El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires parece empeñado en transformar la pésima decisión de su ministro de Seguridad Sergio Berni -que este lunes se presentó sólo ante un piquete de colectiveros indignados por el asesinato de un chofer en Virrey del Pino y terminó apaleado- en un hecho político gravísimo, de consecuencias insospechadas al inicio de la campaña electoral.
La administración de Axel Kicillof, en lugar de cuestionar la enésima “rambeada” -que esta vez salió muy mal- de un funcionario con un largo historial de ataques a organizaciones y protestas populares (de Río Turbio a Guernica), decidió apoyar y reforzar su discurso conspiratorio. En primer lugar buscando encubrir las causas estructurales detrás de la muerte del colectivero Daniel Barrientos (en uno de los cada vez más habituales hechos de violencia de un conurbano con 60% de la población bajo la línea de pobreza) como si se tratara de un caso “sospechoso”, posiblemente producto de operaciones de inteligencia de la oposición para “tirarle un muerto” en el camino reeleccionista del gobernador bonaerense. Luego pretendió explicar la más que justificada bronca de los choferes que atacaron a Berni, como una “emboscada” preparada maquiavélicamente por fuerzas que responden a la ex ministra de Seguridad macrista y actual titular del PRO Patricia Bullrich.
Negar estas hipótesis conspiranoides y autojustificatorias, que por desgracia son replicadas inocentemente por personas honestas que apoyan al Gobierno, no implica desconocer el uso canallesco y electoralero que vienen haciendo los dirigentes de Juntos por el Cambio y sus medios afines de este enésimo caso de violencia en los barrios populares. Porque, más allá de los buitres, la situación en las barriadas es indiscutiblemente dramática.
Como si esto fuera poco, en las últimas horas el Gobierno provincial envió a su Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) a detener a los choferes de la empresa Almafuerte Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, presuntos participantes de la golpiza a Berni, acusados del delito de atentado contra la autoridad agravado (que prevé una pena de entre seis meses y dos años de prisión). La brutalidad demostrada para detener a dos trabajadores imputados por un delito que ni siquiera prevé penas de prisión efectiva no hace más que confirmar la desorientación del oficialismo, que con la posterior filtración de las imágenes intenta transformar este antipopular manotazo de ahogado en un gesto de autoridad y determinación destinado a una tribuna imaginaria. Si las piñas a Berni tuvieron defensores y detractores, este operativo ridículo resultó unánimemente rechazado. Ocho líneas de colectivos de la zona oeste se encuentran de paro para exigir la libertad inmediata de los detenidos.
Más allá del uso hipócrita que pueda hacer de esto una oposición que no se cansó de demostrar que no le genera ningún conflicto ordenar la represión a los trabajadores y al pueblo, se trata de un hecho gravísimo que debemos repudiar con toda nuestra fuerza.
Es cierto que existen contradictorios y preocupantes reclamos punitivistas en una sociedad cada vez más asolada por la pobreza y la inseguridad, pero lo que se reclama son acciones contra los verdaderos responsables de la violencia en los barrios (algo imposible de garantizar desde arriba, en tanto las propias fuerzas de seguridad se encuentran involucradas directamente en todas las cadenas delictivas) y no contra trabajadores organizados que reaccionaron de forma violenta contra un funcionario que en los últimos tres años no hizo más que incumplir todas sus promesas de garantizar la seguridad en el transporte.
¡Libertad inmediata a los choferes detenidos!
¡Involucramiento de las organizaciones barriales y sociales en el debate sobre seguridad en los barrios!
¡Fuera Berni!