Por Mario Bortolotto (Secretariado de COAD – UNR)
El jueves 16 de octubre se llevó a cabo en la sede de ATE Rosario un plenario intersindical que reunió a cerca de 250 trabajadorxs de diferentes gremios de la ciudad y la región, en un marco de deliberación amplio y con un horizonte claro: organizar la resistencia frente al programa de ajuste y reformas del gobierno de Javier Milei.
“La burguesía prepara sus reformas para asegurar la continuidad del saqueo.
El movimiento obrero debe preparar su respuesta para asegurar la perspectiva de una vida digna.”
La convocatoria, que logró confluir a más de 15 sindicatos, fue una muestra palpable del potencial de articulación que sigue existiendo en el movimiento obrero cuando se plantea actuar por fuera de las estructuras burocratizadas y al calor de los conflictos reales. Participaron, entre otros, el Sindicato de Conductores Navales, SOMU (marítimos), COAD (docentes universitarixs), SOEAR(Aceiteros de Rosario), ATE (estatales nacionales, provinciales y municipales), el Frente 4 de Abril de AMSAFE, el Sindicato de la Marina Mercante, SUCMRA (cadetes), Dragado y Balizamiento, la Comisión Interna de Synthon (Químicos San Lorenzo), la agrupación marrón de salud, referentxs de la UOM Villa Constitución, la CTA Autónoma Rosario, FESPROSA-SIPRUS, FESTRAM, además de organizaciones sociales y de jubiladxs como el FREJEL, la CCC, la FENAT-CTA A y representantes de pueblos originarios.
Un diagnóstico común
El plenario se desarrolló en un contexto de profunda fragilidad financiera del gobierno, marcado por la recesión, el repunte inflacionario y las presiones devaluatorias que ya estiman consultoras internacionales como Morgan Stanley, con escenarios del dólar entre 1.900 y 2.200 pesos hacia fin de año.
Al mismo tiempo, el FMI acaba de recortar las proyecciones de crecimiento del PBI e inflación para 2025, advirtiendo que el programa oficial enfrenta “mayores dificultades de implementación”.
El estancamiento económico y la parálisis productiva golpean de lleno en el empleo y los salarios, mientras el Ejecutivo —a pesar de todo— insiste en su hoja de ruta: reforma laboral, tributaria y jubilatoria.
A ello se suma un dato político cada vez más preocupante: el desconocimiento deliberado por parte del Gobierno nacional de las leyes de emergencia en discapacidad, pediatría y universidad pública, lo que exhibe una deriva peligrosa hacia la concentración del poder y la desarticulación institucional.
Al gobernar por decreto y despreciar los mecanismos democráticos básicos, el oficialismo se ubica en un terreno riesgoso, más cercano a los regímenes autoritarios que hoy avanzan en la región, como las variantes de extrema derecha que gobiernan en Ecuador y Perú.
El peligro no es abstracto: se trata de una estrategia que erosiona derechos, destruye el tejido social y busca disciplinar al movimiento popular bajo el pretexto de la “eficiencia” o la “libertad de mercado”.
El poder económico ya diseña una nueva ofensiva
La burguesía prepara sus reformas para asegurar la continuidad del saqueo. En paralelo, el Coloquio de IDEA, espacio emblemático del empresariado argentino, dejó en claro cuáles son los intereses en juego.
En esa cumbre, el llamado “círculo rojo” discutió con el gobierno la urgencia de avanzar con las reformas estructurales: flexibilización laboral, rebajas impositivas y una reestructuración previsional que garantice mayor rentabilidad y menor “costo social”.
Como señala la propia cobertura del evento, los grandes grupos empresarios negocian directamente con el Ejecutivo la letra fina de un nuevo esquema de acumulación, que apunta a redistribuir el excedente hacia el capital concentrado y reducir la participación del trabajo en la riqueza nacional.
Es decir: un intento de reconfigurar los términos de la explotación y la apropiación del excedente económico, bajo la coartada de la “competitividad” y la “modernización”. Entre los objetivos centrales de la reforma laboral consisten en eliminar las indemnizaciones por despido y el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implica que al vencerse el convenio, este deja de aplicarse automáticamente. Esto implicaría una nueva arma para las patronales ya que a medida que se acerca la fecha de vencimiento, la presión para aceptar condiciones menos favorables aumenta, porque la alternativa es quedarse sin convenio. En síntesis, buscan borrar décadas de avances laborales y sociales del movimiento obrero.
Una respuesta desde el movimiento obrero
El movimiento obrero debe preparar su respuesta para asegurar la perspectiva de una vida digna. Así el plenario de Rosario fue, en ese marco, una expresión temprana de la necesidad de construir un sujeto colectivo capaz de enfrentar esta ofensiva.
En las intervenciones se compartieron diagnósticos, experiencias de lucha y propuestas de coordinación. Se coincidió en que la unidad desde abajo —entre sindicatos, agrupaciones y movimientos sociales— es la única forma de revertir la dispersión y la desmoralización que busca imponer el ajuste.
Hubo un consenso claro: el programa de Milei no representa los intereses obreros ni populares. Su éxito electoral o su “estabilidad institucional” no deben confundirse con la defensa del bien común, sino con la consolidación de un modelo social excluyente, que privatiza ganancias y socializa pérdidas.
Por eso, impedir que el gobierno salga fortalecido en las elecciones legislativas del 26 de octubre no es sólo un objetivo político inmediato, sino una necesidad defensiva de clase.
Contra la sumisión y la persecución
Todos los discursos coincidieron también en condenar el vertiginoso derrotero del Gobierno nacional, que ha dejado al país en una situación de sumisión frente al Fondo Monetario Internacional y al Gobierno de Donald Trump, subordinando la soberanía económica y política a los dictados del capital financiero internacional.
Esta dependencia no sólo condiciona las políticas internas —de ajuste, endeudamiento y reforma regresiva—, sino que profundiza la pérdida de autonomía nacional en materia económica y geopolítica, reinstalando un modelo de colonialismo financiero.
Del mismo modo, el plenario expresó su solidaridad activa, a un año de sus brutales detenciones, con los militantes procesados por el Gobierno de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, perseguidos por luchar contra la reforma previsional.
Ese pronunciamiento unánime recuperó el sentido más profundo de la solidaridad de clase, señalando que no hay democracia real mientras se criminalice la protesta social.
El apoyo a lxs compañerxs judicializadxs fue leído como una afirmación de que la represión y el disciplinamiento no pasarán inadvertidos ni quedarán impunes, y que cada ataque a un trabajador organizado debe ser respondido con más unidad, más organización y más lucha.
Replicar la experiencia, multiplicar la organización
El desafío que deja el plenario es emular esta experiencia en todo el país: en los lugares de trabajo, en cada ciudad, en cada sector.
No alcanza con la crítica; hace falta organización. Solo una red nacional de plenarios intersindicales y multisectoriales, construidos desde abajo, puede ofrecer un contrapoder real ante la ofensiva patronal.
Esa es la tarea histórica del momento: reconstruir la fuerza social del trabajo frente a un proyecto que busca despojar a la clase trabajadora de sus conquistas más elementales.
