A orillas del río Gualeguay, de gran importancia dentro de la Mesopotamia argentina, hoy sólo se escucha el ruido incesante de las dragas. Desde hace años, el patrimonio histórico a nivel logístico, cultural y turístico de la ciudad homónima se ha visto perturbado por la actividad ilegal de areneras que, en su afán de extraer sin control, no sólo han destruido un patrimonio natural y social, sino que también han puesto en riesgo las estructuras de los puentes que los conectan con Buenos Aires y poblaciones aledañas de la provincia de Entre Ríos.
Por: Matías Demarchi (militante de Poder Popular en esa ciudad, e integrante de SEA, Asociación Solidaria para la promoción de la Educación y el mejoramiento Ambiental de Gualeguay).
Del modelo extractivista y todo lo que destruye.
En Gualeguay, enfrentamos dos problemáticas centrales: la pérdida de nuestro histórico balneario municipal, el derrumbe del viejo Puente Pellegrini —que, tras su reemplazo, se utilizaba como paso peatonal y punto de pesca— y el inicio del resquebrajamiento del puente actualmente en uso. Estas situaciones se deben a la actividad extractiva de una arenera que ha estado operando durante 60 años, y cuyo caudal ha aumentado progresivamente durante las últimas cinco décadas, especialmente desde que comenzó a proveer a empresas de la magnitud de Techint. Sin embargo, el salto más desmedido y destructivo se produjo hace poco más de 10 años, cuando comenzó la extracción en Vaca Muerta, Neuquén, con el fracking demandando una cantidad masiva de arena.
En 2016 caducó la habilitación para la extracción minera de la arenera. Aunque presentó formalmente un estudio de impacto ambiental, este no fue aprobado. Sin embargo, el rechazo en lugar de mejorar la situación, sólo la empeoró: la empresa comenzó a operar de manera clandestina, desapareciendo del mapa de regulaciones mineras e impositivas. Desde entonces, han extraído sin ningún tipo de control y sin pagar los impuestos correspondientes a su actividad minera.
En 2023, la Secretaría de Ambiente de la Provincia debía celebrar una audiencia pública para la rehabilitación de la Arenera Vita, la cual no se cumple, pero en el marco de una convocatoria a través de medios locales, la Secretaría pide a la ciudadanía que se exprese a través de correos electrónicos individuales. Como la cantidad de correos recibidos fue sorprendentemente alta, la misma decidió postergar la rehabilitación por falta de legitimidad social. A pesar de esto, la arenera continuó con sus actividades, lo que llevó al Club Náutico, junto con la Asociación Civil SEA, a presentar múltiples denuncias. En los primeros días, tras la renovación de autoridades provinciales, funcionarios de la Secretaría de Ambiente se reunieron con concejales, representantes de la empresa y vecinxs autoconvocadss, en respuesta a la creciente presión popular que se venía gestando en los meses anteriores.
En ese contexto, el 23 de diciembre convocamos a una movilización popular con intervenciones artísticas y culturales en el parque de nuestra ciudad. Cuatro días después, se firmó un acta en la que la Secretaría de Ambiente se comprometía a realizar estudios en el río, mientras que a la Arenera Vita se la obligaba a instalar GPS en sus barcos en un plazo de 90 días. Además, se les exigió presentar un estudio de prefactibilidad para la reubicación de la empresa al sur de Gualeguay en un plazo de 180 días, concretamente para el 27 de junio de este año. Aunque la empresa cumplió con la instalación de los GPS, hizo un uso fraudulento de la información de ubicación generada por estos dispositivos. Y al cumplirse los 180 días no presentaron el plan de reubicación solicitado. Como resultado de este incumplimiento a mediados de julio pasado logramos que la Secretaría de Ambiente inhabilitara finalmente a la arenera.
Luego está la arenera Ascar-Muratori que viene operando desde hace casi 30 años. Originalmente, tenían una extractora de arena en Paso de Alonso pero en 2015 se trasladaron a Paso Coronel donde comenzaron a operar de manera ilegal. Lo hicieron con permisos provisionales de corta duración o sin ellos, ya que sus estudios ambientales fueron constantemente objetados por la Secretaría de Ambiente, si bien nunca hubo una resolución final que suspendiese su actividad. En 2024 presentaron un último estudio ambiental que culminó en una audiencia pública celebrada el pasado 30 de julio en una comisaría rural ubicada a 15 km de la ciudad. Participamos como parte de SEA, en conjunto con diversas expresiones políticas y sociales locales, junto a muchos vecinxs autoconvocadxs. SEA presentó un documento a la Secretaría de Ambiente y otros organismos estatales —incluyendo la Dirección de Minería, la Dirección de Hidráulica, Ferrocarriles y también la Municipalidad— haciendo objeciones técnicas. Desde entonces, estamos a la espera de la decisión de la Secretaría de Ambiente.
Mientras tanto, estamos trabajando junto a la Asociación Civil SEA, en colaboración con el Club Náutico, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local y a vecinxs autoconvocadxs. Además, el Concejo Deliberante acordó impulsar un proyecto de comunicación, solicitando al ejecutivo municipal y provincial que promulgue una ley que prohíba la extracción de arena en esta zona y regule toda la actividad relacionada, asegurando el cumplimiento de las normas ambientales, impositivas, mineras, entre otras. Todo esto, logró cierto impacto social que atrajo a más vecinxs autoconvocadxs que le fueron dando fuerza a esta lucha.
5 preguntas para entender el conflicto y sus actores:
- ¿Qué es SEA?
SEA es una asociación civil fundada en 2010, con fines sociales, educativos y ambientales. Entre sus logros destacados se encuentran la expulsión del grupo Quimiguay (empresa procesadora de residuos, cuya actividad es altamente nociva) de la Ruta 11 y la caída del proyecto de una central de energía de biomasa que intentó instalarse de manera nociva en Puerto Ruiz en 2016. Según SEA, Gualeguay enfrenta varios problemas ambientales urgentes, como las inundaciones, los efluentes industriales (en particular los casos del frigorífico de aves Soychú y Grupo Quimiguay), el manejo inadecuado de los residuos domésticos, la extracción descontrolada de arena, y la falta de políticas públicas tanto para el arbolado urbano como para el uso y cuidado del río Gualeguay. Además de abordar temas ambientales, SEA también se enfoca en problemáticas sociales que sufren el abandono del estado municipal y provincial, como la creciente escasez de recursos para los merenderos en los barrios de la ciudad. Asimismo, promueven la divulgación de temas de interés comunitario, como la agricultura sostenible, el software libre como un valor ético que implica la democratización del conocimiento, y el libre acceso a la cultura en los diversos ámbitos.
- ¿Qué está en juego en esta lucha?
Lo que está en juego es un patrimonio que ha sido esencial para la comunidad gualeya desde su fundación: nuestro río. El Río Gualeguay no solo ha sido fuente de inspiración para grandes referentes de la poesía y de la izquierda literaria argentina, como Juan L. Ortiz, Emma Barrandeguy y Juanjo Manauta, sino también proveedor de puertos y balnearios comunitarios, además de ser una fuente histórica de trabajo para muchos pescadores locales, pero por sobre todo, el río es portador y regulador de vida. Sin embargo, desde hace años, diversas empresas lo han estado devastando de múltiples maneras, ya sea erosionando sus minerales o contaminándolo con residuos industriales. En estos momentos de impulso en la lucha, decimos con determinación: “Es ahora o nunca”. Este es el momento para lograr una victoria popular que nos permita avanzar en otras luchas históricas del movimiento ambientalista gualeyo.
- ¿Con qué apoyos cuentan las empresas areneras?
Cuentan con vinculaciones implícitas con distintos actores hegemónicos de la ciudad. Con los grandes empresarios locales, así como también con sectores pequeñoburgueses influyentes, pero también se les suman los burócratas del ámbito municipal y hasta sindical. Estos sectores, desde la posición en la que se ubican en Gualeguay, son la fuerza que los defiende. Pero las bases populares, en cambio, no quieren saber nada sobre esto.
- ¿Qué rol han jugado los gobiernos municipales y provinciales?
Más allá de resoluciones de funcionarios provinciales sin ningún impacto real, más allá de la suspensión temporal de actividades de Vita que conseguimos gracias a la presión sostenida, la Municipalidad ha venido haciendo oídos sordos al tema, sin ningún tipo de interés en atender la problemática. Y constantemente se pasan la pelota entre la gestión municipal y la Secretaría de Ambiente provincial, donde no se hacen más que trámites formales donde no se concreta nada al respecto. La indignación popular empieza a emerger, y tenemos fe en que lograremos hacer que el municipio dé el brazo a torcer.
- ¿Podemos decir que estamos ante un hecho inédito, sin precedentes?
Sí. Siendo que esta problemática lleva décadas, es la primera vez que ocurren avances debido a una sucesión de acciones, como las sucesivas denuncias que han hecho personas como el abogado Ricardo Luciano, el presidente del Club Náutico, sumando nuestra acción, que han obligado a algunas autoridades a tener que oír los reclamos. Además de que, con la militancia mediática y callejera que hemos logrado, juntando firmas en plazas y espacios públicos de la ciudad, el nivel de visibilidad popular que este hecho viene teniendo, es inédito.