El fallo de la Corte Suprema que expulsa a estudiantes y graduados de los jurados docentes en la UNR no es un simple tecnicismo jurídico, sino parte de un ataque planificado contra la educación pública. Detrás de la toga de los jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz se esconde el proyecto de una universidad elitista, donde las mayorías callan y las minorías deciden.
Por Mario Bortolotto *
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La Corte Suprema contra la democracia universitaria: un fallo que excluye a estudiantes y debilita la educación pública
La Universidad Nacional de Rosario fue centro de atención el cuatrimestre pasado tras un fallo de la Corte Suprema que elimina la participación de estudiantes y graduados en los jurados de concursos docentes. El máximo tribunal avaló un reclamo judicial de 2018 y anuló la ordenanza universitaria que garantizaba esta participación histórica. La Justicia argumentó que solo docentes o “personas de idoneidad indiscutible” pueden evaluar a sus pares, según la cuestionada Ley de Educación Superior de los años ’90.
Frente a esta decisión, la UNR optó por el camino de la obediencia institucional. Aunque rechazó los fundamentos del fallo y anunció que impulsará cambios a la ley, ya modificó su reglamento para reducir el rol estudiantil a la mera observación. Una salida “técnica” que, según sus autoridades, evita futuros conflictos legales, pero que en los pasillos de la universidad suena a claudicación.
Si bien la presidencia de la Federación Universitaria de Rosario (FUR) está conducida por sectores alineados al rector radical Franco Bartolacci —y, por lo tanto, apoyaron la posición oficial de convalidar la reforma del reglamento—, dentro de la federación surgieron voces disidentes que calificaron el fallo como un ataque directo a la autonomía universitaria. “Es inaceptable que cuatro jueces decidan por encima de los estatutos y la voluntad de una comunidad de 80 mil estudiantes”, denunció Enzo Balbuena, secretario general de la FUR. Desde el gremio docente COAD se fue más allá, calificando la reforma interna como “un retroceso de 100 años” y cuestionando la falta de consulta a los claustros.
Lo que está en juego: el modelo de universidad
El trasfondo de este conflicto excede lo jurídico. Lo que está en disputa es el modelo de universidad que queremos una institución democrática, donde estudiantes, docentes y graduados deciden en conjunto, o un espacio tecnocrático, donde las mayorías callan mientras las minorías definen. La Corte, con este fallo, eligió el segundo camino.
Desde Poder Popular y numerosos/as docentes de la UNR entendemos que este caso marca un precedente peligroso. Si hoy se limita la participación estudiantil en los concursos, mañana podrán recortarse otros derechos conquistados. Por eso apoyamos la lucha de estudiantes y docentes que resisten este avance, exigimos la reforma urgente del artículo 51 de la Ley de Educación Superior y reafirmamos nuestro compromiso con una universidad verdaderamente autónoma y popular.
La educación pública se defiende con organización
La educación pública no se defiende con observadores mudos, sino con una comunidad movilizada. Es hora de que todas las fuerzas democráticas y emancipadoras de las universidades se levanten antes de que cercenas más derechos.
La respuesta de la UNR —acatar sumisamente el fallo mientras pide cambios legislativos— demuestra la crisis de un modelo institucional que negocia derechos en lugar de defenderlos. No sorprende: cuando las autoridades prefieren el diálogo con los poderes fácticos antes que con su propia comunidad, el resultado siempre es el mismo: más recortes, más exclusión, más mercantilización de la educación.
Frente a este escenario, la bronca organizada en algunos sectores de la FUR y el gremio docente COAD marca el camino correcto. Pero no basta con declaraciones de rechazo, sino que también necesitamos estudiantes movilizados en cada facultad, transformando el malestar en asambleas masivas que obliguen a las autoridades a romper con el fallo; docentes en pie de lucha, usando su peso institucional para paralizar los concursos antidemocráticos; y una comunidad universitaria unida, dispuesta a defender con hechos —no solo con palabras— la autonomía real.
Desde Poder Popular llamamos a no naturalizar este retroceso. Cada derecho perdido en la UNR será mañana un ataque replicado en otras universidades. Por eso proponemos conformar comités de defensa de la participación estudiantil en todas las unidades académicas. Preparar un plan de lucha unificado y federal. Exigir al Consejo Superior que convoque de inmediato a asamblea universitaria y abra realmente el debate, en un contexto donde no solo avanza un ajuste brutal contra la universidad pública, sino también contra todos los sectores que garantizan derechos humanos básicos como la educación, la salud, la niñez y la protección a personas mayores.
* Docente e investigador de la FCEIA-UNR. Miembro del Secretariado-CD de COAD