Ya lo dijo Victor Jara, los pueblos tenemos el derecho de vivir en paz. También tenemos el derecho de rebelarnos ante el poder, autoritarismo y destrucción que buscan imponer los intereses capitalistas y sus lacayos aliados a nivel local. Eso mismo fue lo que sucedió en diciembre de 2021 en Chubut.
Un día antes de que se recibiera la sentencia en la causa por el Chubutazo, recibimos una noticia terrible, de esas que nunca se espera ni se quiere recibir. Uno de los compañeros injustamente criminalizados por defender el agua en las jornadas del 2021 se quitó la vida. No sabemos si la causa de su muerte se debió exclusivamente a su posible condena, probablemente haya tenido muchos otros motivos, pero sin dudas todos son parte de la angustia y el malestar que causa este sistema perverso, que a la vez se profundiza por las políticas criminales del actual gobierno argentino. La precariedad de la vida se expresa en todos los sentidos posibles, con una educación cada vez más vaciada, con la falta de trabajo, el no llegar a fin de mes y en las situaciones más extremas, el hambre liso y llano. En el medio de todo esto, la salud mental de nuestro pueblo cada vez más golpeada por la incertidumbre y desasosiego permanente al que nos empujan, en un marco de profundo desmantelamiento de todas las áreas que podrían haber brindado aunque sea un paliativo.
En este marco de situación y tras la penosa noticia sobre Lautaro Martínez, no podemos evitar preguntarnos por la relación entre extractivismo y salud mental. Sin pretender sentar una posición acabada, creemos -o más bien intuimos- que habitar en terriorios permanentemente amenazados por nuevos extractivismos -o que ya padecen las consecuencias de los mismos- ataca directamente cualquier tipo de bienestar psico emocional en las personas ¿Cómo no va a afectarnos el miedo a perder el agua por la privatización o contaminación? ¿Cómo no angustiarse al pensar en territorios y cuerpos devastados por el uso de agroquímicos o cianuro? Acaso el tener que estar en permanente alerta frente a la posibilidad de nuevos proyectos extractivos ¿No genera ansiedad y angustia?
Junto a este ataque que es al conjunto de la sociedad, desde el poder implementan otro, que es el que individualiza y a la vez criminaliza a quienes luchan.
Sin dudas, la causa por el Chubutazo que vienen llevando en la espalda lxs vecinxs imputadxs (y ahora condenadxs) es un peso grandísimo. Enorme es el hostigamiento que debieron soportar, por parte de las fuerzas represivas del estado y de los medios hegemónicos de comunicación, a los que durante los días del juicio no les tembló el pulso para publicar las fotos de cada unx de ellxs con nombre y apellido. Sin dudas que esta violencia afecta, y mucho. Son 4 años de cargar con el estigma de estar acusadx de cometer un delito con todo lo que eso significa. Básicamente se les buscó someter a un linchamiento mediático, en consonancia con las prácticas demagógicas y estigmatizantes del gobernador Ignacio Torres.
Hoy la muerte de Laurato Martínez nos llena de bronca y tristeza, al igual que la condena dictada por la jueza Eve Ponce, contra 6 de las personas que tuvieron que enfrentar un juicio sin pruebas. Se trata de una causa claramente armada para aleccionar socialmente y alejarnos de las calles, con cientos de irregularidades, vergonzosas y aberrantes actuaciones por parte de la jueza y de la fiscal Florencia Gomez. No se puede dejar de remarcar la crueldad demostrada por el poder judicial, al hacer de cuenta que nada sucedió y continuar con la audiencia prevista, pese a conocerse la noticia de la muerte de unos de los acusados. No hubo contemplación alguna, ni gesto de empatía o humanidad.
Todo esto que sucede en nuestras narices, no hace más que evidenciar que el poder judicial es totalmente funcional a los gobiernos de turno. La muestra más clara es la revocación de la probation que estxs vecinxs habían obtenido, tras la presión del propio gobernador Ignacio Torres, quien salió por todos sus medios amigos a decir que se debía aplicar mano dura y que no podían quedar impunes. Así sin más, se volvió todo para atrás, elevaron a juicio la causa y el ejecutivo termina por obtener de esta manera la condena que tanto buscaba. ¿Independencia del poder judicial? Cero.
Es inaceptable que sigan perpetuando de forma tan impune y tan inhumana esta clase de acciones, con las que el gobierno, los jueces y funcionarios privilegian un modelo de negocios para unos pocos, a costa de la sangre del pueblo. El Estado es responsable, el gobernador Torres es responsable, Miquelarena es responsable, Florencia Gómez, Eve Ponce y lxs diputadxs que se sumaron a la presión del gobernador declarando de interés la revocación de la probation en legislatura, son responsables.
NUESTRAS VIDAS VALEN
LUCHAR NO ES DELITO
LAUTARO PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE