por Mario Bortolotto

En un artículo de Página 12 escrito por Raúl Kollmann el 5 de marzo de 2022, se planteó la pregunta: ¿A dónde fueron los miles de millones de dólares que el FMI otorgó a Macri?

En la misma nota se informaba sobre una investigación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien había solicitado al BCRA y a la Bolsa de Valores información sobre los agentes más importantes del mercado. El objetivo era conocer si la fuga de capitales durante el gobierno de Macri benefició a funcionarios de Cambiemos.

Trece meses después, el 20 de abril de 2023, un artículo de Irina Hauser en Página 12 reveló que la Procuración del Tesoro estaba exigiendo que Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Luis Caputo fueran interrogados. La solicitud se basaba en la investigación iniciada un año antes por la jueza María Eugenia Capuchetti, donde el Estado Argentino acusaba a estos exfuncionarios de violar los deberes del funcionario público y abuso de autoridad en la toma del préstamo del FMI. Además, se les imputa haber facilitado la fuga de divisas en beneficio de sectores cercanos al gobierno de Cambiemos.

La Jueza Federal Capuchetti es sospechada de parcialidad en la investigación sobre la deuda con el FMI, ya que fue nombrada por Macri en Marzo de 2019 y quedó al descubierto de que cobraba sueldo por parte  del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos gobernado por el partido de Macri (PRO), por funciones  como investigadora senior en un instituto que depende del gobierno porteño y da clases en la Policía de la Ciudad. 

En la petición del Estado se citaba un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que confirmaba irregularidades en el acuerdo, como la omisión de requisitos esenciales y el riesgo de incumplimiento de pagos, calificando la deuda pública como “insostenible”.

A partir de las denuncias y la “lentitud” del poder judicial,  aún se presenta como un enigma el uso de los fondos recibidos en el acuerdo stand by durante el gobierno de Macri, ya que no hay información sobre la “trazabilidad” de dichos fondos. Según la periodista Irina Hauser, la hipótesis es que se subastaron dólares alimentando la fuga de divisas mediante la compra de Lebacs con altos intereses, su posterior venta y reconversión en dólares para su externalización. La jueza Capuchetti y el fiscal Franco Picardi intentaron identificar “sin éxito” a los agentes que realizaron estas operaciones millonarias. Esta causa está cajoneada luego de 3 años y la recientemente cuestionada Jueza ni siquiera ha convocado a declarar a quienes eran responsables en el Gobierno de Cambiemos. 

A pesar de que las únicas causas que parecen prosperar son contra activistas, las cuales luchan contra ajustes presupuestarios, reformas provinciales y leyes anticonstitucionales, mientras que aquellas con delitos que afectan a millones de compatriotas no avanzan o se caen. Peor aún, individuos que presuntamente cometieron delitos como violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, como Luis “el toto” Caputo, ahora regresan a puestos de poder en la misma función ministerial con el Gobierno electo de Javier Milei. Si quedaba alguna esperanza de descifrar la ingeniería de la estafa del endeudamiento durante el gobierno de Macri, ahora se desvanece con el retorno de quienes intentaron ocultar el saqueo.

Luis “Toto” Caputo ex ministro de Finanzas y ex titular del Banco Central, durante el gobierno de Mauricio Macri (foto superior)  es indicado como responsable de delitos graves como funcionario público en la causa donde se investiga la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. El ultraderechista electo, Javier Milei, lo confirmó como el elegido para ocupar la cartera ministerial de Economía en su gobierno 

¿Qué mejor manera de proponer un “cambio” que con aquellos que llevaron a cabo un “cambio” anterior que sumió al país en una profunda crisis de divisas e inflación creciente? ¿No es así?

Cuando aquellos que se disponen a acceder al gobierno cuentan con el respaldo de todos los sectores patronales y del gran Capital Transnacional, una verdadera “casta económica”,  al cual le “encantan las ideas” del ultraderechista electo, debemos comprender rápidamente que lo que se avecina no será bueno ni un cambio para los argentinos. En todo caso, será un gobierno que, detrás de una retórica disruptiva, buscará nuevamente realizar una ofensiva contra las fuerzas laborales, es decir, la clase social que solo tiene su capacidad de trabajo para sobrevivir.

Preanuncian “duros” ajustes como forma de salvar el problema de que “no habría plata”, pero mientras tanto las causas que investigan a los grandes saqueadores duermen en tribunales federales y vuelven a gobierno impunes, al calor del poder económico que pretende nuevamente realizar sus ganancias sobre el sufrimiento y el sudor de la inmensa mayoría trabajadora. 

Es imperativo librar una batalla cultural e informativa para que quienes brindaron su voto con un sincero deseo de “cambio de rumbo” de la mala política del Frente de Todos,  comprendan que aquellos que se preparan para volver a los puestos de control del Estado no tienen más interés que aborrecer su papel de protector social, utilizando el Estado para lavar o salvar las ganancias del gran Capital y reprimir a quienes se opongan a este orden injusto, inhumano y destructivo de la naturaleza.

Instruyámonos, conmovámonos y organicémonos, porque necesitaremos todas las inteligencias, emociones y fuerzas para hacer frente al ciclo que se abre con una nueva victoria de la ultraderecha, ahora con los votos populares de esta democracia, restringida por el poder económico del Capital, que hemos logrado hasta ahora.