes, una vez más. Medidas que tratan sobre las formas: de evaluar, de planificar, de acompañar trayectorias, de adaptar contenidos contextualizados; pero escasos o nulos cambios de fondo, que resignifiquen la importancia del conocimiento, y estimulen la apropiación de una nueva escuela inserta en el debate social del desarrollo de una sociedad futura.
Los resultados serán evaluadas con el tiempo, pero en las charlas de los recreos, en las salas de profes, en las plenarias, en las jornadas institucionales y en las reuniones de directivos, la opinión generalizada es que estas modificaciones solo aumentarán los problemas ya abundantes, sin producir transformaciones reales. Sin nuevos recursos y con una mayor sobrecarga laboral, estas políticas solo se pueden interpretar como parte del ajuste presupuestario, lo cual se hace aún más evidente cuando vemos con asombro que para este nuevo ciclo lectivo se cierran 40 o más aulas de escuelas públicas de Mar del Plata, lo cual sabemos apenas por relevamientos entre los propios docentes. Esto equivale al cierre de dos escuela de cuatro divisiones lo cual significa un importante achicamiento de la educación secundaria, con la pérdida de 800 vacantes para estudiantes (contando 20 por división) y 900 módulos de trabajo docente. A esto se agrega algunas modificaciones en la escuela técnica que significó la unificación de materias con más reducción de módulos. Sabemos que no se han creado nuevas escuelas en Mar del Plata y no es creible que de repente se haya reducido la cantidad de adolescentes; además bien sabido que la grave crisis económica que vivimos ha provocado una importante migración de estudiantes de la escuela privada a la pública. Entonces ¿por qué se cierran aulas si no es solo para reducir presupuesto?
Nunca se dieron explicaciones de ninguna índole sobre estos cierres de cursos y recortes presupuestarios por parte del gobierno ni mucho menos de parte de los sindicatos docentes que aceptaron sin objeciones todas estas medidas. Pero es muy claro que son las políticas educativas que se contradicen con los objetivos enunciados, nunca consultadas ni con la comunidad educativa ni con la sociedad. Son políticas educativas acordes al contexto de estas épocas de auge liberal por las que todo “lo público” está cuestionado y en vías de extinción, y la política está dirigida por las grandes fortunas de la especulación financiera. En ese contexto la educación pública estatal se va convirtiendo en un espacio de contención social más que de construcción de futuro planificado, al cual nunca se hace referencia ni merece consulta alguna.
Respecto de lo pedagógico, en el nuevo R.A. solo se hacen algunas referencias muy generales, como “fortalecer la enseñanza y mejorar los aprendizajes”. Sin embargo la sobrecarga de tareas ya descripta resta tiempo efectivo para el desarrollo curricular con sus respectivas actividades. Los proyectos areales, el aprendizaje basado en problemas, las actividades transversales y la producción grupal, todo lo cual se viene desarrollando desde hace varios años con gran trabajo y dedicación para mejorar las oportunidades de aprendizaje, resultan contradictorios con una nueva perspectiva que prioriza las trayectorias diversas e individualizadas.
Se ha dejado trascender que se está trabajando en nuevos diseños curriculares para el próximo ciclo lectivo, y nuevamente se dirá que son el resultado de amplios debates que nunca sucedieron. Nadie sabe nada sobre los nuevos diseños curriculares, pero se han deslizado comentarios sobre la idea de reducir la cantidad de materias unificando contenidos y reduciendo también la planta docente. ¿Quiénes deben decidir qué contenidos deben aprender los y las jóvenes para una mejor sociedad futura? ¿quiénes definirán cómo debe ser esa sociedad futura? ¿O será que solo nos toca esperar a que “la modernidad” nos llegue predefinida por las grandes potencias, sin soberanía alguna para definir nuestros pareceres?
En el caso de que eligiéramos el camino de la soberanía política, la gran mayoría de los y las docentes estamos de acuerdo en que es muy necesario repensar nuestra escuela en todo sentido, y también sabemos que lo curricular no puede ir escindido del régimen académico, y que inevitablemente transformar la educación pública requerirá una mayor y más eficiente inversión presupuestaria, revalorizando el trabajo docente. Y ya que estamos en esto debatir cambios en la educación, algunas ideas que surgen de los pasillos de las escuelas hablan de nuevas formas de habitar la escuela con nuevos espacios de aprendizaje, como aulas taller con participación real de estudiantes y por qué no padres, en las que se pueda articular e interseccionar a las artes, con la ciencia y la tecnología, en producciones que privilegien el trabajo cooperativo y de utilidad social; una escuela transformadora e integrada a las necesidades sociales, económicas y políticas.