Cuando la democracia y los derechos se niegan, los pueblos buscan caminos

Por Mario Bortolotto – 23 de marzo de 2026

En estos días tan significativos para nuestra historia —para nuestro presente y nuestro futuro—, al cumplirse 50 años del golpe que marcó de manera brutal las décadas siguientes, resurgen los argumentos que buscan justificar el enfrentamiento contra la llamada “subversión”. Se trata de una maniobra de encubrimiento, utilizada por genocidas y sus cómplices, que pretende tapar el sol con la mano: ocultar el carácter sistemático del terrorismo de Estado y sus responsabilidades históricas.

Por eso, cada año resulta necesario dar esta batalla también en el plano de la historia. Porque una de las operaciones más burdas de esos sectores es borrar el contexto, negar el proceso previo, deshistorizar. Intentan invisibilizar las condiciones que dieron origen a una generación que se cansó de los atropellos, de la violencia permanente y de la negación de derechos, y que buscó caminos para enfrentar un orden social injusto.

La generación que optó por la lucha armada no surge en el vacío ni como un error aislado. Es el resultado histórico de una violencia sistemática ejercida por las clases dominantes, que encontró en el llamado “partido militar” (las Fuerzas Armadas) su instrumento permanente de poder: una fuerza que nadie eligió, pero que intervino una y otra vez para anular, a sangre y fuego, cualquier canal de participación política popular.

Esa es la violencia originaria.

Desde la masacre de obreros en los talleres Vasena (1919, entre 800 y 1500 obrerxs asesinadxs), las huelgas rurales en la Patagonia (1921, entre 1.000 y 1.500 fusiladxs), el bombardeo de 1955 (más de 300 muertxs), hasta la proscripción y persecución política, se configura un largo ciclo de más de treinta años de violencia estatal y ausencia de democracia efectiva. No se trata de episodios aislados, sino de una estrategia sistemática para disciplinar al pueblo y garantizar un orden social basado en la desigualdad y la dependencia.

A lo largo del tiempo, las clases dominantes construyeron un relato que buscó justificar el terrorismo de Estado y deslegitimar toda forma de resistencia. Lo más grave es que, bajo ese mismo relato, se pretende juzgar como “error” o “desvío” la búsqueda del pueblo de caminos para enfrentar esa opresión.

Pero la historia muestra otra cosa: cuando se cierran todas las vías institucionales, emergen nuevas formas de lucha.

La generación de los años 60 y 70 no solo vivió la represión, la proscripción y los asesinatos de trabajadores y estudiantes; también se pensó a sí misma como parte de una tradición emancipadora. Así como Belgrano y San Martín levantaron ejércitos para romper las cadenas del imperio español, esa generación se reconoció heredera de esas gestas, en un nuevo contexto de dominación: el del imperialismo y la dependencia, expresados en los monopolios capitalistas y en la injerencia de los Estados Unidos sobre nuestros países.

Desde esa perspectiva, la lucha no era solo contra una dictadura, sino contra un orden social, económico y político que negaba cualquier posibilidad de transformación por vías democráticas reales.

Comprender este proceso histórico no implica simplificarlo ni idealizarlo, sino asumir que las formas de resistencia de un pueblo están profundamente ligadas a las condiciones en que le toca vivir. Y que cuando la violencia viene desde arriba, organizada y sistemática, las respuestas desde abajo no pueden entenderse por fuera de ese contexto.

Vale entonces recuperar la historia previa al golpe del 24 de marzo de 1976.

Argentina no vivía una democracia plena y estable. Incluso cuando se ampliaron derechos políticos, las clases dominantes buscaron sistemáticamente limitarlos o revertirlos. Tras la Ley Sáenz Peña en 1912, el primer gran quiebre se produce en 1930 con el golpe de Estado que derroca a Hipólito Yrigoyen, inaugurando la intervención militar como garante del orden social.

La llamada “década infame” consolidó ese patrón mediante el fraude electoral, la exclusión política y la subordinación económica. En 1947 se conquista un avance clave: el voto femenino, ampliando la base democrática. Pero este proceso también será interrumpido por nuevas rupturas institucionales. 

Debajo un cuadro 

Lo que se configura es un patrón estructural: cuando los sectores populares avanzan, las clases dominantes responden con fraude, proscripción o golpes de Estado.

Por eso, la radicalización de fines de los años 60 y 70 no fue un desvío inexplicable, sino la consecuencia histórica de un pueblo al que le cerraron todos los caminos. Y esa es una lección que sigue vigente: cuando la democracia se vacía, cuando los derechos se recortan y cuando el poder se ejerce contra las mayorías, la historia vuelve a abrirse paso.

Para la generación que se formó entre 1968 y 1970, el bombardeo de 1955, derrocamiento de Perón,  no fue un hecho más del pasado, sino una evidencia decisiva. Mostraba que las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a masacrar civiles incluso contra gobiernos constitucionales; que amplios sectores de la oposición política —radicales, socialistas y conservadores— podían avalar o justificar esa violencia cuando servía a sus intereses; y que la impunidad era la regla: quienes habían participado del asesinato de más de 300 personas no solo no fueron juzgados, sino que se presentaron como “libertadores” y ocuparon el poder. En esas condiciones, la democracia dejaba de ser una garantía real: si un gobierno electo podía ser bombardeado y sus responsables luego legitimados, la pregunta por los límites de las vías institucionales no era abstracta, sino profundamente concreta.

Cabe señalar, además, que la mayoría de las principales organizaciones armadas revolucionarias no surgen al inicio del golpe y dictadura de 1966, sino hacia 1970, luego de la irrupción de masas del Cordobazo y el Rosariazo. Es decir, después de cuatro años de dictadura militar que había intervenido universidades, suprimido derechos políticos y respondido con represión sistemática a las luchas obreras y estudiantiles. Lejos de ser el punto de partida, su emergencia fue consecuencia de un ciclo previo de violencia estatal, clausura de toda vía democrática e irrupción popular contra el régimen.

Luego del altísimo crecimiento de las fuerzas populares en esos años, en todos los frentes, el golpe del 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado ni simplemente un cambio de gobierno: fue el intento más profundo y decisivo del régimen de dominación por liquidar todo vestigio de organización y poder popular acumulado en décadas de lucha, especialmente en la clase trabajadora. No es casual que la mayoría de lxs desaparecidxs hayan sido activistas sindicales.

A través del terrorismo de Estado —la desaparición sistemática de personas, la apropiación de niñxs, la persecución política y el disciplinamiento social— se buscó imponer un nuevo orden económico y social, funcional a los intereses de las clases dominantes y al proyecto de dependencia. 

Así como no hay neutralidad posible frente a la injusticia, también no hay memoria sin compromiso. Por lo que no hay futuro si se pretende borrar las causas profundas de nuestras luchas.

Frente a quienes quieren imponer el olvido o justificar el horror, respondemos con historia, con organización y con lucha. Porque las conquistas nunca fueron concesiones: siempre fueron el resultado de pueblos que se levantan.

Y porque, como ayer, hoy también está en disputa qué sociedad queremos construir.