Nuevamente llenamos las calles del país y demostramos que pese a la aparente quietud de los últimos meses en torno al conflicto universitario, por abajo comenzó a crecer un movimiento dispuesto a defender la educación pública y confrontar con el gobierno.
Como siempre, los números de asistentes a las marchas son una discusión por parte de los medios hegemónicos que varían sus estimaciones según los objetivos políticos de corto plazo que persigan. Algunos de ellos hablan aproximadamente de un millón y medio de personas en la Marcha Federal Educativa, cifra respaldada por los sindicatos. Si bien se calcula que en Capital Federal fue un poco más pequeña que la de abril, esto no fue una sorpresa, ya que entonces los principales sindicatos de las CONADU marcharon en Capital Federal. En esta ocasión, ciudades universitarias como Rosario, Córdoba, Tucumán y Ushuaia a nivel local registraron concentraciones y movilizaciones que desbordaron por mucho a la anterior.
El escenario central del acto de este miércoles 2 de octubre se ubicó mirando al Parlamento y no fue por casualidad. En este nuevo capítulo de la lucha universitaria, ya con el veto ratificado (aunque se firmó esa misma noche), más que a confrontar con el Gobierno nacional el foco se desplazó hacia la presión sobre lxs diputadxs que tienen en sus manos la posibilidad de proteger la ley que elaboraron y votaron. En este sentido, el carácter federal de la protesta cobra una doble dimensión, ya que implica generar organización y movilización en las ciudades y provincias que representan los legisladores, donde tienen su acumulado político.
Con mayor presencia multisectorial que en Abril, la gran movilización universitaria funcionó como caja de resonancia de todos los reclamos y conflictos que se vienen desarrollando desde que asumió este gobierno. Allí, trabajadorxs sindicalizadxs y precarizadxs, sectores de la salud pública y de la economía popular, organizaciones políticas y de derechos humanos, encontraron un canal a través del cual participar y hacer escuchar sus reclamos. Ante la pasividad de sectores de la dirigencia sindical y política ante el paquete de reformas del gobierno y la ausencia de convocatorias generales de otros espacios, el movimiento por la educación pública funcionó como un aglutinador.
La estrategia del gobierno es dividir y mentir
Javier Milei desde temprano entendió que uno de los flancos abiertos por sus políticas que genera una mayor conflictividad social, incluso con su base de votantes, pasa por el eje de la educación pública, particularmente en todo lo que hace al sistema universitario nacional. A pocos meses de iniciado su gobierno, no sólo tuvimos una movilización histórica si no que muchas encuestadoras de las que consulta el oficialismo consideraron que gran parte de su base social continúa reconociendo a la universidad pública como una institución a sostener, ya sea por su capacidad para garantizar una “movilidad social ascendente” como por el valor social y cultural que representa para el desarrollo del país. Por ello, diseñaron varias estrategias de ataque.
La primera, tendiente a disipar la movilización social, consistió en dividir el conflicto del sector universitario al solucionar (parcialmente) uno solo de los tres reclamos planteados por la movilización de Abril. Entonces se pedía por presupuesto, aumentos salariales para docentes y no docentes y aumento de fondos para investigación, pero el Gobierno otorgó solo el primero de los reclamos. Muchos decanos y rectores, en su mayoría radicales, optaron por avalar ese acuerdo, una política que luego encontró continuidad en los votos positivos que la UCR le otorgó al proyecto hambreador de la Ley Bases.
Sin embargo, con el correr de los meses, el deterioro económico y la incapacidad oficial para eliminar efectivamente la inflación suman urgencia al resto de las exigencias universitarias. La pobreza creció más de 12 puntos en el primer semestre y la indigencia se triplicó. Según los últimos informes, un millón de niñxs se van a dormir sin comer. Como parte de este fenómeno, más de la mitad de la docencia universitaria ya se encuentra bajo la línea de pobreza siendo el país en el que peor se cobra –comparativo en dólares- en la región.
En ese marco, el gobierno pasó de denunciar que las universidades eran “antros marxistas” a asegurar que defiende la educación pública. Hoy, como parte de su estrategia mediática y discursiva, apuntan sus críticas en dos sentidos. El primero es el “contenido político” de la movilización en el que ligan el concepto “político” a “partidario” y buscan deslegitimar la movilización por la participación de sectores opositores al Gobierno. Esto no impidió que el movimiento siga creciendo. Por eso, hoy buscan que la Cámara de Diputados ratifique el veto presidencial o, si esto no sucediera, anticipan una judicialización del proyecto. Todos planes que serán inconsistentes si el movimiento universitario y educativo se mantiene unido y en pie de lucha.
Desde la “Oficina del Presidente”, que prácticamente se ha vuelto el órgano de prensa de La Libertad Avanza en general y, más particularmente, del círculo íntimo del Presidente junto a Karina Milei y Santiago Caputo, volvieron a asegurar que “la universidad pública no está en peligro”. Y agregaron:. “Lo que peligra es el botín que se reparten. No permitas que te usen los golpistas”. En esta estrategia discursiva, el Gobierno deja en evidencia su carácter autoritario frente a la oposición. La libertad que quieren vendernos tiene olor a gas pimienta. La libertad que predican tiene olor a privatización y autoritarismo. Contra lo que dicen algunos dirigentes opositores, debemos poner todos nuestros esfuerzos en señalar el carácter anti democrático del veto y hacer que la ultraderecha pague el costo político por el mismo.
El nacimiento de un movimiento opositor contra Milei
Desde Poder Popular afirmamos en notas anteriores que durante varios años en Argentina existió un bloqueo popular al ajuste, lo que condicionó a los gobiernos cada vez que quisieron avanzar de manera regresiva a los intereses populares. La muestra más clara y cercana de esto fue la gran rebelión contra la Reforma Previsional que intentó aplicar el macrismo en 2017. Sin embargo, es necesario que entendamos las diferencias de este proyecto de ultraderecha neoliberal y autoritaria respecto de los gobiernos anteriores.
El gobierno de Macri, pese a tener un programa económico y político muy similar al de Milei (que incluso hoy Patricia Bullrich ejecuta desde adentro de la coalición LLA), respondió a las grandes movilizaciones y protestas que atravesaron su gestión. Tras las enormes movilizaciones del 2×1 contra la liberación a los genocidas, retrocedió con la medida. Posteriormente, aunque lograron aprobar la reforma previsional en el Parlamento, se vieron obligados a retroceder con el resto de los cambios de fondo que querían implementar y debieron enfocarse en llegar al fin de su mandato (una dinámica habilitada por el “hay 2019” del peronismo). Con el gobierno de Milei nos enfrentamos a un proyecto de ultraderecha que no mide la ejecución de su programa a partir del consenso ni por la reacción de las calles. Convencidos de que la Argentina tiene que migrar hacia su utopía, están dispuestos a ejecutarlo hasta el final, a convivir con altos niveles de movilización y conflictividad social, que apuestan a contener por vía autoritaria. Esta lógica, que podríamos definir como “thatcherista”, busca forzar los márgenes de la democracia, fragmentar, dividir y golpear al movimiento obrero y popular hasta dejarlo desarmado para las batallas que se vienen.
En ese sentido, es esperable que movilizaciones masivas como las que protagonizamos no evidencien resultados inmediatos, así como es esperable que Milei avance con el veto . Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta reactivación del conflicto universitario puede implicar el principio de la conformación de un amplio movimiento opositor al gobierno que se manifieste de manera masiva en las calles. Aunque no veamos “resultados concretos” en lo inmediato, estamos construyendo las condiciones para resistir la ofensiva ultraderechista a mediano o largo plazo. Por ello, debemos contribuir al nacimiento de múltiples agrupaciones, organizaciones y expresiones sociales y políticas que hoy tienen sus primeras jornadas en estas luchas. A la par, tenemos que intervenir en la discusión sobre la orientación de este movimiento.
¿Cómo seguimos?
Para que se escuchen las voces de los millones que estuvimos en las calles en estos días, hay que trabajar en la unidad, las luchas por abajo y la radicalidad de los métodos de organización. Cuando este miércoles la Cámara de Diputados trate el veto tendremos una primera prueba. Tenemos que diseñar en cada ciudad del país métodos de presión para que los legisladores no le den la espalda a los reclamos populares o para hacerle pagar el costo político y social de su apoyo a las políticas oficiales de destrucción de la universidad pública.
La docencia universitaria tiene la posibilidad de organizar un plenario nacional donde unificar fuerzas y estrategias para enfrentar al gobierno, como lo propuso la Corriente de Docentes Emancipadores en Rosario, perteneciente a la COAD. De la misma manera, el movimiento estudiantil puede recoger en cada espacio de estudio lo que se expresó en las calles, reorientándolo hacia la protesta de este miércoles y generando nuevas expresiones de resistencia. Las vigilias y tomas que se discutirán en esta semana en varias de las facultades de las principales universidades del país buscan recuperar iniciativa desde el movimiento estudiantil sin depositarlos resultados finales de este conflicto en las autoridades que han demostrado intenciones de negociar el conflicto.
Las calles demostraron que existe un movimiento que quiere dar pelea. Es nuestra tarea continuar organizándonos en asambleas y medidas de lucha con una perspectiva unitaria, masiva y combativa.